¿Qué dice el Artículo 8 de la Constitución?
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la
República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
El artículo 8º constitucional, convierte al derecho de petición en elemento esencial
para la protección de los derechos humanos: es decir lo eleva a una potestad jurídica
para solicitar la intervención del poder público en un caso concreto. Contrario a lo que
ocurre en la mayoría de las garantías individuales, que imponen al Estado una
obligación negativa o de abstención con respecto a las actividades que puedan
realizar los particulares; el derecho de petición provoca el cumplimiento de una
obligación positiva de las autoridades que deben actuar en representación de los
órganos estatales, ya que es precisamente la acción de contestar por escrito y en
breve término al peticionario.
Se trata de un derecho a la respuesta; es por ello, que una petición, jurídicamente se
entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de
permitirle al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud.
Luego entonces el derecho de petición es considerado como aquel derecho que tiene
los habitantes del país de dirigir peticiones a cualquier órgano o servidor público.
Incluso, la petición se convierte en un elemento esencial en la protección de otros
derechos humanos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, no se trata de una
garantía de libertad, como se indica en el documento sujeto a estudio. Asimismo, el
derecho de petición no sólo se encuentra regulado por el artículo 8º constitucional, ya
que en la primera parte del texto de dicho artículo exige únicamente el respeto al
derecho de petición del gobernado, mientras que la segunda parte del precepto legal
en comento se ocupa del derecho de respuesta, por parte de la autoridad.
