PISCC PLANEACION INTEGRAL, Schemes and Mind Maps of Legal Argumentation Theory

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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN,

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA CIUDADANA

Soraya Osorio Directora de país FUPAD Colombia

Roberto Obando Director de Paz, Justicia y Seguridad PADF

Luz Cristina Pinzón Cañón Directora de Relaciones Corporativas y Comunicaciones FUPAD Colombia

Joshua Mitrotti Ventura Director Somos Comunidad

Alejandro Téllez Rojas Subdirector Técnico Somos Comunidad

Gloria Nelly Acosta Mora Subdirectora de Operaciones Somos Comunidad Coronel (RP) Juan Carlos Nieto Aldana PhD. Líder de Seguridad Ciudadana Somos Comunidad

Álvaro José Pretel Meneses Asesor líder técnico en Seguridad Ciudadana Somos Comunidad

Angélica Viviana Mican Piñeros Gerente de Comunicaciones Somos Comunidad

DISCLAIMER Esta cartilla fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta cartilla es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

Carolina Ortega Contreras Consultora para la coordinación de actividades apoyo al Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Hugo Acero Velásquez Consultor experto en Gestión Territorial de la Seguridad

Nathalie Pabón Ayala Coordinadora del equipo de Gestión Territorial de la Seguridad (GTS)

Angie Johanna Caicedo Bedoya Coordinadora del equipo de estructuración, implementación y seguimiento de las iniciativas para la prevención del crimen y la violencia

Liseth Margarita Ibáñez Martínez Consultora GTS Mónica Burgos Mahecha Consultora GTS Iván Rodrigo Vargas Ramírez Consultor GTS Lina Lisette Macías Montaño Consultora GTS Ximena Paola Ayala Goyeneche Consultora GTS

Asesoría técnica

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (FUPAD)

Carrera 21 No. 164-88 · Bogotá D.C. | Colombia · www.fupad.org

1. INTRODUCCIÓN

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia

Ciudadana – PISCC son un instrumento de planeación

estratégica que deben seguir las administraciones locales

y departamentales en el transcurso del cuatrienio de

gobierno en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

Esta Guía busca brindar insumos y orientaciones técnicas

en los componentes propios de un PISCC que acompañen

a las autoridades territoriales en sus procesos de

formulación, implementación y seguimiento.

La guía se divide en cuatro secciones con siete componentes

fundamentales que se resumen en el siguiente gráfico,

estas secciones brindan las orientaciones generales en los

distintos niveles de formulación, diseño e implementación

del PISCC.

Marco normativo

Focalización y priorización para la planeación

Diagnóstico

Formulación

Planeación financiera y operativa

Seguimiento y evaluación

Implementación

Guía PISCC

Rendición de cuentas

Figura 1

Componentes de la Guía PISCC

Fuente: DNP, 2023. Elaboración propia.

2. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL

2.1 ¿Qué es el PISCC?

Un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) es un instrumento de planeación estratégica para la gestión de la convivencia y la

seguridad ciudadana territorial, que debe estar presente en todos los departamentos, distritos y municipios del país, debe ser formulado y aprobado

en los primeros seis meses de mandato de las nuevas administraciones locales (artículos 201 y 205 Ley 1801 de 2016 – art. 41 Ley 2197 de 2022).

En este sentido, tenga en cuenta que el PISCC:

• Contiene estrategias y líneas de acción que se deben convertir en programas y proyectos que tienen como finalidad

dar solución, reducir o prevenir problemas priorizados de criminalidad, delincuencia, comportamientos contrarios a la

convivencia, acceso a la justicia y factores de riesgo que afectan a las personas.

• Para los problemas en convivencia y seguridad priorizados, el PISCC debe identificar objetivos, estrategias,

responsables, indicadores y metas conjuntas, de forma tal que sea posible evaluar el cumplimiento en su ejecución.

• Es un insumo fundamental para determinar las inversiones de recursos propios de libre destinación, Fondos

Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), Sistema General de Regalías (SGR), y

cofinanciaciones ante Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y que se realizarán en

materia de convivencia y seguridad ciudadana.

• Aborda integralmente los temas de seguridad y convivencia ciudadana, facilitando el concurso de distintos actores,

instituciones y sectores.

• Es un instrumento clave para rendir cuentas a diferentes grupos de interés al interior de la administración pública pero

también a las personas beneficiadas.

• Es un documento articulador entre las iniciativas departamentales y municipales en materia de seguridad y convivencia

ciudadana con las directrices, prioridades y propósitos nacionales en este tema.

OPCIÓN

ESCOGIDA

El PISCC también se debe articular con:

• Plan Nacional de Desarrollo
• Políticas sectoriales del sector Defensa, el sector Interior y el sector Justicia que aportan al propósito de una gestión integral de la convivencia

y la seguridad ciudadana.

• Instrumentos de planeación de orden local como:

» El Plan territorial (municipal) de Salud Pública

» El Plan de Acción Territorial - PAT (para población víctima del conflicto armado)

» El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-

» El Plan de ordenamiento territorial – POT

» En el caso de los municipios PDET, el Plan de Acción para la Transformación Regional - PATR

• Disposiciones normativas intersectoriales como, por ejemplo:

» Cultura ciudadana

» Mujer y género

» Familia

» Infancia, niñez y adolescencia

» Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

» Convivencia escolar

» Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana

» Vigilancia y seguridad privada

» Migración

2.3 Instancias de coordinación

Es importante que se conozcan e identifiquen las funciones de cada instancia de coordinación, pues son esenciales para una implementación

integral y corresponsable de los PISCC. Dentro del marco normativo actual existen diversos instrumentos y espacios de planificación y gestión de la

convivencia y la seguridad ciudadana. Las cuatro instancias más utilizadas por las entidades territoriales para implementar el PISCC son:

Tabla 1

Instancias de la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana

Instancia Consejo de Seguridad

Comité Territorial de

Orden Público

Comité Civil de Convivencia

Consejo de Seguridad y Convivencia

Ciudadana

¿Qué es?

Es un espacio de coordinación, intercambio de información y análisis, que apoya la labor de los mandatarios en sus decisiones para la gestión territorial de la convivencia y la seguridad.

Es un escenario de coordinación interinstitucional para la convivencia y seguridad ciudadana, con funciones de planeación, aprobación y seguimiento a los PISCC.

Es una instancia para la veeduría de las acciones relacionadas con la función y la actividad de Policía en cada municipio y distrito.

Es un cuerpo consultivo y de toma de decisiones en materia de prevención y reacción ante problemas relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana. Este se diferencia del Consejo de Seguridad antes mencionado en cuanto es creado por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia para el seguimiento de su aplicación. De igual forma se pueden dar a nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal y metropolitano.

Instancia Consejo de Seguridad

Comité Territorial de

Orden Público

Comité Civil de Convivencia

Consejo de Seguridad y Convivencia

Ciudadana

Funciones

» Atender los conflictos en la

entidad territorial.

» Prevenir y dar respuesta a

factores que perturban el orden público.

» Evaluar y hacer seguimiento a

los planes de seguridad.

» Fortalecer la participación

ciudadana.

» Proteger los derechos

humanos.

» Promover los deberes

ciudadanos en convivencia.

» Intercambiar información

entre organismos.

» Coordinar recursos y definir

acciones.

» Coordinar el empleo de la

fuerza pública o aprobar la Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se formule a nivel territorial.

» Aprobar el Plan Integral de

Seguridad y Convivencia Ciudadana.

» Preparar el Plan Anual de

Inversiones del fondo cuenta

• Ley 418 de 1997.

» Implementar el Sistema SIES.

» Aprobar y hacer seguimiento

a los aportes de particulares para proyectos y programas específicos de seguridad y convivencia ciudadana.

» Analizar hechos y fenómenos

que afectan la convivencia.

» Tramitar las quejas, denuncias,

peticiones, y reconocimientos reportados en relación con la función y la actividad de Policía, priorizando los casos relacionados con intereses colectivos.

» Promover campañas de

información sobre los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos frente a las actividades de Policía.

» Emitir recomendaciones para

mejorar la función y la actividad de Policía, además de garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

» Generar dinámicas de coordinación

interinstitucional en seguridad y convivencia en los espacios públicos y privados del territorio.

» Planear los asuntos de convivencia y seguridad

mediante la formulación estratégica, presupuestal y operativa de las instancias participantes.

» Implementar y obtener resultados de estrategias,

programas, proyectos y acciones tomadas por el Consejo.

» Administrar y velar por la ejecución correcta

del fondo obtenido por concepto de multas establecidas en la Ley 1801 de 2016.

» Contribuir al diseño y evaluación del PISCC.

» Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones

(POAI).

» Revisar y verificar la coherencia, correspondencia y

complementariedad, con los otros instrumentos de planeación estratégica en asuntos de seguridad y convivencia.

Instancia Consejo de Seguridad

Comité Territorial de

Orden Público

Comité Civil de Convivencia

Consejo de Seguridad y Convivencia

Ciudadana

¿Cada cuánto debe sesionar?

Una vez al mes, y cuando de forma extraordinaria se requiera.

A solicitud de cualquiera de sus miembros.

Aunque no se establece normativamente su periodicidad, se recomienda que este debe sesionar al menos una vez por trimestre, cuando no sea convocado por cualquiera de sus miembros.

Mínimo una vez cada mes.

De manera ordinaria mensualmente, y de manera extraordinaria cuando las condiciones de seguridad y convivencia de las diferentes jurisdicciones así lo demanden.

Cumplimiento de las funciones

Según lo establece:

El Artículo 10 del Decreto 2615 del 19 de noviembre de 1991.

El Decreto 399 de 2011, Decreto 1066 de 2015 y Ley 1941 de

La Ley 1801 de 2016 y el Decreto 1284 del 31 de julio del 2017.

La Ley 180, de 2016 y el Decreto 1284 del 31 de julio del 2017

Para hacer el diagnóstico, debe tener en cuenta el siguiente proceso:

Identificación

de factores de

riesgo

Caracterización del

territorio

Diagnóstico de conflictividades

Análisis de

las alertas

tempranas

Análisis de los

comportamientos

contrarios a la

convivencia

Análisis de los delitos

La prevención de la delincuencia tiene como base la concepción de que esta, provoca múltiples factores o causas de distinto tipo.

Comprender esos factores y su relación con la criminalidad permite desarrollar estrategias y programas alternativos que transformen las causas y, con ello, la incidencia de los delitos.

Tenga en cuenta las diferentes fuentes de información que se sugieren para realizar está identificación.

Es necesario partir del reconocimiento social, económico y cultural del territorio. Para esto, las entidades territoriales deben caracterizar el nivel de impacto de los factores de riesgo enunciados, e identificar las capacidades con las que cuenta la administración local para responder a dichos factores.

Después de haber identificado este contexto para su territorio, se deben caracterizar las dinámicas territoriales.

Este ejercicio de análisis detallado permite realizar una tipificación y clasificación diferencial, según las condiciones o características locales de cada región, respecto a composición poblacional, social, cultural, política y económica conforme a criterios y necesidades específicas.

Solicite al comandante de Policía de su municipio o departamento la comprensión contextual del territorio y el Análisis Integral de Seguridad y Convivencia (AISEC)

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho (2023), el Diagnóstico de Conflictividad es una herramienta metodológica de recopilación de datos e información de diferentes fuentes, que posibilita analizar e identificar los conflictos de mayor recurrencia, actores involucrados, causas, efectos, necesidades, barreras de acceso a la justicia e impacto en la comunidad y en el territorio, profundizando en las principales problemáticas psicosociales que afectan el acceso a la justicia, la convivencia pacífica y el tejido social de las comunidades.

Este análisis sirve como insumo para alimentar el diagnóstico del PISCC.

Recuerde que existen los siguientes tipos de conflictividades:

» Problemas civiles.

» Problemas penales.

» Conflictos entre vecinos.

» Conflictos familiares.

» Conflictos agrarios, rurales y

ambientales.

» Conflictos por el entorno y

espacio público.

» Problemas laborales

» En relación con el Estado.

La Defensoría del Pueblo cuenta con el Sistema de Alertas Tempranas – SAT, para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo, frente a los efectos del conflicto armado interno y de esta forma, promover la acción de prevención humanitaria, con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Revise las acciones adelantadas por las administraciones territoriales pasadas y la fuerza pública para responder a las alertas tempranas de su municipio o departamento.

En este paso se recolecta, ordena y analiza la información

disponible relacionada con los comportamientos que afectan las relaciones entre la ciudadanía, el ambiente y los bienes, comúnmente definidos como comportamientos contrarios a la convivencia.

El Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) permite identificar las medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía.

Se recomienda examinar con especial atención, el número y tipo de comportamientos contrarios a la convivencia que afectan a personas de determinados grupos étnicos, así como a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

El diagnóstico de los principales delitos que se presentan en un distrito, municipio o departamento, requiere consultar información estadística actualizada para revisar las tendencias del delito y sus dinámicas.

Entre los principales delitos se recomienda revisar las tendencias correspondientes a:

» Homicidio y feminicidio.

» Hurto a personas.

» Hurto a comercio.

» Hurto a residencia.

» Hurto de automotores.

» Extorsión, violencia interpersonal

(lesiones personales).

» Muertes en accidente de tránsito.

» Violencia intrafamiliar (violencia

a niños, niñas y adolescentes; violencia al adulto mayor; violencia de pareja).

» Violencias basadas en género.

» Violencias contra las mujeres.

» Delitos contra la salud pública

(tráfico, fabricación o porte de estupefacientes).

» Delitos contra el medio ambiente

(deforestación, tráfico de fauna, financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica).

El diagnóstico de los PISCC requiere de una lógica amplia de

abordaje de las problemáticas y conflictividades sociales que se

viven en un territorio, para esto también existen mecanismos de

recolección de información propia que las administraciones en el

marco de la formulación del PISCC puedan aplicar. Entre estos

mecanismos se invita a las alcaldías y gobernaciones a desarrollar

espacios de acercamiento con la comunidad a través de

metodologías cualitativas para el levantamiento de información

propias según las realidades y experiencias de las personas que

habitan sus territorios, tales como grupos focales, aplicación de

encuestas, cartografías sociales, entrevistas semiestructuradas,

entre otras.

Estos espacios pueden estar dirigidos a actores relevantes

de la sociedad civil, juntas de acción comunal, academia,

organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos

humanos, consejos locales de juventud, el sector privado, entre

otros. Lo anterior, permitirá tener una perspectiva amplia de las

condiciones de convivencia y seguridad del territorio, entendiendo

las principales preocupaciones de la ciudadanía y las mejores

estrategias para fortalecer la confianza de las comunidades en la

institucionalidad.

Por último, el análisis de información es el paso que sigue después

del proceso de recolección y recopilación de datos. Este paso

implica el procesamiento de los datos y el análisis de estos para

ayudar en la toma de decisiones basada en evidencia, para ello

puede usar hojas de cálculo, software de análisis o visualización

de datos, entre otras.

3.1 Recomendaciones

• Conocer el comportamiento de los factores de riesgo presentes en el

territorio permite entender las dinámicas y elementos estructurales

que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana y, de esta manera,

informar estrategias que puedan prevenir la materialización del

delito.

• El ejercicio de diagnóstico del PISCC debe considerar las

necesidades y las particularidades de la convivencia y la

seguridad ciudadana rural en los entes territoriales.

• Se recomienda la consulta de otras fuentes de

información que pueden ser usadas para la consolidación

de un diagnóstico robusto, estas fuentes ayudan a la

entidad territorial a tener un panorama más completo de

la situación de convivencia y seguridad, enfocándose en la

percepción de la ciudadanía. Para tal efecto, se recomienda

el uso de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana

(ECSC) del DANE que genera información estadística no solo

sobre delitos, sino que mide la percepción ciudadana sobre temas

de seguridad y convivencia en sus entornos cercanos, información

que permite considerar la mirada de la ciudadanía respecto a la

implementación de las políticas de seguridad ciudadana.

• Para la adecuada aplicación del enfoque de género y diferencial

en el diagnóstico, se recomienda abrir espacios únicamente para

mujeres, grupos étnicos, jóvenes, entre otros, para identificar los

riesgos que les afectan en el territorio y garantizar así un espacio

seguro.

Para realizar su proceso de focalización, tenga en cuenta las afectaciones en convivencia y seguridad hacia los siguientes grupos poblacionales para

su focalización y priorización en las estrategias del PISCC:

4.2. Priorización

Gracias a la priorización, se podrán identificar

aquellas problemáticas que, de ser resueltas,

puedan satisfacer las principales necesidades de

su municipio o departamento en convivencia y

seguridad ciudadana.

Los criterios de priorización utilizados en el

PISCC pueden variar de acuerdo con los objetivos

estratégicos, el contexto y las necesidades de

cada territorio. Para priorizar las necesidades de

su jurisdicción se sugiere:

Sujetos de especial protección por su

activismo y liderazgo social en la promoción

y defensa de los derechos humanos

Población en condición de

vulnerabilidad

Sujetos de especial protección

constitucional

• Definir criterios que se utilizarán para seleccionar las principales

problemáticas de convivencia y seguridad a atender.

• Someter las problemáticas identificadas a los criterios definidos con

anterioridad.

• Las problemáticas que obtengan el mayor puntaje serán las priorizadas.
• Asignar puntajes a cada uno de los criterios definidos.

Grupos o comunidades cobijadas por

alertas tempranas emanadas de la

Defensoría del Pueblo

Seguridad y protección para

comunidades y organizaciones en

los territorios

4.3. Recomendaciones

• La información correspondiente a los criterios de focalización se puede recolectar a partir de la aplicación de

metodologías participativas como cartografía social, grupos focales, entrevista a profundidad, entre otros.

• Se recomienda reportar con especial atención delitos que afectan mayoritariamente la seguridad e integridad de las

mujeres y niñas por serlo, tales como: violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia sexual, explotación sexual

infantil, trata de personas con fines de esclavitud sexual, asesinato de mujeres, amenazas y atentados contra

mujeres líderes y defensoras de DDHH, entre otros.

• Para definir los criterios de priorización tenga en cuenta:

» El bien jurídico vulnerado^2.

» Grado de incidencia en la convivencia.

» Las metas nacionales, departamentales y municipales, en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

» Afectaciones sobre la percepción ciudadana de seguridad.

» Afectaciones a la convivencia y seguridad en entornos rurales.

2 Entendido como el nivel de daño, lesión o perjuicio contra bienes jurídicos protegidos por la ley y el Estado, estos pueden ser objetos materiales e inmateriales, intereses o derechos de una persona o un colectivo.