INTRODUCCIÓN GENERAL
La nueva pandemia de coronavirus (COVID-19) presenta enormes desafíos para los
preparadores de los estados financieros. Aquí hay 5 problemáticas de informes
financieros que deben considerarse.
Las amenazas comerciales y económicas del brote de coronavirus continúan. Se han
impuesto prohibiciones de viaje a millones de personas y muchos países han puesto
medidas de cuarentena a toda su población. Las empresas se enfrentan a la pérdida de
ingresos y a la disrupción de las cadenas de suministros y se ha producido una
importante volatilidad en los mercados financieros.
En estos tiempos sin precedentes, hay mucho que considerar. La salud y la seguridad
de las personas en todo el mundo es la prioridad. El apoyo a las empresas y a sus
empleados es, por supuesto, también necesario. Muchos gobiernos ya han anunciado
medidas para prestar asistencia financiera y no financiera a los sectores industriales
disrumpidos y a las organizaciones empresariales afectadas.
En este contexto, la transparencia es clave. Existe una necesidad vital de información
fiable para recuperar la confianza en tiempos de incertidumbre, y parte de ella se
proporcionará a través de los informes financieros. Puede que el impacto en la
presentación de informes financieros no sea lo primero que venga a la mente como
consecuencia del brote, pero aquí hay un papel importante y desafiante para los
preparadores de los estados financieros, los comités de auditoría y los auditores.
La aplicación de las normas de contabilidad y auditoría actuales producirá
inevitablemente preguntas de todos los que participan en la presentación de informes
financieros. Los requisitos actuales de auditoría y contabilidad siguen en vigor, aunque
algunos organismos reguladores han proporcionado orientación actualizada, incluso en
lo que respecta a los plazos.
El 4 de marzo, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos emitió una
exención condicional del cumplimiento de los plazos que caen entre el 1 de marzo y el
30 de abril para la presentación de los informes anuales, las declaraciones de poder y
otros documentos reglamentarios. Se han adoptado medidas similares en España y
Hong Kong, y otros organismos reguladores contemplan la posibilidad de ofrecer una
exención comparable.
