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La agenda económica bolivariana basada en el plan de la patria 2016 a 2025
Tipo: Apuntes
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Ciudad Ojeda, Noviembre de 2021
Pág. 1.
Fueron presentados como entidades coadyuvantes del poder público municipal (alcaldías), siendo por ley su función primordial coadyuvar con las alcaldías a los procesos de panificación de proyectos y recursos para el mejor vivir de los vecinos y las parroquias donde éstos estaban asentados residencialmente. Sin embargo, el 26 de diciembre de 2006, es publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.591, la nueva Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, por medio de la cual se regula la organización y funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Pública y su relación con las instancias de participación y protagonismo del pueblo, ampliándose así su campo de acción.
Ciertamente la expresión Concejos Comunales ya aparecía originariamente inserta en los Consejos Locales de Planificación Pública del 2002, sin embargo tales lógicas del poder popular obtendrán un mayor perfil autonómico y un alcance distinto una vez que en Abril del 2006 se crean oficialmente, mediante ley que promulgara la Asamblea Nacional. Estos Concejos se caracterizarían por ser instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones delas comunidades. Esta ley daría impulso el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Así como también los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario. Su estructura estaría integrada por la asamblea de ciudadanos como órgano para adoptar decisiones. Además de un número variable de Comités de Trabajo. Asimismo, esta reglamentación constituye también la figura de los bancos comunales como instancia de desarrollo económico, alternativo, social y participativo. Y tendrán la posibilidad de crear mecanismos de intercambio solidario de bienes y servicios. Según el artículo 2 de esta ley popular “Los Consejos Comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” En mucho menos de un año, y sin que los Consejos Comunales hubieran tenido mayor chance de desarrollo y acumulado de experiencias propias, en diciembre del mismo 2006 el presidente Chávez volvió
a redefinir el sentido y alcance que, en adelante, tenían que transitar estas microfísicas del poder popular: quedó determinado que los Consejos Comunales ya no formarían parte de los CLPP sino tendrían una relación directa con el gobierno nacional, que de hecho creó un ministerio encargado de promover, registrar, y financiarlos. En los años siguientes, se aclaró que los CC podían recibir recursos de los gobiernos municipales y estadales, además de gestionar recursos por sus propios medios. El viraje público y político administrativo que le dio el entonces presidente Chávez a la revolución bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI, hubo de afectar la idea y el concepto político y jurídico que hasta allí tenían los Consejos Comunales, quienes seguidamente fueron pensados y administrados como componentes sustantivos de la idea de socialismo referida, y fueron encaminados como parte vital del Poder Popular, el cual a su vez era el 5 motor del intempestivo cambio revolucionario. Ya para finales del 2009, la Asamblea Nacional volvió a aprobar un nuevo instrumental legal para la organización y la participación popular, en tal sentido se admitió otra Ley Orgánica de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial No. 39.335), en la cual éstos pasan a desarrollar actividades que conecten con la construcción del socialismo y de que sus registros ya no se hacen antelas oficinas públicas sino en registros a crearse ad hoc. De acuerdo con esta nueva ley, los Consejos Comunales pueden ser formados por entre 150 y 400 familias en áreas urbanas, por un mínimo de 20 familias en áreas rurales, y de 10 familias en comunidades indígenas. Sus funciones principales son el impulso, la planificación, implementación, y monitoreo de proyectos y programas comunitarios; es decir, a las acciones sociales y vecinales que antes debían cumplir, la nueva ley les faculta y obliga para ser generadores y cumplir con obligaciones articuladas con ser propulsores de una economía local productiva, de impulsores de la propiedad social, de cooperantes con las milicias bolivarianas en la defensa de la seguridad nacional.
En diciembre del 2010 la Asamblea Nacional volvió a aprobar otro instrumento jurídico que le es consustancial a los Consejos Comunales, Ley de las Comunas, la cual al ordenar un nuevo esquema de reterritorialización nacional: El Estado Comunal. Las comunas prácticamente obliga a cada comunidad y cada Consejo Comunal a adscribirse a dicho esquema geopolítico nacional, por lo cual sus vínculos con los municipios, alcaldías y toda forma de organización socio territorial anterior, quedan disueltas, descargando por tal vía mayores responsabilidades para con las comunidades, según lo manda la propia Constitución Nacional, a las instituciones públicas establecidas formalmente, entre ellas ministerios, gobernaciones y las mismas alcaldías. Características de las Comunas:
Esta ley se inscribe en el articulado de la Constitución y las leyes de la República, como expresión concreta del pensamiento Bolivariano y del desarrollo programático del Plan de la Patria y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Organización de Naciones Unidas. Las ciudades comunales como una instancia creada por la iniciativa popular a través de la agregación de Comunas en un ámbito territorial determinado, es decir, que se trata de una agrupación de comunas que comparte una afinidad que puede ser cultural, histórica o geográfica. Para considerarse Ciudad Comunal, debe existir una población permanente organizada en Consejos Comunales y Comunas; que exista un grado de sustentabilidad y sostenibilidad económica y ambiental; y una coincidencia de límites geográficos
Queda pues demostrado que la economía venezolana es capitalista en tanto está basada en el mercado, la propiedad privada, el trabajo asalariado y la acumulación de capital. Las políticas económicas aplicadas desde el 1999 (controles de precios, subsidios, expropiaciones marginales, etc.) no han cambiado el carácter capitalista de la economía venezolana, ni constituyen la expresión de una revolución social que haya derrocado a la clase dirigente, sino más bien una reforma social en el marco del respeto al gran capital, nacional y extranjero. Y la indudable crisis de abastecimiento e inflación desbocada no es otra muestra del fracaso mundial del socialismo, sino acaso del mal manejo de una economía capitalista por parte de un gobierno intervencionista. Así que cabe preguntarse ¿Qué tan capitalista es realmente la economía venezolana? ¿Qué tanto ha avanzado el socialismo en la construcción de una economía post-capitalista? Para responder estas preguntas es importante tener presentes las características esenciales de toda economía capitalista: Producción mercantil generalizada. Según datos del Banco Central de Venezuela para el año 1998 (antes de la llegada del ex Presidente Hugo Chávez al poder) el sector privado generaba el 59,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Durante todo el periodo de transición al socialismo ese porcentaje se mantuvo por encima del 57 por ciento, alcanzando incluso el 62,8 por ciento en 2006. Para el año 2013, tras 14 años de gobierno revolucionario, el sector privado seguía produciendo el 58,1 por ciento del total del ingreso nacional. Participación estatal y privada por sectores en el PIB de Venezuela entre 1998- 2013. Contrariamente a lo que muchos creen, en la izquierda o la derecha, en Venezuela hay una sólida y acaudalada clase capitalista.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el primer semestre de 2015 había en Venezuela 429.170 patronos y empleadores, y como en todos los países capitalistas, están organizados en sus respectivos gremios económicos. FEDECÁMARAS es el principal gremio del país y agrupa al conjunto de los capitalistas, con más de 250.000 empresas en 2017. Los industriales están organizados entorno al gremio CONINDUSTRIA, que para 2017 tenía 2.241 industriales afiliados; por su parte los comerciantes se agrupan en CONSECOMERCIO y los banqueros en la poderosa Asociación Bancaria Venezolana. En Venezuela, al igual que en todas las economías capitalistas del mundo, hay un pequeño grupo de multimillonarios (“el gran capital”) que concentran el control de buena parte del aparato productivo y son los propietarios de los grandes grupos financieros. En la lista Forbes de 2017 aparecen tres venezolanos: Juan Carlos Escotet, Gustavo Cisneros y Lorenzo Mendoza. Las expropiaciones realizadas por el chavismo, especialmente durante el periodo 2007-2009, no tocaron a los grandes capitalistas venezolanos y no cambiaron el carácter capitalista de esa economía. Sobre este punto es importante resaltar que, en las expropiaciones realizadas a grandes empresas petroleras, cementeras o mineras extranjeras se pagaron indemnizaciones acordadas entre el Estado y el gran capital. De acuerdo con la BBC “el gobierno destinó, entre 2007 y 2009, más fondos para pagar expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la petrolera estatal PDVSA (US$23.377 millones contra US$21.931 millones)”. Por otra parte debo destacar que, durante los 18 años de gobierno chavista, cientos de pequeñas y medianas empresas fueron expropiadas, especialmente en el sector vivienda y latifundios rurales (en el marco de la reforma agraria). Según algunas fuentes, cerca de 1400. Aunque la cifra puede parecer alta, para el año 2017, CONSECOMERCIO estimaba en 250.000 el número de empresas en Venezuela. Lo cual significa que las expropiaciones habrían afectado a menos de un uno por ciento del total de empresas venezolanas. Trabajo Asalariado. Según el INE, para el primer semestre de 2015 en el sector privado laboraba el 79, por ciento de los trabajadores venezolanos, unos 10, 4 millones, de los cuales 5,09 millones eran asalariados que trabajaban para los 429 mil patronos y empleadores locales, así como para el capital foráneo. Para el mismo año laboraban en el sector estatal unos 2,7 millones de trabajadores (el 20,7 por ciento de los ocupados). Aunque la cifra de trabajadores estatales puede parecer demasiado alta es importante recordar que para 1998, antes de Chávez, el sector estatal ya generaba el 16,3 por ciento del empleo y el privado el restante 83,7 por ciento. Lo anterior pone en evidencia cómo bajo el chavismo, la estructura laboral venezolana no ha tenido cambios que la hayan alejado de los patrones generales de una economía capitalista periférica: 8 de cada diez trabajadores venezolanos laboran en el sector privado y, allí 1 de cada 2 es asalariado.
político del ahora partido político dominante (Movimiento V República), con otros cercanos a las políticas de corte neoliberal aplicadas en los dos gobiernos anteriores.
En Diciembre del año 1998, gana las elecciones gubernamentales del país, Hugo Chávez Frías desde sus inicios, plantea la necesidad de un cambio radical en todas las estructuras, que permitan salir de la severa crisis que aquejaba al país. Es así como se presenta La Agenda Alternativa Bolivariana conformada por un conjunto de líneas estratégicas que sirvió de plataforma para elaborar en 199 9 el programa de Gobierno: se aprueba una Carta Magna en 1999; se relegítiman los poderes públicos y se crean otros (Asamblea Nacional Constituyente; Poder Ciudadano, entre otros). Estos cambios de orden formal acompañan a una estrategia de desarrollo económico calificada como “autogestionaria y humanista”, expresada fundamentalmente en documentos, tales como: Plan Económico de Transición 1999-2000; Propuesta del expresidente Hugo Chávez para continuar la Revolución; el Plan Económico Social de la Nación 2001-2007 y en algunos documentos públicos del MVR donde se promueve la idea de una “revolución bolivariana” en un marco que debe superar o atacar los vicios y problemas de lo que los ideólogos de esa organización han dado en llamar como la democracia puntofijista o “cuarta republicana”. De ahí que el nuevo gobierno se plantee como objetivo o meta final la construcción de una “V República”, entendida como el resultado de un proceso revolucionario que elimine el modo como ha venido funcionado el sistema político y la estructura económica, en los últimos 40 años. Luego en el mes de Junio de 1999, adicional al programa de Gobierno propuesto mayo, se presenta El Programa Económico de Transición 1999-2000. Sucede el proceso constituyente, que dio como resultado la aprobación de una nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) donde se establecen las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”. En este Plan, se establecieron cinco equilibrios: el económico, el social, el político, el territorial y el internacional. Equilibrio económico; en el plan se expresa “el cambio estructural de una economía rentista a otra de tipo productivo permitirá mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos.” Esto se lograría a través de un gran impulso a la agricultura, la industria, el comercio, el turismo y la construcción de infraestructura, lo cual permitirá la masiva creación de empleos. El equilibrio social, estaba concebido no sólo para corregir las distorsiones sociales, impulsadas por las cargas de exclusión e injusticia, sino también a potenciar el pleno desarrollo del ciudadano en los aspectos relacionado con el ejercicio de la democracia. El equilibrio político, descansaba en la construcción de la “democracia bolivariana”, en la que se hicieran efectivos principios fundamentales constitucionales como: el Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia que, mediante su ordenamiento jurídico y su acción, garantizara al ciudadano la vida en libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, la responsabilidad social y, en general, el pleno ejercicio de los derechos humanos. El equilibrio territorial, concebía la integración de las vidas de las personas y la actividad de las empresas, como un fuerte anclaje en el espacio con sus respectivas posibilidades y limitaciones. En este período se introducen nuevos principios de la política social, de acuerdo con la nueva propuesta de desarrollo nacional, así como también otro componente que tiene que ver con la participación activa del sector militar en la gestión social. El discurso del expresidente Chávez, sus políticas, así como cambios de menor trascendencia en la organización de la administración pública, típicos de los cambios de gobiernos en este país (eliminación de algunos ministerios y creación de otros, así como de nuevos organismos públicos) y reformas gubernamentales se han identificado como cercanas a un populismo radical que se considera estuvo de bajo perfil durante la aplicación de las políticas neoliberales. Por último, se anuncia en febrero de 2002 un ajuste paliativo de las consecuencias por lo sucedido por la crisis de abril y, un poco más tarde, la huelga general diciembre 2002 - enero 2003: caída del ingreso por habitante sin precedentes en la historia. Durante ese período se destruyeron un alto porcentaje de puestos formales y se creo un déficit de puestos. Entre los efectos de los ajustes de Febrero de 2002, la crisis de abril y la huelga general de ese año, ocurrió una caída sostenida del ingreso promedio venezolano, el PIB pér capita fue uno de los más bajos de la historia (inclusive más bajo que el del año 1988), disminuyó el crecimiento promedio anual en la actividad económica y un incremento desacelerado en la población. Pero es innegable que los programas de ajustes producen severas caídas en el ingreso real en el corto plazo y que estas afectan con especial dureza a los grupos de menos ingresos; este injusto socialmente, no tiene matiz política. La razón es que el ingreso y la influencia política están distribuidos desigualmente. Las medidas compensatorias, programas sociales de combate a la pobreza, están plenamente justificados en términos de justicia social. Por lo general, los programas de ajustes concentran los costos en el corto plazo, mientras que los beneficios aparecen con el tiempo, lo cual implica que la oposición aprovecho para surgir y consolidarse con mayor rapidez que una eventual coalición de apoyo a la política. Desde el ajuste de febrero de 2002 hasta el segundo semestre de 2003, se produjo un incremento de la tasa de desempleo, por la pérdida empleos formales, que no alcanzó a ser compensado por el crecimiento de los puestos informales. Aparte de la pérdida de los puestos de trabajo. La fuerza laboral aumentó lo que produjo un incremento en el desempleo. La economía no solo no logró absorber a quienes se incorporaron
La conjunción del aparato industrial y el brazo político, implica la reconstitución de la unidad entre una izquierda social y una izquierda política, reconociendo el pluralismo de los constituyentes colectivos, la unidad de acción y la afinidad de principios socialistas planteando la centralidad del eje del trabajo en cualquier propuesta de transición viable. En el Plan de Desarrollo Nacional 2001 - 2007 se estableció como enunciado fundamental lo siguiente: “El modelo planteado está vinculado con un sistema productivo diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del Estado en industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial; donde la productividad y eficiencia deben ser la base de la rentabilidad empresarial”. Todo lo anterior se resume, en que es en el año 2003 que el gobierno dio un paso adelante en el control estatal de la economía. Efectivamente, como parte de su victoria política al derrotar el paro petrolero, a partir de febrero de 2003 se establecen sendos controles de cambio y de precios con el objeto de detener el drenaje de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) y las expectativas de devaluación. A partir de allí, se cierran importantes espacios para la actividad económica privada y se avanza de forma importante en el establecimiento de un esquema de control económico y político sobre el sector privado, para lo cual resultaron ideales las restricciones cambiarias y las regulaciones de precios. Mediante las primeras, se instauró un férreo sistema de acceso a las divisas que, en una economía donde las empresas no generan moneda extranjera, puso a depender el abastecimiento de materias primas, insumos y pagos de sus compromisos externos, de decisiones unilaterales del Gobierno. Ello es tan obvio, que a pesar de que las reservas internacionales se recuperaron de forma importante desde 2005 hasta 2010, ha seguido imperando el control de cambio. Por su parte, con el control de precios el Estado pasó a incidir sobre el crecimiento, expansión y viabilidad financiera de las empresas, toda vez que afectaba la rentabilidad de las mismas. Sobre la base de lo adelantado en materia de control sobre las actividades económicas privadas, a finales de septiembre de 2007, el gobierno lanzó el Primer Plan Socialista de la Nación, conocido como el “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, el cual se estructuró en cinco ejes fundamentales: la nueva ética socialista, la suprema felicidad social, la democracia protagónica y revolucionaria, el modelo productivo socialista y la nueva geopolítica nacional. De esta forma, mediante un esfuerzo de síntesis se puede afirmar que el modelo económico que fue fraguando el expresidente Hugo Chávez se puede decantar a partir de los siguientes elementos que lo conforman:
Con la transformación del Modelo Productivo en el país se propone la superación definitiva del capitalismo, proyectando un sistema justo, equitativo, solidario, de cooperación y valoración de la producción nacional en función de crear bienes y servicios, básicos y esenciales para la satisfacción de necesidades y el desarrollo de potencialidades de las comunidades y Comunas en construcción. El Modelo Productivo Socialista, cuarta línea estratégica del Proyecto Nacional Simón Bolívar, propone nuevas formas de generación, apropiación, y distribución de los ingresos económicos de la nación, esas formas se logran materializar a través, de la promulgación en el año 2008 de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular y de la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (2010) a fin de impulsar el desarrollo comunal especialmente en el área socioproductiva, con el fortalecimiento y consolidación de las Empresas de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC), Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC), Unidades Productivas Familiares (UPF) y Grupos de Intercambio Solidario (GIS) La expresión Poder Popular se ha empleado como uno de los principios rectores del programa socio económico desde el 2010, y que ha sido calificado como socialismo o transición al socialismo. Así, la expresión Poder Popular ha estado asociada a la participación ciudadana en la ejecución de ese modelo político, y de allí su identificación formal con el sistema de democracia participativa.
triunfos de Hugo Chávez están claramente anclados en la participación electoral y en el apoyo sostenido de los sectores marginados a la "Revolución Bolivariana", ya que les ha asegurado reconocimiento social, una cada vez más efectiva redistribución y vías de apropiación de recursos de poder- movilización (el llamado "empowerment"). El "efecto demostración" ha generado dinámicas de cascada en América Latina. Esta identificación política ha generado, por otro lado, una acelerada polarización, y las clases medias-altas y las elites económicas sienten cada vez más distancia con este tipo de régimen político.
allá del soporte que brinda el tipo de cambio, hacen falta medidas adicionales tales como una política de créditos dirigidos a los sectores con potencial exportador, acciones que fortalezcan escalas de compras nacionales por parte del Estado y acciones para capacitar a los trabajadores en nuevas tecnologías. Igualmente debe incentivarse el emprendimiento y la inversión extranjera.
Sustituir la economía de mercado por la economía de valor democráticamente planeada; Sustituir el Estado clasista por una administración de asuntos públicos al servicio de las mayorías y, Sustituir la democracia plutocrática por la democracia directa. Teóricos y expertos afirman que una alternativa a las leyes del mercado neoliberal globalizante, se propone desde una economía de carácter socialista, entendiendo el necesario carácter social de una producción basada en la democracia participativa y en la distribución justa y equitativa de la riqueza. Esta alternativa tiene que dar cuenta de una renovación de la estructura del Estado a partir de una sociedad híbrida que transite hacia la sociedad emancipada. Esta nueva economía socialista, se desmarca de las tradicionales y estatistas, porque se basa en: La esencia libertadora del socialismo frente al capitalismo radica en una mayor autogestión del productor directo sobre su vida económica, particularmente sobre sus condiciones de trabajo, y eso se logra mediante la promoción de las relaciones comunales productivas. Resumiéndolo en un solo enunciado: abstrayendo de los dos criterios de la economía política socialista anteriormente enunciados, la gestión laboral del socialismo se distingue cualitativamente del taylorismo de una economía capitalista, en: a) una menor intensidad del trabajo, es decir, una menor tasa de plusvalía extraída al productor inmediato y, b) el suministro de una calidad de vida adecuada para toda la población económicamente activa y la que todavía no lo es, o ya dejó de serlo. Porque democracia significa no sólo democracia política, cultural y militar, sino sobre todo, económica. Así mismo, la nueva economía se definiría por tres atributos fundamentales: a) orientada hacia la satisfacción de necesidades, b) combinación de propiedad privada con propiedad social y c) orientación hacia el desarrollo de "sujetos económicos". Las relaciones comunales productivas deben estar comprometidas a darle vida al ciclo productivo: producción, distribución, intercambio y consumo socialmente justo, buscando siempre sistemas alternativos para ofrecer productos, bienes y servicios de excelente calidad a bajos costos, llegando a los más necesitados y satisfacer sus requerimientos; deben enfocarse en ejecutar actividades productivas con cualidad social, para darle vida al trabajo liberador, con condiciones de equidad y justicia social en la relación laboral. Las relaciones comunales productivas son las unidades de producción más importantes para la transformación del modelo productivo, estas ejecutan el Ciclo Productivo Comunal, a través, de la práctica democrática, participativa y protagónica en las actividades de producción, transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios que impulsen la construcción del gobierno comunitario y la concreción del Socialismo Bolivariano del siglo XXI. En cada fase del Ciclo Productivo Comunal prevalece la esencia humanista y la equidad social, ejerciendo un papel esencial dentro del proceso transformador de la
