Hechos de caso sobre denegación de licencia: denegación de licencia de construcción
Hechos En la ciudad de Trujillo, un ciudadano peruano, el señor Juan Pérez, presentó una
solicitud ante la municipalidad local para obtener una licencia de construcción para un
proyecto inmobiliario. La solicitud fue denegada por la Dirección de Obras Públicas
debido a supuestas irregularidades en los planos presentados. El señor Pérez,
considerando que la denegación era injusta, interpuso un recurso de reconsideración ante
la misma Dirección, pero este fue también denegado. Al no estar de acuerdo con esta
resolución, decidió presentar una demanda contencioso-administrativa ante el Poder
Judicial. En su demanda, argumentó que las decisiones de la municipalidad eran
arbitrarias y violaban su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. Durante el proceso
judicial, la municipalidad argumentó que la demanda no era procedente porque el señor
Pérez no había agotado la vía administrativa previa, específicamente, no había presentado
un recurso de apelación. 2. Problema jurídico La controversia se centra en determinar si
la demanda contencioso administrativa del señor Pérez es admisible, considerando que
no agotó todos los recursos administrativos disponibles antes de recurrir al Poder Judicial.
Hechos sobre denegación de licencia para portar armas de fuego: En el año 2018,
Julio César Poma Oquendo solicitó a la Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) una
licencia para portar armas de fuego de uso civil. Esta solicitud fue denegada mediante la
Resolución Directoral N.º 2142-2018-SUCAMEC, en la que se indicó que el solicitante
no cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 7, inciso b, de la Ley N.º 30299,
debido a que contaba con una sentencia condenatoria firme por la comisión de un delito
doloso. En ese momento, Julio César Poma Oquendo ya se encontraba rehabilitado
conforme al artículo 70 del Código Penal, lo que significa que había cumplido con la pena
impuesta y con el tiempo exigido por ley, y había obtenido la certificación
correspondiente. A pesar de ello, SUCAMEC no tomó en cuenta esta condición de
rehabilitado y rechazó su solicitud de forma automática, sin realizar una evaluación
individual de su caso ni considerar que, legalmente, ya se encontraba en condiciones de
ejercer nuevamente sus derechos. Ante ello, Poma Oquendo recurrió al Poder Judicial por
la vía del proceso de amparo, alegando la vulneración de su derecho a la igualdad y al
principio de rehabilitación del condenado. Luego de instancias previas desfavorables, el
Tribunal Constitucional le dio la razón, indicando que la rehabilitación produce efectos
jurídicos plenos y que la administración no puede desestimar automáticamente una
solicitud sin evaluar la situación particular del solicitante.
