¿Qué es el Derecho penal?
Se entiende por derecho penal a la rama del Derecho que se encarga de normar y concebir
las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva el Estado para aquellos que
violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de
proporcionalidad y de imparcialidad.
El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que
contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito, así como el acompañamiento y
orientación de las decisiones judiciales en la materia. Pero no sólo eso, sino que también de
los mecanismos con los que la sociedad se protege a sí misma y la filosofía que existe
detrás del castigo y/o la reclusión.
Esta rama jurídica pertenece al Derecho positivo, o sea, al contemplado en ordenanzas,
códigos y leyes escritas y adscritas por las personas. Los asuntos penales tienen que ver con
la decisión de alejar por un tiempo a un individuo del resto de la sociedad, al considerarlo
peligroso o incapaz de ajustarse a las reglas, o de brindarle un marco de rehabilitación para
que lo haga.
La única fuente posible del derecho penal es la ley misma, contemplada en los códigos
penales y leyes penales en vigencia, ya que ni la costumbre ni la naturaleza definen lo que
es punible o no, sólo las leyes de los seres humanos.
El derecho penal es tan antiguo como la vida en sociedad, aunque existía inicialmente en
leyes de venganza tribal como la Ley del Talión.
Gracias al Derecho Romano surge en Europa como institución jurídica, a pesar de que
luego fue reemplazado por la voluntad inquisitorial de la Iglesia Católica, y resurgió en
la Edad Moderna con las leyes de la República.
Tema 1
La ley penal como fuente
En derecho penal sólo es fuente la ley, es decir, aquélla disposición en virtud de la cual el
Estado crea derecho con carácter general y vinculante, estableciendo penas
correspondientes a los delitos que define. Se puede entender en dos sentidos:
Sentido formal
Manifestación de voluntad de las Cortes Generales producidas según el procedimiento
constitucionalmente establecido, expresados por escrito y revestido de las demás
formalidades necesarias, cuyas prescripciones ha de ser acatadas por los órganos ejecutivos
y judiciales, siempre que no sean contrarias a la Constitución.
Existe un procedimiento legislativo con unas fases:
Iniciativa legislativa
