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vehículos, así como brindar incentivos e instrumentos legales para estimular la carrera judicial.
Después de constantes estira y afloja, las principales fuerzas políticas del País lograron ponerse de acuerdo
para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE); como consejero presidente se
designó a José Woldemberg, un hombre de izquierda, de convicciones democráticas, académico, escritor,
articulista y de envidiable sentido del humor; considerado como el principal especialista en cuestiones
electorales en nuestro País. Lo acompañarán ocho consejeros electorales: Juan Molinar Horcasitas, Jacqueline
Peschard (primera mujer que llega como consejera electoral del IFE), Alonso Lujambio, Mauricio Merino,
Jaime Cárdenas Gracia, Emilia Zabaldúa, José Barragán y Jesús Cantú. Por su preparación e integridad, este
grupo de ejemplares mexicanos están en condiciones de garantizar, con su presencia y su trabajo, procesos
electorales irreprochables, sobre todo los que se vienen en los tiempos recientes y, se espera, serán los más
disputados de la historia contemporánea de México. En el decreto de reformas al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), destaca el punto en que se menciona que el presidente,
los consejeros electorales y el consejero ejecutivo no podrán tener otro empleo, con excepción de actividades
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas; en las reformas también
se establecieron los requisitos para la elección de magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. A propuesta de Woldemberg, al menos las dos terceras partes del Consejo General
deberán definir quién será el Secretario Ejecutivo −la segunda posición en el Consejo− del máximo órgano
electoral del País; los miembros del Consejo durarán en su encargo siete años.
El Abad Guillermo Schulenburg dejó de encabezar el gobierno de la Basílica de Guadalupe, después de 33
años; se ofició una misa de Acción de Gracias y se celebró un banquete, actos durante los cuales el Arzobispo
Primado de México, Norberto Rivera Carrera, emitió alabanzas a su labor y aseveró que no hay ninguna
división al interior de la Iglesia; Monseñor Rivera nombró al ex canciller de la Arquidiócesis de México, el
sacerdote Antonio Macedo Tenlloado, como nuevo administrador de la Basílica, en espera de la aprobación de
los nuevos estatutos internos del santuario guadalupano.
Julio María Sanguinetti, Presidente de Uruguay, inició una visita de Estado al País, comentando a su llegada
que espera que para febrero de 1997 se inicien las negociaciones formales para un acuerdo de libre comercio
entre México y los países integrantes del Mercosur; en Palacio Nacional se firmaron varios acuerdos de
cooperación, sobresaliendo uno de extradición entre ambas naciones; en una reunión con intelectuales dijo,
entre otras cosas que "no vengo a hacer comentarios de la situación interna de México, pero en todo caso veo
un México modernizándose, adaptándose a los tiempos; dictó la conferencia "Mercosur: la regionalización
abierta", en la que explicó la integración de esta zona comercial entre Argentina, Brasil y Uruguay.
El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la adhesión de México a la Convención Interamericana
contra la Corrupción, que tiene como principal objetivo combatir la corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas; la declaratoria de la Convención fue adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA)
durante la Conferencia Especializada sobre Corrupción, realizada en Caracas, Venezuela el pasado mes de
marzo. La Convención plantea como obligación de los Estados firmantes adoptar, si no lo han hecho, las
medidas legislativas necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción, el
enriquecimiento ilícito, el soborno transnacional y conductos como tráfico de información reservada o de
bienes del Estado. En el caso del secreto bancario, el Estado requerido no podrá negarse a proporcionar la
asistencia solicitada por otro Estado requiriente; en contraparte, el Estado requiriente se obliga a no utilizar las
informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual
haya sido solicitada la información, salvo autorización del Estado requerido. Para combatir estas conductas
corruptas, la Convención establece la figura de la extradición, el compromiso de los Estados firmantes de
prestarse la más amplia asistencia posible en la identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y
decomiso de los bienes obtenidos o derivados de la comisión de estos delitos, y limitar los efectos del secreto
bancario en relación a la asistencia solicitada por un Estado a otro.
Para impulsar el desarrollo empresarial y solucionar el problema de la generación de empleos, el Senado
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