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CULTURA POLÍTICA Y REPRESENTACIÓN FEMENINA
María G arcía castro
sumario: I. Introducción. II. La temática del género en las cien- cias políticas y sociales. III. Y entonces, ¿en qué punto nos en- contramos hoy? IV. Bibliografía.
i. introducción
Algunas preguntas que guían esta reflexión en torno al papel que la cultura política actual otorga a la participación femenina son las siguientes: ¿cuál es la relación de las mujeres con la política?, ¿cuáles pueden ser las actitudes hacia la política por parte de las mujeres?, ¿cuáles son los efectos de la presencia fe- menina en los puestos públicos?, ¿qué implicaciones tiene esta presencia para la cultura política? Sin lugar a dudas, uno de los cambios sociales más importantes, a escala mundial de los últimos tiempos, concierne a la condición femenina. A partir de la segunda mitad del siglo XX (el estudio de Almond y Verba sobre la cultura cívica se lleva a cabo en 1959-1960: Almond y Verba 1963) se han suscitado enormes cambios en el modo de vida de las mujeres que permiten hablar de una verdadera transformación: son cambios respecto al tipo de actividades desarrolladas por las mujeres, a sus responsabilidades sociales, a la ocupación por las mujeres de espacios distintos a los que ocuparan an- tes; cambios relativos a formas de interacción social y, en última instancia, transformaciones en su manera de relacionarse con el poder y con la polí- tica. Puede hablarse por ello de una “modernización” de la condición de las mujeres, entendida como un conjunto de cambios en las prácticas, las mentalidades y las instituciones relativas a las mujeres, y por ende, a las re- laciones sociales y políticas, y de la cultura política de la que forman parte. Entre las nuevas tareas (de las más tardías o más recientes) en que hoy intervienen las mujeres está la de organizar la vida política de las socieda- des de que forman parte; es decir, participar en las decisiones generales que atañen a la vida de su comunidad política. Si bien de manera incipiente, y disminuidas en número a medida que aumenta el nivel jerárquico de las
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organizaciones, las mujeres ocupan ya, y de manera creciente, puestos ins- titucionales de poder político (para el año de 1959, punto de referencia para los 50 años del estudio de The Civic Culture, sólo 13 mujeres en todo el país habían ocupado un escaño como diputadas federales: una en la XLII legis- latura, cuatro en la XLIII y ocho en la XLIV. Pues no olvidemos que la ex- clusión de las mujeres de la ciudadanía política, es decir, la “prohibición” o el veto para que las mujeres participaran en la vida política en México sólo se anula en 1953, con la obtención del derecho al voto femenino; y la prime- ra elección federal en que las mujeres participan se lleva a cabo en 1955). De cualquier manera, este cambio de la condición de la mujer a nivel mundial es tan radical que permite que, mientras en 1791, se manifestaban en contra de la exclusión de las mujeres en la vida política, en la Francia postrevolucionaria, mediante su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana , significara para la transgresora Olympe De Gouges, la gui- llotina (Guibert: 2006), ya para 1979, el reconocimiento de la legitimidad de dichas demandas se materializa y se institucionaliza, a nivel internacio- nal, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri- minación contra la Mujer (CEDAw, por sus siglas en inglés), aprobada por Naciones Unidas, y en la consecuente Conferencia Internacional de Beijing que tiene lugar en 1995 y que pondrá en marcha, con la Plataforma de Ac- ción de Beijing, toda una serie de medidas gubernamentales a favor de las mujeres, para la aplicación de los compromisos adquiridos en la CEDAw por diversas naciones, entre ellas México. 1 La reivindicación de la equidad de género, incluidos los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres, forma hoy parte del marco jurídico vigen- te que convierte en principios legales los anhelos y aspiraciones del discurso liberal del Estado de derecho, es decir, que la reivindicación de la equidad de género, en principio, forma hoy parte, de manera formal y legítima, de las orientaciones que pugnan por la construcción de la vida democrática (Pos- tigo: 2007). Más allá de la incongruente realidad discriminatoria que aún subsiste contra las mujeres en múltiples niveles de la vida social, el discurso oficial reconoce hoy en día a las mujeres como interlocutoras y actoras de la
(^1) Aunque vale la pena recordar que ya desde los años sesenta, la situación de las mujeres había sido reconocida por organismos multilaterales como un elemento clave para el desarro- llo de los países; lo que dará orientación a las políticas públicas de desarrollo (las estrategias y políticas de Mujeres en el Desarrollo conocidas como MED) que se ocuparán de cuestiones de educación, empleo, salud materna y control natal para las mujeres; iniciando de esta ma- nera, un proceso de institucionalización de medidas para enfrentar el problema de la discri- minación. Sánchez Mejorada (2008: 217) argumenta que, sin embargo, este tipo de medidas “...sólo extendieron el rol doméstico de las mujeres hacia el sector monetizado y significaron una sobrecarga laboral para ellas”.
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(eds.): 2005), en donde el análisis de Barbara Hobson (2005): “Feminist Theorizing and Feminism in Political Sociology”, aparece como el sexto capítulo. Inserto en un libro colectivo con el que comparte el eje analítico sobre la política y el poder, este capítulo de Hobson presenta una amplia re- visión teórica sobre el estado de la cuestión de la teorización feminista en la sociología política, destacando los nudos problemáticos que el feminismo en sus diversas corrientes ha integrado al debate teórico sobre la política y los derechos, y con ello nos muestra el incuestionable reconocimiento de la importancia de la temática de género-poder en el terreno de los estudios sobre política. Un terreno particularmente productivo para indagar y comprender esta articulación entre género y poder, y para reflexionar sobre las relaciones entre participación política femenina y democracia, ha mostrado ser el de la relación entre las mujeres y el poder político institucional (formal). En la esfera de la política, el poder, como poder político, se materializa en la es- tructura institucional del Estado, en donde las jerarquías están formalmente establecidas. En el plano gubernamental, el establecimiento de la democra- cia requiere de la construcción de instrumentos que garanticen la represen- tación de diversos intereses que existen en la sociedad. La creciente incor- poración de las mujeres a los cargos públicos es un fenómeno político y de la cultura política que requiere análisis interdisciplinarios. Y en este ámbito podemos ver, con claridad, modificaciones importantes en la relación entre mujeres y poder (sin que, evidentemente, sea éste el único espacio en que se ejerce el poder y en que se establecen relaciones de poder entre hombres y mujeres). Sin embargo, aunque el tema de la participación política de las mujeres se coloca cada vez más como un asunto relevante en el análisis de las relaciones de poder dentro de las diversas colectividades sociales, no abundan todavía hoy las investigaciones que realicen reflexiones sobre la interpretación que las propias mujeres participantes en la vida política, como ocupantes de un cargo público, expresan sobre su experiencia (algunos ejemplos de este tipo de análisis pueden verse en Martínez: 2001; Berman: 2000, Marx J.: 2007). En el caso de nuestra investigación sobre las mujeres diputadas en Méxi- co (García Castro: 2008), se busca comprender qué significa la creciente presencia de las mujeres en el Congreso, tanto para la sociedad, a nivel cul- tural y político, como para las propias mujeres participantes, a nivel de su experiencia y de su identidad de género. Una parte importante de los trabajos de investigación que focalizan su atención en la participación de las mujeres en la política formal se ubica en la lógica de la teoría feminista liberal, preguntándose por los motivos
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que impiden a las mujeres acceder a los puestos de representación y a los cargos públicos (o que les impiden hacerlo en mayores proporciones). Se preocupan por detectar y denunciar obstáculos que afectan en particular a las mujeres en sus trayectorias políticas y buscan promover reformas y cambios institucionales que reviertan esta situación de desventaja. Dicha perspectiva busca comprender cuáles son los mecanismos de la exclusión, y se preocupa fundamentalmente por construir explicaciones que permitan promover estrategias para un mayor acceso e influencia para las mujeres, es decir, que permitan promover una cultura política participante. Esta po- sición considera a las mujeres como uno más de los grupos de interés y de fuerza que compiten por promover sus intereses por medio del control del Estado, y busca promover condiciones más equitativas en la contienda por el poder, partiendo del supuesto de que las mujeres constituyen más de la mitad de la población y que, en principio, de acuerdo con los planteamien- tos liberales, las mujeres son iguales en derechos que los hombres de su comunidad política. La toma de conciencia sobre las condiciones de inequidad (o desventajas producidas por barreras sistémicas que existen en el proceso político) con que las mujeres se enfrentan a esta competencia por el poder, sustenta la propuesta liberal de promover la incorporación de las mujeres a la ciudada- nía, mediante la promoción de derechos especiales de representación; pro- puesta que permitiría que las opiniones y puntos de vista del grupo, en este caso de las mujeres, estén representados políticamente (ver “Ciudadanía diferenciada” en Young: 1998, 258 y “Derechos especiales de representa- ción” en Kymlicka: 1995, 53). Estas propuestas han generado, sin embargo, profundos debates al interior del paradigma liberal, pues contravienen los supuestos igualitarios, en aras de generar igualdad. También en esta lógica liberal se ubican diversos acuerdos que en México dan vida institucional a la propuesta de impulsar la presencia de las muje- res en el poder político, entre los que vale la pena destacar la campaña de “acciones afirmativas” a la que se llamó “Ganando espacios”, de 1992, que se propuso promover las “cuotas de género” en puestos políticos de nuestro país, y que logró el acuerdo de diversos partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. En el mismo sentido se ubican las reformas electorales de 1993 y 1996 (que recomiendan a los partidos establecer dichas “cuotas de género”). De la misma manera, vale la pena destacar la constitución, en 1997, de la Comisión de Equidad y Género, compuesta por integrantes de los cinco partidos más importantes del país, así como la conformación del Parlamento de Mujeres de México, en 1998; y del Pacto entre mujeres: hacia una agenda
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Tanto el tema de la equidad de género como el tema de los derechos indí- genas y los usos y costumbres, y la posibilidad de adecuar la organización democrática a las necesidades de una sociedad heterogénea, forman parte del debate sobre el derecho de las minorías, el multiculturalismo y las cultu- ras híbridas, que responden a la misma búsqueda de repensar las diferencias (García Canclini: 1989 y 2007), y son temas que hoy se han vuelto centrales también en el discurso de los derechos humanos y de la cultura política. Frente a esta posición que promueve la incorporación de las mujeres al aparato estatal no sólo como un fin en sí mismo (el derecho de las mujeres a ocupar puestos y cargos, como parte de los derechos de la mujer), sino también como medio para lograr la equidad de género en muy diversos planos, a través del uso del poder político (mediante la participación en decisiones y propuestas que desemboquen en políticas públicas favorables a la condición de las mujeres y en contra de la discriminación), enfoque derivado de la posición del feminismo al que esquemáticamente podríamos llamar “de la igualdad”, otro enfoque de la teorización del feminismo al que también esquemáticamente podríamos llamar “de la diferencia” (Posada:
- considera que poco se logra por esta vía de la conquista por las mu- jeres de los puestos del poder político, en la medida en que la relación de las mujeres con el poder está atravesada por la naturaleza generizada de las instituciones de poder del Estado. En la definición y en la toma de posición de esta corriente de análisis, la influencia foucaultiana es decisiva. “La po- lítica del cuerpo” (Foucault: 1980, 1982, 1991) explica el proceso de “nor- malización” como aquél en que las técnicas disciplinarias individualizadas, relacionadas con el control directo de los cuerpos coinciden con las técni- cas regularizadoras de la política. El control político de los cuerpos o “gu- bernamentalidad del género” (concepto inspirado en la teoría foucaultiana) permitiría que “tecnologías de gobierno” (que son mecanismos indirectos y discursos que vinculan la conducta de los individuos y las organizaciones a los proyectos políticos de otros a través de la acción a distancia) repro- duzcan el orden social mediante el control de la conducta cotidiana de los individuos y de sus cuerpos, a través del control de los procesos de signifi- cación (Muñiz: 2004). Esta interpretación sobre el control que el poder ejerce sobre los cuerpos y sobre la función regulatoria del Estado se inscribe en la concepción más amplia que Foucault plantea sobre la naturaleza del poder mismo, al que concibe no como una estructura piramidal y unidireccional, sino como un poder relacional y fluido, conformado más bien a la manera de una red de relaciones y que existe tanto en las relaciones interpersonales como en las instituciones, que reflejan la estructura generizada del poder.
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En una posición extrema del feminismo de la diferencia, el feminismo radical agrega al enfoque de Foucault la idea de que no sólo el poder polí- tico y sus estructuras están generizadas; también el poder del conocimiento tiene esta carga genérica, es decir, está marcado genéricamente. 6 Sobre la base de esta conceptualización del poder y enriquecida por el análisis del género como un sistema de relaciones sociales de carácter sim- bólico, para el feminismo de la diferencia el objetivo no es el acceso de las mujeres a los cargos políticos. La erradicación de la dominación de género no se logra tomando el control del aparato estatal. No basta con conquistar los puestos políticos o incorporarse a dichas posiciones, sino que es nece- sario transformar, en sus aspectos generizados, el poder en todas sus expre- siones: transformar tanto el poder del Estado mismo como el saber (conoci- miento) y, en una de sus posiciones más extremas, el propio lenguaje, como lo plantea la propuesta de “Hablar-mujer” ( parler-femme ) de Luce Irigaray en su libro Spéculum. Espejo del otro sexo (1976). 7 A nuestro parecer, las perspectivas de la igualdad y de la diferencia de la teorización feminista pueden retroalimentarse al combinarse. Esto en el sentido de que transformaciones en los mecanismos y herramientas del po- der político, logradas mediante la incorporación de una masa crítica de mu- jeres (Dahlerup: 1993, 175) en las estructuras del poder del Estado, pueden ser orientadas, con un enfoque feminista no sólo a la incorporación de las demandas e intereses de las mujeres en la agenda de gobierno del Estado (políticas públicas con enfoque de género), 8 sino también a transformar la estructura generizada del poder político y hasta la estructura del saber y del conocimiento (a lo que podemos llamar transformaciones desde arriba) desde las capacidades del poder del Estado para incidir en la transforma- ción de diversos discursos, como el jurídico, el educativo, el científico, en-
(^6) Gabriel Medina destaca, mediante la siguiente pregunta, la contradicción que encierra la crítica que Foucault hace a la modernidad: “¿Cómo escapar a la tradición de la Ilustra- ción, cuando estamos inmersos en los parámetros de reflexión que ésta nos ha heredado?”. Y aclara: “Planteada en términos epistemológicos, la interrogante sería: ¿cómo desplazar los horizontes modernos de cognición, si el propio proceso de construcción de conocimiento se estructura en el marco del legado de la Ilustración? Puesto que la modernidad se agota en sus propias condiciones de posibilidad, todo saber que se genera con sus parámetros será parte del horizonte moderno” (Medina: 2002, 55). (^7) En uno de los múltiples debates internos de la teoría feminista, derivado del discurso de la postmodemidad, el autodenominado “feminismo de la diferencia” paradójicamente critica al feminismo liberal, al que llama “feminismo de la igualdad” por pretender eliminar la dife- rencia entre hombres y mujeres. Para una versión sobre el impacto que la postmoderna reivin- dicación de la diferencia ha tenido en el pensamiento feminista actual, ver Posada (2004). (^8) Para una revisión sobre la relación entre Estado y políticas de género ver Judith Aste- larra (2005) y Cristina Sánchez Mejorada (2008).
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criminatorios que impiden igualdad de oportunidades políticas para hom- bres y mujeres. El reciente y ampliamente comentado caso de las Juanitas^10 en el Congre- so de la Unión muestra claramente cómo pueden combinarse mecanismos legales promotores de la igualdad de género, con viejas prácticas patriarca- les que hacen uso de subterfugios seudolegales para continuar manteniendo el control del poder político: cultura política del México de hoy. Nadie, en su sano juicio se atrevería a cuestionar, sin embargo, que a 50 años de The Civic Culture , mucho agua ha corrido bajo el puente de la pro- moción de una cultura participativa en que los intereses y la representación de las mujeres estén presentes y en que se promuevan la tolerancia y la au- tonomía. Pareciera existir consenso sobre la legitimidad de los objetivos, en un plano declarativo y racional, aun en el marco jurídico y de los derechos de las mujeres, pero la práctica es otra cosa. La voluntad política por promover la participación de las mujeres y la voluntad política de las propias mujeres para participar en la solución de múltiples problemas que atañen a sus diversas comunidades, no se conva- lida con las tasas de representación política. Algunos datos significativos son el que para 2008 sólo 96 mujeres ocuparon el cargo de presidentas mu- nicipales , sobre un total de 2,439 municipios (menos del 3%); y sólo 1, mujeres ocuparon cargos de síndicos y regidores , sobre un total de 50, (2%). En la historia de nuestro país, sólo 6 mujeres han sido gobernadoras (sólo 2 en el 2009). Sólo 11 mujeres fueron incorporadas al gabinete del gobierno federal actual que consta de 56 puestos, según su portal de Inter- net. Por último, en su participación en la Cámara de Diputados, las mujeres representan hoy sólo el 27.6%, con 138 escaños, o bien, 26%, con 130, si se aceptan las solicitudes de licencia indefinida presentadas por 8 diputadas. Esta última selección de datos nos muestra con absoluta contundencia cuán lejos estamos de la zona de paridad de género (60-40) que el discurso demo- crático se esfuerza por construir y por ende cuán lejos se encuentra nuestra cultura política real, de convertirse en una cultura política democrática.
iV. B iBLioGrafía
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(^10) Se trata de ocho diputadas de la LXI legislatura que accedieron al Congreso por la vía de las cuotas de género y que hoy están solicitando licencia indefinida para dejar el puesto a diputados varones.
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