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Descripción de metodología periodistica
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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El azar y la denuncia marcan el rumbo del combate al nar- cotráfico...”. Esta frase refleja el sentir de muchos quienes sospechamos que la investigación policiaca para combatir el delito es una práctica casi en desuso. Sin embargo, el quid del asunto radica en corroborar esta sospecha con números. Habitualmente el camino para obtener información son las fuen- tes oficiales y las académicas. Pero existe una vía que se abre con la ayuda de la computadora: el análisis de bases de datos. Sergio René de Dios y Alejandra Xanic, reporteros del diario Pú- blico , tuvieron una experiencia de este tipo al proponerse trabajar a fondo un reportaje que fuera de trascendencia. “Nos pareció impor- tante abordar el narcotráfico, por lo sucedido en Guadalajara en los últimos 20 años. Queríamos reportear el tema desde una óptica dis- tinta, pues los reportajes que habíamos leído eran más anecdóticos, de recuperación de historias, pero escasos de análisis y sin llegar más allá de las declaraciones”, dice Sergio. Su propuesta fue analizar los expedientes de los presos por nar- cotráfico en Jalisco, el tercer estado con más sentenciados por deli- tos contra la salud en México. Para ello contaron con suerte, pero no desde el principio. En un primer momento el entonces director del complejo penitenciario ni siquiera se molestó en atender sus llama- das; al tiempo hubo un cambio de autoridades y la nueva directora del Centro de Readaptación Social de Puente Grande puso a disposi- ción de los re p o rte ros los expedientes de los sentenciados por delitos contra la salud entre 1997 y 1998. Es decir, no todos los funcionarios consideran que la información a su cargo es un “secreto de estado”. En las oficinas del penal, según relata Alejandra, “encontramos más de lo que pensamos”. De hecho, al estar frente a 436 expedientes con toda la información disponible de cada uno de los presos, tuvie- ron que pensar con calma qué información iban a utilizar. “El segundo lío fue que el archivo del penal es un caos”, dice Sergio. “Algunos ex- pedientes están incompletos o ilegibles” y “trabajan manualmente casi todo, no tienen un sistema de cómputo”. La montaña de documentos incluía estudios de conducta, segui- miento académico, historia médica y psicológica y compendios de historia criminal de los presos. También sentencia resumida, proce- so judicial, incluso revisión de sentencias y antecedentes familiares.
“Empezamos por asomarnos a los expedientes judiciales para saber qué contenían y qué nos podía ayudar y encontramos una mi- nita de oro”, señalan los re p o rte ros. “Pensamos que saber quiénes están sentenciados por narcotráfico en Jalisco nos ayudaría a entender có- mo se está combatiendo o castigando este delito. Teníamos idea de dónde queríamos llegar, pero no sabíamos cuántos recursos y tiem- po iba a implicar. Eso fue cobrando su factura en el camino”. Lápiz en mano, y con la ayuda de enormes hojas de contabili- dad, fueron tomando nota de unas cincuenta variables. De las casi cien fojas de cada expediente, explican, “tomamos todos los datos que consideramos útiles”, incluyendo un resumen de las historias personales”. “Muchos nos dijeron que eso era exagerar”, recuerdan los re- porteros, quienes consideran sin embargo que si se invierte tanto tiempo en una investigación es importante dar seguimiento a la noti- cia y preservar la memoria histórica. El trabajo con bases de datos de- be tomar en cuenta tanto el reportaje inmediato como el uso que se pueda dar a la información en el futuro. “El narquito de hoy”, obser- van, “puede ser el narcote de mañana”. Después de dos meses de lectura de expedientes, Alejandra y René empezaron otra aventura: ¿cómo sistematizar la información recopilada? “Primero analizamos qué datos nos podían ser útiles para inda- gar algo. No todos los datos los encontramos siempre. Por ejemplo, no estaba consignado si el defensor era de oficio o particular, lo que es un dato fundamental”. Afortunadamente Público brindó todo su apoyo a los reporteros, aún cuando “apenas se estaban enamorando del proyecto y realmen- te nadie tenía idea de cuánto se podía extender”. Amanda González fue la encargada de la base de datos, y los tres destacan la importan- cia de tener una preparación previa a este tipo de aventuras, así co- mo la necesidad de coordinar formatos y estilos. Al iniciar el trabajo pensaron en utilizar el programa Excel para hojas de cálculo. Sin embargo, dada la cantidad de variables a mane- jar, decidieron “seguir el consejo de Lise Olsen y hacerlo en Access ”, un administrador de bases de datos. Sergio y Alejandra consideran que el apoyo de Periodistas de Investigación fue de gran importan- cia para sus reportajes, ya que obtuvieron una asesoría especializada en el trabajo periodístico. Antes, los reporteros se toparon con un problema común en n u e stro medio: la brecha que separa a la redacción del departamento de cómputo de muchos diarios. Por un lado, el personal de sistemas (cont. pág. 4)
Por Alma Delia Fuent es
desconoce el manejo noticioso de la información y, por otra parte, los periodistas son ajenos al lenguaje y manejo de los administradores de bases de datos y otros programas de cómputo. (Va de comercial: Periodistas de Investigación, a través de Lise y Alma Delia, colaboró con Xanic y Sergio en la construcción de la base de datos y en su análisis. Este es un servicio al que tienen acceso todos nuestros so- cios y amigos, quienes en su mayoría aún no le sacan jugo. Nota del editor). Pero esta asesoría no los libró de todos los obstáculos, ya que al ser la primera vez que trabajaban con bases de datos, “no lo tomaron tan en serio” y el proyecto se alargó. Después de ocho meses de trabajo –y gracias al análisis y las peleas con la base de datos– publicaron una docena de reportajes con un ángulo tan novedoso como rico en información. Pero, ¿acaso el periodismo asistido por computadora es sustitu- to de las prácticas tradicionales de reporteo? ¿El minucioso análisis de datos puede ser la nota? Los autores de Narcotráfico en Guadalajara no lo creen así. “La base de datos da pistas o hipótesis de trabajo, pe- ro hay que corroborar la información, arroparla”. Por ejemplo, de los 500 presos, sólo once vivían antes en zonas con servicios públicos. “Esa es nota”, observan Xanic y Sergio, “pero puedes arroparla visitando esas casas, hablando con los vecinos, co- rroborando la información que aparece en el expediente”. Y al igual que el narcotráfico mismo, el tema periodístico no se
agota. Los reporteros señalan que quedaron muchas historias pen- dientes, ya que la misma base de datos permite analizar temas como la actuación de los jueces y la legalidad de las sentencias. Otra veta por explorar es la comparación de historias personales. ¿Por qué, por ejemplo, un traficante capturado con toneladas de cocaína purga la misma sentencia de ocho años que un joven que cayó con doce plantas de marihuana, en maceta y para consumo personal? “No se trata de erigirnos como jueces”, dice Alejandra, “sino de señalar contrastes”. Por lo general la gente de bajos recursos eco- nómicos es defendida por abogados de oficio, “y si pensamos que uno de cada cuatro presos son campesinos, qué va a pasar con ellos cuando purguen sus sentencias, qué oportunidades van a tener”. De ahí la importancia de pensar a futuro, como periodistas, para alimen- tar de manera constante la base de datos para tener información so- b re quiénes logran la libertad y cómo es su vida después de la cárce l. En general, consideran los reporteros, la experiencia fue positi- va y aleccionadora. Sin embargo, Sergio agrega que quedó con cier- ta “angustia al no conocer las reacciones de fuentes tan impenetra- bles como el Ejército o los propios narcos. Parecía que no sucedía nada, aún cuando llevábamos publicadas más de 30 planas con información delicada”. (En este número reproducimos el texto del primer reportaje de esta serie. Los lectores interesados pueden solicitar la serie comple- ta a nuestras oficinas, o consultarla en www.publi.com)
Antes de iniciar una investigación de este tipo es fundamental hacer una planeación cuidadosa para estudiar el tema y determinar el tipo de base de datos que se utilizará. Si bien no es preciso con- vertirse en expertos, sí es necesario conocer el uso de los adminis- tradores de datos y elegir con cuidado las variables a analizar. Estas son algunas sugerencias básicas:
CONSEJOS PRÁCTICOS
La investigación en la PGR depen- de en gran parte de la utilización de m ad rin as , personajes que, sin ser agen- tes, trabajan ilegalmente a la sombra de la corporación. Son quienes hacen tra- bajo de calle. Contratan compras de dro - ga y, llegado el día, quien aparece no son ellos, sino los agentes de la PJF que los pastorean. Un ejemplo: la PJF capturó en ma- yo de 1992 a cinco campesinos, en un rancho del municipio Antonio Escobe- do. Los jornaleros fueron citados por un tal Cuco , para comprarles goma de opio. Según los agentes, que dicen se enteraron de la transacción por una llamada anónima; Cuco huyó.
La Policía Judicial del Estado (PJE) (ahora Policía Investigadora) y la Dirección de Seguridad Pública del Estado (DGSPE) detuvieron, en conjunto, a una sexta parte de los sentenciados. Sin embargo, el combate a esta actividad no está entre sus asignaciones primordiales; sólo coadyuvan. Arturo Zamora Jiménez, ex funcionario de seguri- dad pública y actual investigador de la U de G, apunta que la DGSPE sí ofrece resultados en el interior del estado; sus elementos conocen el área rural, y si bien no está entre sus tareas investigar, contribuyen en la localización de plantíos de enervantes. Además, resaltó, “histó- ricamente es la corporación que más bajas ha sufrido en Jalisco en el combate al narcotráfico”. La Policía Investigadora golpea más al área de venta de droga. Casi 70 de cada 100 eran vendedores y siete consumidores. En este caso, la investigación parece repuntar. Según informaron al Minis- terio Público Federal, 30 por ciento eran detenidos en ro n d in e s , y otro 30 por ciento a partir de investigaciones propias. A su vez, la mitad de las capturas que realiza la DGSPE son de “poseedores” de enervantes, productores y choferes que transporta- ban droga. Uno de los detenidos por la corporación es Carlos, un co- merciante que había sido contratado para transportar en un camión más de 900 kilogramos de mariguana cubiertos con rastrojo. Al revi- sar el vehículo, en la carretera Ciudad Guzmán-Pihuamo, los po- licías preventivos lo detuvieron.
Las policías municipales en su conjunto llevaron a la cárcel a 15
por ciento de los sentenciados. La policía de Guadalajara aportó más detenidos. Sobresale, sin embargo, un dato: casi 60 por ciento de los hombres que arrestó fueron consignados y juzgados por el delito de “posesión” de alguna droga. Esta clasificación, en la cual quedaron 13 por ciento del total de sentenciados, es algo así como el membre- te de emergencia. A estas personas no se les comprobó qué uso da- rían a la droga, o su papel en la actividad criminal.
En las tareas de combate al tráfico en Jalisco trabajaban 1,500 mili- tares y tres helicópteros, informó en 1994 el entonces comandante de la XV Zona Militar, general Jesús Gutiérrez Rebollo. No obstante, sólo 4 por ciento de los sentenciados fueron detenidos por las Fuerzas Armad as. Moloeznik Gruer indica que, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del INEGI, y con informes presidenciales, el mayor por- centaje de decomisos de droga y destrucción de pistas clandestinas los realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Si el Ejército lleva el peso de la lucha contra el narcotráfico, en- tonces no se entiende por qué es tan bajo su porcentaje de deteni- dos”, expone. La eficacia de una institución no se puede ni se debe medir sólo a partir de criterios cuantitativos, aclara el investigador de la U de G, Jo rge Regalado. Cualquiera de las corporaciones, como la PJE, la DGSPE o las policías municipales, que sólo coadyuvan contra el tráfico de d rogas, tienen más sentenciados que la Sedena. “Posiblemente no sea compensatorio” el número de militares comisionados a combatir las drogas, con los aprehendidos, sugiere. Zamora Jiménez matiza: “El Ejército ha intervenido en asuntos im- portantes. No lo culparía de hacer pocas detenciones. Lo que ha hecho es apoyar a otras corporaciones, como la policía preventiva o la PJF, y eso no se refleja en los números”. La Sedena “es la institución que corre más riesgos, pero que da más resultados cualitativos, no en detención de personas, sino en volumen de droga destruida”, añade. Los 16 hombres que llegaron a la cárcel por la Sedena fueron de- tenidos en 15 operaciones. En los retenes carreteros arrestó a pocos traficantes (11.6 por ciento). Los militares no especifican cómo fue el descubrimiento del sospechoso en la mitad de los casos. La opera- ción que les resultó más eficaz fue el rondín. Los militares conduje- ron a la cárcel, en su mayoría, a productores (40 por ciento), vende- dores a menudeo (26.6) y choferes contratados (13.3). La Secretaría de Marina casi no cuenta. Sólo hay un traficante cap- turado por la institución en la costa de Jalisco. La Policía Federal de Caminos y Puertos, que surca las carreteras del estado, llevó a pri- sión apenas a nueve de los sentenciados.
no de los temas que debe incluirse en la agenda de traba- jo de la discusión legislativa sobre la reforma del marco le- gal de los medios de comunicación, es el relativo a las con- diciones laborales de los periodistas, desde la perspectiva del derecho a la información y la libertades de expresión e informa- ción en una sociedad democrática. En México, la libertades de expresión e información son uno de los derechos del individuo frente al Estado, cuya exigibilidad se ma- terializa al no intervenir los órganos del poder público en el libre in- tercambio de la información que nutre a la sociedad civil. Esta garan- tía es, sin duda, necesaria; pero no es suficiente para favorecer un clima democrático que brinde a la información periodística imparcialidad y objetividad. Si es posible argumentar que, en términos generales, el Estado ha dejado de intervenir en el ejercicio de la libertades de expresión e información, no es posible, en cambio, sostener que este derecho fundamental se ejerce en forma cotidiana y sin cortapisas por los periodistas, en virtud de que no existen normas jurídicas que limiten la hegemonía del propietario de la empresa en la producción de la información. Es por esta razón que debe promoverse una base normativa, que equilibre el interés económico y la rentabilidad po- lítica del empresario informativo con los derechos de los periodistas. En este sentido, el principal problema que existe reside en la natu- raleza de las relaciones laborales que privan entre los periodistas y las empresas informativas, las cuales se rigen por las disposiciones comunes a todos los trabajadores, previstas en la Ley Federal del Tra- bajo, donde no se cuenta con un apartado particular para esta rama profesional. Es claro que el quehacer periodístico contiene peculia- ridades que le distinguen a cualquier otro empleo porque el perio- dista no cumple un trabajo mecánico y de interés particular. Por el contrario, lleva a cabo una labor esencial en la vida comunitaria al ser el medio directo entre las fuentes de información y la sociedad. Si se parte de que la información es un vehículo privilegiado de transmisión de conciencia e ingrediente básico para la toma de deci- siones, entonces se podrá coincidir en la importancia social que tienen la calidad de la información que recibe el ciudadano todos los días. Uno de los caminos para garantizar a plenitud el derecho a la información es establecer en la Constitución Política y desarrollar en la Ley Reglamentaria la figura de la cláusula de conciencia, que puede
definirse como el derecho de los periodistas a salvaguardar su libertad de pensamiento y su ética profesional frente a las empresas de comu- nicación, mediante una cláusula implícita en los contratos de pre sta- ción de servicios, formales o informales, con carácter de irre n u n ciab le. La cláusula de conciencia podría tener dos hipótesis fundamen- tales. La primera consiste en el derecho del periodista para rescindir su relación laboral con la empresa de comunicación y obtener la in- demnización que le hubiera correspondido por despido laboral injusti- ficado, en los casos siguientes: a) cuando la orientación o el carácter de la empresa haya cambiado en forma notable y pueda afectar su honor, imagen o reputación; b) cuando se suscite un cambio injusti- ficado de fuente informativa, que tenga como propósito vulnerar su imagen frente a terceros o de cara a sus compañeros de redacción, y c) cuando, en forma reiterada, se realicen cambios que alteren el sentido de la nota o artículo firmado por el periodista. La segunda se podría invocar al momento de negarse a aceptar una orden de trabajo, cuyo cumplimiento implique menoscabo o afectación de las normas deontológicas de la profesión. La cláusula de conciencia no es una idea nueva ni tampoco de facturación reciente; es en verdad producto del desarrollo jurídico de las sociedades contemporáneas. Con diversos matices, modalidades y alcances está prevista en el derecho comparado como un instru- mento para hacer eficaz el derecho a la información y el pluralismo informativo propio de un Estado de derecho democrático. Aunque en diversos estudios doctrinarios se suele identificar a la Ley france- sa del 29 de marzo de 1935, como el primer antecedente normativo de la cláusula de conciencia, en realidad está implícita desde la Ley austriaca del 13 de enero de 1910. Ya en algunos países esta pre rrogativa legal se encuentra tutelada a nivel constitucional. Son los casos, por ejemplo, de España (artícu- lo 20.1.d) de la Constitución) y Paraguay (artículo 29 de la Constitu- ción). En otras naciones, la cláusula de conciencia se encuentra re gu - lada en normas secundarias. Y en Italia se deriva de una re so lu ció n jurisprudencial; es decir, que su fundamento legal deriva de actos de in te rp retación de diversas normas de derecho vigente por parte del máximo órgano de impartición de justicia. Adoptar esta figura legal en México contribuiría no solamente a proteger juridícamente a los periodistas, sino sobretodo a contar con medios comprometidos con la imparcialidad y la objetividad en beneficio de toda la sociedad.
Ernesto Villanueva es Director del Programa Iberoamericano del Derecho a la Información y director de la Revista Iberoamericana del Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana.
Por Ernest o Villanueva