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Un material didáctico sobre el desarrollo personal ciudadanía y cívica, con énfasis en los derechos laborales de adolescentes. El texto incluye imágenes para la motivación, proceso explicativo, preguntas para la reflexión y un test de aplicación. Se abordan conceptos como la motivación, competencia, capacidad, evidencia y derechos laborales. Se discute el artículo 22º del código de niños y adolescentes peruano y su importancia para garantizar que el trabajo de jóvenes no sea explotativo, no afecte su proceso educativo o salud, y no vulnere su dignidad. Se mencionan las edades mínimas para autorizar el trabajo y los derechos y condiciones laborales que deben garantizarse. Se destaca la importancia de instituciones internacionales y nacionales en la protección de derechos laborales de jóvenes.
Tipo: Resúmenes
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El Estado está en la obligación de garantizar los derechos laborales establecidos en el Código de Niños y Adolescentes. En el artículo 22º de dicho documento, encontramos lo siguiente:
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común Capacidad Delibera sobre asuntos
Participa en acciones colectivas orientadas al bien común de la nación peruana, y a la promoción y defensa de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros). Test (practica aplicada o formulario de preguntas) Analizar sobre los derechos laborales del adolescente y las condiciones de trabajo a través de la resolución de preguntas. (test).
El artículo 51º de este Código establece las edades mínimas requeridas para autorizar el trabajo de las y los adolescentes:
Los derechos y las condiciones laborales
Debido a la dimensión mundial de esta problemática, se han creado instituciones internacionales y nacionales:
Pobreza en el Perú: El Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2016 muestra que dos de cada 10 peruanas y peruanos están en situación de pobreza. Es decir, ganan menos dinero del necesario para subsistir. Casi la mitad de las y los mayores de 15 años de esa población estudió algún año de secundaria. Además, solo 6,4 % logró realizar estudios superiores. Por lo vis to, es te limitado acceso a la educación también limita sus posibilidades de acceso a mejores empleos en el futuro. TERCER PARTE DE LA CLASE SALIDA RESPONDEMOS A LAS PREGUNTAS DE META COGNICIÓN ¿Qué sabia sobre el tema? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿En qué situaciones puedo aplicar lo aprendido? MUCHAS GRACIAS El capítulo 4 del Código Refiere a los derechos laborales de las y los adolescentes. En dicho capítulo se señala que la protección a las y los adolescentes que trabajan está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en coordinación con otros ministerios y Gobiernos descentralizados. La primera r esponsabilidad para que las y los adolescentes trabajen con autorización es de quien esté legalmente a cargo de ellos ( madre, padre, tutora o tutor ). Por ello, el artículo 50º del mismo código establece como obligación para trabajar que las y los adolescentes cuenten con autorización y se inscriban en el registro correspondiente. Para que se otorgue la autorización El artículo 54° señala que el trabajo no debe perturbar la asistencia regular a la institución educativa. Además, se debe presentar un certificado médico que acredite la capacidad física, mental y emocional de la o el adolescente para realizar las labores. Finalmente, ningún o ninguna adolescente será admitido al trabajo sin la debida autorización
Organización Internacional^ del Trabajo (OIT) Cuya principal función es promover los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Con este fin, indaga sobre la situación de las y los trabajadores en el ámbito mundial y coordina con los Estados la generación de normas laborales que promuevan un trabajo digno y seguro.^ El Ministerio de Trabajo Es el responsable de establecer las normas laborales que deben cumplir tanto las empresas estatales como privadas. Puede llevar a cabo acciones de fiscalización y de vigilancia de los ambientes laborales si considera que afectan la calidad de vida de las y los trabajadores. Se vale, para ello, de las denuncias y reclamos que recibe por parte de la ciudadanía. Al comprobar el imcumplimiento de las normas, puede establecer sanciones a los responsables.