1. La acción penal en el nuevo proceso penal peruano
1.a. Naturaleza jurídica
La evolución que ha seguido la percepción del delito ha tenido, precisamente en la
acción penal, su punto de referencia. Así se distingue momentos históricos que
van dese la venganza privada o autodefensa hasta llegar al control monopólico
del estado en el ejercicio y administración de la acción penal durante el proceso.
La acción penal ha sido tomada como potestad del estado de hacer justicia penal,
prohibiendo a los particulares hacerse justicia por sus propias manos. La acción,
entonces, importa dos contenidos básicos: por un lado, existe como poder del
estado, pero, respecto del ciudadano agraviado con la comisión de un delito,
existe lo que conocemos como derecho a la tutela jurisdiccional efectiva[1]
1.b. Definición.
El concepto de acción tiene matices históricos que van desde la concepción
romana de Celso que concebía a la acción como "El derecho de perseguir en
juicio lo que no es debido", planteando así la idea de que no hay acción si
previamente no hay derecho.
Entonces diremos que la acción penal es la manifestación del poder concedido a
un órgano oficial – Ministerio Publico, o titular particular - en los casos de
querella o donde la ley faculte iniciar proceso por denuncia de particular, a fin de
que lo ejersa solicitando una declaración judicial tras la comisión de un delito y
teniendo a la vista al autor material[2]
Por otro lado, PEÑA CABRERA FREYRE, indica que la acción penal es el poder-
deber que detenta el Estado en base a una propiedad inherente a su
propia soberanía, poder que se ejercita a través de las agencias estatales
competentes y que pone en funcionamiento todo el aparato persecutorio del
Estado, a fin de promover la acción de la justicia y que finalmente recaiga una
sanción sobre aquel que cometió un hecho constitutivo de un delito.
La acción penal importa el análisis de dos perspectivas:
a) Como derecho a iniciar un proceso, sea por la autoridad pública
encargada de tal función: El Ministerio Público, quien ejerce la acción
público, o ya sea por el agraviado en los delitos de ejercicio privado,
respectivamente.
b) Como derecho a la acusación y a juicio que culmina con la
resolución definitiva del juez, materializándose el derecho a la tutela
jurisdiccional.
La acción penal por tanto, es el ejercicio de un deber publico que según
nuestra Constitución Política la asume exclusivamente el Ministerio Público, pues
tratándose de los delitos perseguibles por acción penal privada, esta atribución la
asume la persona del ofendido [3]
Importante. . . .
Acción Penal es una función a cargo del acusador, quien reclama la intervención
del órgano jurisdiccional, para que resuelva la afectación de bien jurídico con
arreglo al derecho. Esa petición es el motor o base de un proceso penal. El primer
documento que emana de la autoridad jurisdiccional es el AUTO APERTORIO
DE INSTRUCCIÓN.
