DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
El creciente fenómeno delincuencial en nuestro país, ha llevado a los actores
político criminales a replantearse las tradicionales posturas penales existentes
en nuestro orden jurídico. Conscientes de ello o no, algunas de las
propuestas que se escuchan, recuerdan aquella foránea propuesta de
política criminal denominada Derecho penal del enemigo, la cual en este
apartado intentaremos definir, para luego, en una segunda oportunidad,
verificar su aplicación en nuestra realidad. Fue el alemán JAKOBS, quien
sostuvo (en 1999) que a efectos penales, no todos los ciudadanos deben ser
considerados personas, ya que existen otros individuos que merecen la
calificación de enemigos, dando origen a su teoría del Derecho penal del
enemigo, la cual, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de
2001, en el “World Trade Center”, Nueva York, Estados Unidos, ha generado
controversia entre los doctrinarios del Derecho penal moderno, por lo radical de
sus postulados. JAKOBS basa su teoría del delito sobre el estructuralismo-
funcional de LUHMANN, quien a su vez construyó su teoría sobre el
concepto de persona-sociedad. Así, JAKOBS entiende por “persona”,
únicamente a aquel individuo que representa un papel en la sociedad. Es
decir que persona es la representación de una competencia socialmente
comprensible; es decir, sólo aquella que porta un “rol” y a través de ese papel
genera una expectativa social de armonía con la norma.
En conformidad con lo anterior, un ciudadano infractor es una persona que
ha dañado la vigencia de la norma; y por ello es llamado de modo
coactivo, a equilibrar el daño en la vigencia de la norma. Empero, su
calificativo de ciudadano radica en que ofrece garantías de que se conducirá
como tal, debiendo arreglarse con la sociedad, procediendo a la reparación del
daño. La principal característica del ciudadano es la dignidad humana,
con capacidad de entendimiento y de elección, que conlleva a la capacidad
de vinculación al orden ético social de una comunidad, y a la conciencia de que
le es posible cumplir con dicho orden. En consecuencia, el derecho penal que
