¡Descarga Protestas Sociales en Argentina: Nuevas Formas de Intervención y la Fragmentación Social y más Apuntes en PDF de Análisis de Seguridad solo en Docsity!
Instituto Universitario Policía Federal Argentina
Tesina de Grado: Licenciatura en Seguridad Ciudadana
Anteproyecto de Tesina
Tesista: Mario R. Raut
Tema: Las formas de intervención del Estado. La implementación de protocolos en movilizaciones sociales desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Director:
Fundamentación:
En el marco de la política de seguridad ciudadana, concebida como una política pública centrada en la protección de los derechos y garantías constitucionales de las personas, la cual requiere de permanentes evaluaciones y revisiones que garanticen el fortalecimiento del gobierno de la seguridad desde las instituciones del Estado.
En base a ello, efectuaremos una aproximación al abordaje de la conflictividad de derechos que generan las manifestaciones sociales, mediante la ocupación del espacio público; y como estas interpelan al Estado, en la búsqueda de respuestas que garanticen sus demandas. Es así, que mediante mecanismos que le garanticen previsibilidad y un determinado orden social, el Estado desarrolla diferentes mecanismos de intervención con el fin de desarticular este tipo de manifestaciones. Con esta premisa nos introduciremos en su análisis y cómo influyen en el desarrollo de las protestas sociales; además, de las diferentes conceptualizaciones que giran en torno al conflicto, que reflejan una evolución en las modalidades de gestión desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se analizará la legislación vigente, con sus instrumentos normativos de seguridad desarrollados para tal fin; como también, su adecuación a las necesidades políticas y sociales de la administración estatal. Se tomarán dos casos modelos de ocupación del espacio público a fin de observar sus formas de intervención, y los lineamientos de la política pública en la resolución de los conflictos sociales.
Pregunta de investigación:
¿Cómo los factores conceptuales que se construyen en torno a las movilizaciones sociales como una forma de estigmatizar a los diferentes sectores sociales de la población, que llevan a cabo la ocupación del espacio público, influyen en el desarrollo de instrumentos normativos, en materia de seguridad ciudadana, a fin de regular el estado de conflictividad que interpela al sistema institucional de gobierno por medio de sus diversas peticiones?
Objetivo general:
Analizar la conflictividad de derechos sociales que se generan mediante la ocupación del espacio público, y cómo el Estado desarrolla diferentes instrumentos normativos de intervención en materia de seguridad ciudadana, a fin de regular el estado de conflictividad.
Objetivos específicos:
Durante mucho tiempo, las formas de intervención social en nuestro país se basaban en la afirmación de espacios de socialización que apuntaban a una forma de integración de la sociedad argentina. A partir de los años ´90, estas representaciones de integración de la sociedad entran en crisis, como consecuencia de las medidas económicas, conocidas por entonces, como políticas neoliberales. Estas políticas implantan un Estado capitalista de libre mercado, con la privatización de la mayoría de las empresas públicas. Como consecuencia, estas medidas ocasionaron la degradación de los derechos de las personas, sobre todo de aquellos habitantes más vulnerables. En respuesta a la exclusión económica se comienzan a generar nuevas formas de protestas sociales, a las tradicionales movilizaciones sindicales, en una modalidad que se dará a conocer como piquetes. 1 Cuando hacemos referencia al concepto de protesta, en palabras de Cresto (2014), estamos haciendo referencia a “una acción o a una configuración de acciones de carácter contencioso que lleva adelante una personificación social determinada o una fuerza social ante otra personificación, orientada a conquistar sus demandas. Las acciones de protestas generalmente se enmarcan en conflictos.” (Cresto, 2014, 4). […] Siguiendo una concepción de Weber (2002), entiende al conflicto como, “una relación social en la cual una de las partes orienta su acción con el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes.” (Weber, 2002, 31). El derecho a la protesta, que, por otra parte, está expresamente reconocido por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de derechos humanos, los cuales están implícitos en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en el artículo 19, en la libertad de opinión y de expresión, y en el artículo 20, como es la libertad de reunión y de asociación pacífica, obligan a los Estados el deber de respetar el derecho de disentir y reclamar públicamente por sus derechos constitucionales. El piquete como un movimiento semi-organizado de acción colectiva, implica una modalidad efectiva de protesta frente a las autoridades, asociado principalmente a la desocupación, producto de la desindustrialización. Este tipo de reclamo fue evolucionando y con el paso de los años se consolidó a lo largo de nuestro país. En un principio estaban basados principalmente en la necesidad de la obtención de puestos de trabajo o empleos, luego se fueron diversificando hacia otras áreas como ser: exigencias de mayor seguridad, mejoras en las condiciones de acceso a la salud, a la vivienda, a adecuados
1 Según el diccionario de la Real Lengua Española, la palabra “piquete” se denomina a un grupo de personas que exhiben pancartas con lemas, consignas políticas, peticiones, etc. También a un grupo de personas que pacíficamente o violentamente, intenta imponer o mantener una consigna de huelga.
servicios sanitarios, mejoras en el acceso a la educación, problemas relacionados a la pobreza, desocupación y marginalidad, el reconocimiento de derechos relacionados a los pueblos originarios, derechos humanos, entre otras manifestaciones que se fueron generalizando hasta nuestros días. El Estado se encontró ante una problemática que demandaba una nueva política de intervención sobre la ocupación del espacio público, para poder dar respuesta a las numerosas y diversas peticiones que interpelaban al sistema institucional de gobierno. Se comienzan a otorgar subsidios, que permitían descomprimir los reclamos de trabajo. Con el tiempo, estos se convirtieron en planes sociales que garantizaban cierta estabilidad en la obtención de sus necesidades básicas como la alimentación. Las protestas devinieron en formas más organizadas que fueron estableciendo importantes redes sociales de contención, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables. Las asambleas populares barriales fueron un componente fundamental en la consolidación de estas nuevas modalidades de manifestaciones sociales. Por otro lado, estas nuevas organizaciones colocaron el tema de la desocupación y sus consecuencias sociales, producto de las políticas socioeconómicas del gobierno, en el centro del debate. La retirada del Estado y su posterior desmantelamiento implicó, en palabras de Auyero (2002), “un proceso de constante degradación del sistema político de educación, del sistema político de salud y de las políticas públicas de viviendas dedicadas a los sectores de bajos ingresos.” (Auyero, 2002, 194). Este nuevo sentido que toman los distintos actores, compartiendo sus necesidades y expectativas, generaron un conjunto de medios para la formulación de sus reclamos y, como afirma Auyero (2002), “una colección de sentidos que emergen en la lucha de manera relacional.” (Auyero, 2002, 189). Estas formas relacionales provocaron que en poco tiempo se incorporen estas nuevas formas de protestas y comiencen a adoptarse en todo el país. Charles Tilly (1995), elabora un concepto al respecto que denomina teoría de repertorio de acción colectiva, se refiere: “al conjunto ilimitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercidas mediante un proceso de selección relativamente deliberado.” (Tilly, 1995, 120). En la misma línea de pensamiento, Sídney Tarrow (1998), elabora un concepto similar: “los cambios en las oportunidades y condicionamientos políticos son los incentivos más importantes para iniciar una nueva fase de conflictividad.” (Tarrow, 1998, 7). Por su parte Javier Auyero afirma, “que los cambios en el repertorio de las protestas en Argentina crearon un repertorio cultural de diversos hábitos adoptados por los distintos actores, que le dieron forma a estas nuevas modalidades de protestas sociales y su carácter insurgente en la acción colectiva.” (Auyero, 2002, 189).
diferentes sectores sociales de la población que las llevan a cabo. Entre las caracterizaciones que se suelen emplear, con fuerte contenido moral e ideológico, están conceptos como: violencia, ilegalidad, delincuencia, ilegitimidad, activismo de izquierda, infiltración política. Según Raiter (1999): “el lenguaje no existe independiente de sus usuarios, y los usuarios sólo utilizan el lenguaje en situaciones históricas concretas.” (Raiter, 1999, 19). Es decir, que “cuando constatamos que actualmente en la Argentina llamamos ‘inversores extranjeros’ al mismo referente que en la década del ’ llamábamos ‘empresas imperialistas’, o ‘empresarios’ a los que antes eran ‘patrones’ constatamos un cambio ideológico, un cambio en la concepción del mundo.” (Raiter, 1999, 22). Por su parte Pardo (2000) dice: “el hecho de persuadir conlleva la idea esencial de que existe otro que necesita o debe ser convencido. El que persuade lo hace sobre sus ideales, convicciones, etc., que no necesitan ser de origen propio, sino que pueden estar reproduciendo otros valores a los que él a su vez adhiere, así se va construyendo una cadena persuasiva.” (Pardo, 2000, 138). Estas caracterizaciones que mencionamos han estado acompañadas normalmente de la exigencia de la aplicación de sanciones sobre quienes alteran el orden público, es decir mediante la gestación de situaciones conflictivas que causan intranquilidad pública. Ahora, lo que entendemos como orden público o el bien común, son conceptos que deben ser llenados con valores de la democracia, de la Constitución Nacional, en el respeto de los derechos de las personas, y no como forma de criminalizar las protestas sociales como conductas que producen fastidio porque las personas o las cosas no están en el lugar que deseamos que deberían estar. Por otro lado, recordemos que los grupos de personas que actúan normalmente son agrupaciones de personas mayores y menores de edad, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, trabajadores privados o públicos, desocupados o con una ocupación remunerada. Cada protesta tiene diferentes motivos, la satisfacción de una o varias demandas, ya sean estas sociales, económicas, políticas, electorales, personales, etc. Los integrantes de las protestas sociales son grupos que se manifiestan con consignas diversas en forma verbal o mediante el uso de pancartas muy visibles a lo lejos, con o sin la utilización de megáfonos, realizando pintadas en las paredes o en el pavimento. También se pueden observar en determinadas manifestaciones el uso de determinados elementos peligrosos, como ser palos, piedras u otros elementos y el accionar de grupos que actúan a cara descubierta o encapuchados. El uso de estos elementos considerados peligrosos, pueden conducir a la afectación de un bien jurídico concreto o de un daño a la integridad física de las personas, y que no necesariamente
formen parte de la protesta, justifica, en muchos casos, la mirada criminalizante de la protesta social dentro de una caracterización con relación a la violencia. De aquí la importancia de una adecuada política en materia de seguridad sobre las manifestaciones públicas que lleven adelante las organizaciones o grupos sociales, como forma de generar previsibilidad y garantice los derechos esenciales de las personas más vulnerables. En palabras de Borja y Muxí (2003), “el reto político es poder garantizar la libre expresión de los colectivos sociales, la organización y la acción de sectores que se movilizan, y la transformación de las relaciones y de los usos que se dan en el espacio público y que expresan la fuerza de los diferentes colectivos sociales.” (Borja y Muxí, 2003, 66). Además, el espacio público debe ser observado como un lugar de ejercicio de los derechos, (…) “…un medio para el acceso a la ciudadanía para todos aquellos que sufren algún tipo de marginación o relegación, que expresa, además, un sueño del ocupante de la ciudad, que es alguien en ella y no está solo.” (Borja y Muxí, 2003, 66). Es por ello, que el espacio público se vuelve un lugar en donde la sociedad se hace visible. En donde, en ocasiones, es la última instancia del derecho a ejercer como ciudadano. Como bien manifiestan Borja y Muxí, “un espacio público de conquista democrática. La conquista implica iniciativa, conflicto y riesgo, pero también legitimidad, fuerza acumulada, alianza y negociación.” Y agrega que “el derecho es la garantía de justicia y que proclamar la ilegalidad como una práctica social en un estado de derecho puede entenderse como una forma de favorecer la arbitrariedad y el privilegio de los fuertes.” (Borja y Muxí, 2003, 71). Generalmente la democracia se nutre, como forma de justificación de las protestas sociales, el derecho a la libertad de expresión. Para Benente (2013), “las manifestaciones son una muestra de poder, una manifestación de fuerza que se opone a otro poder, a otras fuerzas, que tiene el trasfondo de un poder que se ubica en la misma trama del diálogo.” (Benente, 2013, 10). Las protestas terminan visibilizando una problemática social producto de la incapacidad institucional de la política de gobierno, en dar respuesta satisfactoria a este tipo de conflicto. Cuando las demandas transitan exclusivamente por los canales institucionales, por las mismas instituciones, que en muchos casos son la causa del problema contra el que se lucha, es la razón por la cual termina siendo necesario cortar una calle o una ruta, y así lograr una respuesta que brinde una solución o se garantice un derecho. El reconocido jurista Eugenio Zaffaroni (2010), sostiene que “la protesta que se mantiene dentro de los cauces institucionales no es más que el ejercicio regular de sus
respuesta y proveer las soluciones adecuadas a cada caso que constitucionalmente le está asignado. Con la finalidad de crear cierta previsibilidad de respuesta preventiva, en función de limitar el ejercicio del derecho de reunión y de protesta, se crearon instrumentos legales de intervención desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, basados en una serie de protocolos de intervención policial sobre las manifestaciones sociales, que marcan las pautas, o los criterios del organismo estatal, de cómo deben intervenir las fuerzas de seguridad para su efectiva desarticulación o su correspondiente desalojo en aquellos casos de ocupación del espacio público o cortes de calles. Este será el punto central de análisis de esta tesina, corroborar la importancia y efectividad de estos instrumentos legales desarrollados para tal fin, junto a otros factores conceptuales que se construyen en torno a las movilizaciones sociales como una forma de estigmatizar a los diferentes sectores sociales de la población que las llevan a cabo, y evitar en lo posible que sus diversas peticiones interpelen al sistema institucional de gobierno.
Metodología:
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad abordar el uso de los instrumentos legales vigentes que regulan el accionar de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones sociales desde la creación del Ministerio de Seguridad. En base a la hipótesis que da sustento a la presente tesina, sobre la importancia de la conflictividad de derechos y como estos influyen sobre las formas de intervención del Estado que, mediante el uso de estos instrumentos normativos de seguridad, tienen como propósito y finalidad lograr previsibilidad y regular un normal desenvolvimiento de los acontecimientos propios del conflicto. Para ello, se realizará un relevamiento de la información existente sobre la materia. Se procederá a realizar un enfoque teórico a fin de dar cuenta de la evolución y progreso de las modalidades de protestas que han surgido a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que las políticas llevadas a cabo por las administraciones gubernamentales han desarrollado diferentes realidades que responden a un complejo entramado de variables económicas, políticas, sociales y territoriales. En esta investigación se desarrollará una estrategia cualitativa a través de entrevistas y observaciones. Se estima la realización entre cinco a diez entrevistas a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad, que tienen responsabilidad directa en la gestión e implementación de los protocolos de seguridad. Se considera, además, la
realización de una entrevista a un referente de la política pública de seguridad y de un referente social. Su finalidad es captar conceptualizaciones que marcan sentidos, valoraciones y percepciones sobre las movilizaciones sociales, como también, la importancia del uso de protocolos de intervención en la resolución de los conflictos sociales. Además del análisis de la legislación vigente y, como estos instrumentos normativos se van adecuando a los distintos sistemas institucionales de gobierno; observaremos su implementación a partir del análisis de dos casos modelos. 3 - 4 Del análisis de los dos casos modelos se podrá verificar, las disposiciones emanadas de los protocolos, cómo y de qué forma se llevaron a cabo y su grado de efectividad en sus diferentes dimensiones. Se presentarán las consideraciones finales donde se plantearán los desafíos que deben enfrentar los diferentes actores en la utilización de protocolos de seguridad, además, de las responsabilidades que deben asumir quienes están a cargo del desarrollo de políticas públicas vinculadas a este tipo de problemáticas de seguridad ciudadana.
Cronograma:
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Revisión bibliográfica x x x x x Sistematización información x x x x x Diseño trabajo de campo x x x x x Realización trabajo de campo x x x x x Análisis de resultados x x x x Redacción/Escritura tesina x x x x x x x x
Bibliografía:
Auyero, Javier , “Los cambios en el repertorio de la protesta social en Argentina, Desarrollo Económico” , Vol. 42, No. 166 (julio - septiembre, 2002), Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, Buenos Aires, 2002, p. 187-210, Disponible en: http:// www.jstor.org/stable/3455940?origin=JSTOR-pdf
3 Caso Nº 1: Protesta Kraft. Intervención mediante el Protocolo de 2011. 4 Caso Nº 2: Protesta Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Intervención nuevo Protocolo 2015.
septiembre, 2002), Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, Buenos Aires, 2002, p. 187-210, Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3455940?origin=JSTOR-pdf Tarrow, Sidney , “Movimientos sociales y contenidos políticos” , Universidad de Cambridge, Nueva York, 1998, pág. 7, en Auyero, Javier, “Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina” , Desarrollo Económico, Vol. 42, No. 166 (julio - Septiembre, 2002), Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, Buenos Aires, 2002, pág. 187-210, Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3455940?origin=JSTOR-pdf Weber, Max , “Conceptos sociológicos fundamentales” , en Economía y Sociedad, ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2002, pág.31.
Índice:
Título …………………………………………………………………………………………… 1 Fundamentación ……………………………………………………………………………… 2 Pregunta de Investigación …………………………………………………………………… 2 Objetivo General ……………………………………………………………………………… 3 Objetivos Específicos ………………………………………………………………………… 3 Hipótesis ………………………………………………………………………………………. 3 Estado de la Cuestión ……………………………………………………………………….. 4 I. Origen, evolución y modalidades de las protestas sociales en Argentina …. 4 I. Análisis de la normativa vigente sobre protocolos de seguridad en actuación de las fuerzas de seguridad. ………………………………………... (^6) II. Conflictividad de derechos y uso de protocolos de seguridad ………………. 9 Metodología …………………………………………………………………………………… 11 I. Entrevistas ………………………………………………………………………… 11 II. Casos de intervención …………………………………………………………… 12 Cronograma …………………………………………………………………………………… 12 Bibliografía …………………………………………………………………………………….. 12 Índice …………………………………………………………………………………………... 14
