LA POTESTAD EXPROPIATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD
PRIVADA
Concepto y fundamento de la expropiación forzosa:
Dentro del género de las potestades administrativas, la expropiatoria implica de modo conceptual
la privación deliberada por parte del Estado, confrontando directamente la garantía de integridad
patrimonial del administrado. En ese sentido, la figura de la expropiación forzosa busca conciliar
en un punto medio o de equilibrio el ejercicio de una potestad reconocida al Estado en procura del
bienestar o beneficio general, por un lado, y, de otro lado, la tutela de los intereses o derechos de
los administrados.
Aunque algunos autores mencionan que la institución de la expropiación forzosa puede hallarse
desde la Edad Media, fue recién en el siglo XVIII en que se proclamó categóricamente la propiedad
privada. Es decir, la historia constitucional de la expropiación forzosa inicia con la proclamación de
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo artículo 17 se configuró
el derecho a la propiedad como “sagrado e inviolable”. No obstante, junto a dicha concepción
liberal de la propiedad, se estableció también la posibilidad de que el Estado pueda privar de ella a
los particulares, naciendo así la expropiación forzosa como un instrumento de carácter
excepcional que permite limitar la titularidad del derecho de propiedad.
Ahora bien, tanto en la Carta Magna de 1979 como en la de 1993 se reconoce el derecho a la
propiedad privada, estableciéndose en la actual Constitución en su artículo 70º, que a la letra dice:
Inviolabilidad del derecho de propiedad. - “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo
garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede
privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad
pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de
la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.”
En ese sentido, la expropiación forzosa se apoya necesariamente en un sistema de garantías que
parte de reconocer a la propiedad como un derecho fundamental que debe ejercerse de acuerdo
con el bien común y dentro de los límites que regula el legislador; dicho sistema se encuentra
conformado por los siguientes requisitos:
- Debe concurrir una causal de necesidad pública (estado de necesidad, por ejemplo:
construcción de importantes obras de infraestructura, bienes y servicios públicos que
redundan en el bienestar de la comunidad en general, carreteras) o de seguridad nacional
(nuevo concepto, supuestos en los cuales se pone en riesgo el orden y la seguridad del
país, por ejemplo: conflicto armado externo).
- Debe pagarse, en forma dineraria (efectivo) y de modo previo, el justiprecio, debiendo
éste incluir el pago por el valor del bien expropiado, así como la compensación integral por
el eventual perjuicio (daño adicional que soporta el propietario al ser privado de su
propiedad, con lo cual queda comprendido el daño emergente y el lucro cesante).
- La acción debe encontrarse legitimada por una ley singular para cada caso concreto,
descartando así la aprobación de leyes generales que permitan la ejecución de numerosas
expropiaciones. La expropiación no podrá ser de ningún modo declarada por normas con
