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Xavier Trinidad Alcacio Sánchez. Universidad Franciscana de México. Licenciatura: Contaduría Publica 1 semestre
Funciones Económicas del Gobierno.
- Salvaguardar la ley y el orden, incluida la impartición de justicia y la regulación económica.
- Corregir fallas de mercado (como bienes públicos y externalidades). Esto es cuando un mercado no organiza eficientemente la producción o la asignación de los bienes y servicios a los consumidores como la “seguridad nacional” que es un servicio que, si no lo produce el Estado, el mercado privado no lo haría.
- Proveer justicia social.
- Fomentar el ambiente macroeconómico para promover el crecimiento económico con estabilidad de precios. La producción de bienes y servicios para la promoción de crecimiento (por ejemplo, construcción de infraestructura pública) puede constituirse en una quinta función, pero es una de las más controvertidas. Aunque los economistas radicales de la no-intervención solo reconocerían las dos primeras, prácticamente todos los países se involucran en todas ellas. México no es la excepción y la mayor parte están, incluso, reconocidas en el artículo 25 de nuestra Constitución política. Al margen de las controversias que pueden suscitarse me gustaría referirme a lo importante: cómo se financia y organiza el Estado para su cumplimiento. Conviene señalar que, en nuestro país, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, corresponde al orden federal diseñar y aplicar políticas públicas que
unan las entidades federativas en un Estado nacional. Aquellas funciones no asignadas de manera explícita a la autoridad federal deberán ser consideradas de orden estatal. Por su parte, el orden municipal es responsable, entre otros, de acuerdo con el artículo 115 constitucional del servicio local de suministro de agua potable, alcantarillado y drenaje, del alumbrado público, de la recolección y tratamiento de la basura, del tránsito local, de la seguridad pública, de la administración de parques y jardines públicos, rastros, mercados y cementerios, de la sanidad local, de los bomberos y del registro civil. Para proveer todos estos bienes y servicios públicos, el gobierno requiere organizarse de manera eficiente para hacer el mejor uso de los recursos públicos. Este es el motivo por el que presumiblemente en 1983 surge el Sistema Nacional de Planeación. Este sistema se vale de una serie de instrumentos normativos, operativos, de control y evaluación. Los instrumentos normativos son el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los Programas Sectoriales, los programas estratégicos (regionales y especiales) y los programas institucionales. Por su parte, los instrumentos operativos incluyen los programas de operación anuales (POAs), la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y los Convenios de Desarrollo [social]. Estos últimos pretenden especificar las acciones que tendrán que efectuarse durante un año para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los Programas Sectoriales, es decir, los normativos. Por último, los instrumentos de control se refieren a los informes trimestrales, mientras que los de evaluación lo constituyen los informes de gobierno, los informes de ejecución del PND, y la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal, entre otros. En cuanto a instituciones encargadas de llevar a cabo estas funciones, existen varias que son responsables del manejo de los dos instrumentos principales en
legislativo, la parte presupuestaria es el proceso más político que existe en materia de finanzas públicas. Como se sabe, el proceso presupuestario describe cómo se toman las decisiones referentes a recursos públicos, es decir, intenta responder quién hace qué, cómo y cuándo en la preparación e implementación de un presupuesto. Este proceso, por naturaleza se encuentra inmerso en reglas formales e informales de comportamiento e interacción. En el fondo es el mecanismo a través del cual grupos políticos negocian sobre objetivos y metas en conflicto. Cómo resolver esta situación desde el punto de vista institucional es clave para incrementar la eficiencia del gasto. Así, la subsecretaría de egresos se encarga de formular el PEF, el que envía a la Cámara de Diputados para su aprobación (nuevamente observe que el legislativo interviene). Aquí es donde se da un proceso de negociación importante, y desafortunadamente carente todavía de algunas reglas. Este no es un fenómeno exclusivo de México, pero algunos otros países han establecido reglas para elaborar el presupuesto de manera que se politice lo menos posible. Por ejemplo, en algunos es imposible que se apruebe la construcción de alguna obra de infraestructura sin que haya pasado por una evaluación de costo-beneficio económico y social. México cuenta con mecanismos para ello, pero no está reglamentado y el Congreso puede aprobar (de hecho, lo sigue haciendo) una obra que no ha pasado por tal evaluación. Otro elemento importante es la evaluación del gasto, la que en nuestro país lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La misión de la ASF es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal
(artículo 79 Constitucional), el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público. Finalmente, la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de manejar la deuda pública del país, así como de crear en coordinación con el Banco de México el ambiente macroeconómico adecuado para promover el crecimiento del país. El manejo de deuda es muy importante porque aquél que se realice de manera deficiente podría incluso ocasionar una crisis financiera que afecte a todos los mexicanos. Destacan las crisis de 1982 y la de 1994. En esta última se cometió el error de concentrarla con bonos cuyo vencimiento era de muy corto plazo, además de haberlos denominado en dólares durante 1993. Las limitaciones de este diseño organizacional obedecen a falta de coordinación entre las instituciones, a veces por factores de interés político y otras veces faltan los instrumentos e incentivos adecuados para ello. Debe decirse, que muchas otras veces la falla no es de diseño institucional sino de aplicación (o aplicación selectiva) del estado de derecho, que es el caso cuando la ASF encuentra ilícitos y no se tiene consecuencia alguna.
