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UNIDAD I. Estado y Educación.
● PERONISMO (1946 - 1955)
El Estado nacionalista y popular peronista se reservó un papel de intervención directa sobre la familia, en tanto ésta era considerada la célula básica de la sociedad y modeladora del carácter. En ese contexto, el afianzamiento de los valores familiares era considerado fundamental para reforzar el prestigio y el valor de la nacionalidad argentina y su identidad, en tanto hogar y patria y doctrina justicialista iban unidos en el discurso oficialista. La escuela era uno de los instrumentos privilegiados para lograr la unanimidad buscada por el régimen en torno de su doctrina, transformada en doctrina nacional; por lo tanto el sistema educativo y el niño como portador de ese mensaje hacia su familia, fueron algunas de las cuestiones que privilegió el oficialismo para reforzar el principio de lealtad al “líder” y su acción de gobierno.
● Populismo y Familia Para Juan Domingo Perón, el culto a la familia formaba parte del patrimonio cultural argentino, junto a otros aspectos como la historia, el idioma, la religión, la poesía popular, el folklore y el respeto a las efemérides patrias. Cuando en junio de 1946 el gobierno peronista se instaló en el poder, la familia se presentó como la base de una sociedad que daría sustento a la Nueva Argentina justicialista y la difusión de esa imagen se convirtió en uno de los objetivos del Estado peronista. Cuestiones como la provisión de vivienda, la asistencia social y la protección integral de la familia, especialmente de los sectores trabajadores, pasaron a ocupar un primer plano en el discurso gubernamental. La preocupación por la familia, que formaba parte del perfil nacionalista del gobierno, implicaba como uno de sus aspectos fundamentales, una política específica referida a la mujer, considerada vehículo de unión, y conservadora de las tradiciones en el hogar. La concepción política populista consideraba que el aumento de la población contribuiría al crecimiento económico y a la defensa del país, y en consecuencia, la protección a la familia y a la maternidad eran funciones primordiales del Estado. Ya desde su actuación en el gobierno surgido de la revolución de 1943, el entonces Coronel Perón, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, otorgaba su atención al problema de la maternidad y el trabajo de mujeres y menores, en relación con lo cual se continuó con la legislación anterior y se dictaron normas sobre períodos de descanso, se adecuaron las aplicadas en el caso de tareas específicas (azafatas, trabajadoras del comercio, etc), en tanto ocupaba un lugar importante la protección a la madre y el niño. Posteriormente, a través del Primer Plan Quinquenal y de la Fundación Eva Perón se intensificó esa política, con un sentido asistencial. A través de las células mínimas se crearon
hogares de tránsito con el fin de lograr una atención confortable a mujer e hijos y buscar la solución integral al problema, a la vez que el plan se ocupaba de la alimentación de la madre y el niño y emprendía la lucha contra la mortalidad infantil. La participación de la mujer –que desde 1947 alcanzaba el derecho al voto- en la construcción y afianzamiento de la nacionalidad era exaltada, así como en la promoción social de la familia, pero sin dejar de estar ligada a su papel en el hogar. Se destacaba en el discurso su participación en las diferentes profesiones, como ciudadanas y representantes y como deportistas, atribuyéndose al peronismo y al propio Perón el haberlo logrado. Cuando se comenzó a poner en marcha el Primer Plan Quinquenal en 1947 , la familia pasó a ser considerada la unidad a través de la cual se implementará gran parte de las políticas distributivas. Las políticas relacionadas con el salario familiar, la protección de la familia numerosa, la atención a la cuestión de la vivienda, las preferencias en préstamos, entre otras medidas tenían por destino a la familia trabajadora fundamentalmente. El tema de la carencia y mal estado de la vivienda popular era uno de los más destacados, y los planes estatales de viviendas económicas, propiciados por el Plan quinquenal, debían actuar no sólo como paliativo para las habitaciones familiares sino también como activadores de la demanda y dispensadores de trabajo. A partir de 1949, la crisis económica, los desajustes de la planificación y la coyuntura externa impusieron la vuelta al campo y obligaron al gobierno a poner el énfasis en la mayor producción y el ahorro como métodos para la recuperación económica. La familia fue una vez más objeto de apelación como agente básico para llevar a cabo esa política y generar una disminución en el consumo. Para la realización del Plan de Emergencia Económica de 1952 y la concreción de los acotados objetivos del Segundo Plan Quinquenal , se requería su colaboración en esos rubros y hacia ella se dirigió la llamada gubernamental. Las recomendaciones se centraban en la necesidad de organizarse dentro de la familia para lograr una inflexible austeridad en el CONSUMO y un esfuerzo decidido en PRODUCIR, para lo cual se debían adoptar varias estrategias según recomendación del gobierno, como comprar en cooperativas o proveedurías gremiales donde los precios eran menores, denunciar a los comerciantes inescrupulosos como un mecanismo para reducir los costos de intermediación y evitar gastos superfluos. Además, cada miembro de la familia que estuviera en condiciones de trabajar debía producir, para aumentar el bienestar nacional, popular, familiar e individual. No debía ser sólo el jefe de la familia el único que trabaja y aporta. En consecuencia, se pedía a la familia trabajadora que regulara el consumo, en una etapa en que la política redistributiva del régimen peronista encontraba sus límites, impuestos por la crisis económica. En cuanto a la asignación de responsabilidades entre los miembros de la familia, era la madre la responsable de hacer su aporte a la economía familiar desde la administración misma del hogar, más que a través del ejercicio de un empleo remunerado. En
En esta visión la escuela era una prolongación de la familia, de la cual debía reparar las posibles desviaciones en los valores que se consideraban los más tradicionales de la sociedad argentina, y entre ambas instituciones contribuían a otorgar un hombre útil al Estado. La asistencia social de la madre y el niño eran las cuestiones fundamentales analizadas en tanto se presentaban como una preocupación fundamental de la obra de justicia social en la Nueva Argentina. Dentro del concepto de la familia como base de la sociedad y las virtudes del hogar argentino, se englobaba asimismo el estudio, la actuación de la mujer en la historia y en la vida cívica. En los grados intermedios se trataba, en especial, el papel de la mujer en la época de la conquista, las guerras de independencia y en la Nueva Argentina, las protagonistas de los relatos se mencionaban normalmente más que por su propia actuación pública, por su relación con hombres destacados y sosteniendo en horas difíciles las virtudes cristianas de los hogares argentinos. La mayor participación pública de la mujer era entonces destacada pero no implicaba de todos modos resignar los tradicionales roles de género y su papel en el hogar. El tema de la familia, también fue inscripto en el contexto del Segundo Plan Quinquenal que tuvo en la escuela un medio privilegiado por el Estado para su difusión. Tanto en las revistas didácticas como en los textos especialmente dedicados a la enseñanza del plan se continuaban delimitando los sexos en la distribución de las tareas. Cabe destacar que al respecto se mostraban mucho más laudatorios los libros de lectura peronistas, es decir editados después de 1952, que los manuales y las revistas didácticas de la misma época. Estos presentaban todos los temas propios del discurso político justicialista, como hechos dados a destacar pero evitando excesivos entusiasmos de alabanza al régimen, como una necesidad de adaptación a las políticas educativas vigentes.
● DICTADURA MILITAR (1976 - 1983)
Durante sus últimos meses, avasallado por la dinámica misma de una crisis múltiple, el gobierno peronista de Isabel estuvo inmerso en un proceso precipitado de desgaste y deslegitimación, que se manifestaba en un profundo descontento social y en la permanentemente amenaza conspirativa de los militares. El país se encontraba sumergido en una crisis económica de suma gravedad que se expresaba a través de una inflación galopante que desvirtuaba los índices económicos. ● El consenso inicial La intervención de las Fuerzas Armadas sobre la vida institucional del país contó con la aceptación de amplios sectores e instituciones de la sociedad.
Por lo tanto, la injerencia de las Fuerzas Armadas en la vida democrática del país se fue tornando, para la sociedad, como una alternativa siempre posible. ● El comienzo del Proceso Una vez en el poder, el nuevo gobierno de facto dio inicio al denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) que tenía como meta central realizar una intensa reestructuración del cuerpo social y del Estado. A fines de realizar un reparto equitativo de poder y evitar cualquier personalización del mismo se conformó un cuerpo colegiado integrado por los comandantes en jefe de las tres armas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea): la Junta Militar. Por medio del artículo 1° del Estatuto del PRN se designó a la misma como suprapoder de la nación y órgano supremo del Estado, por encima de la Constitución Nacional. La Junta, a su vez, debía ser la encargada de designar al Presidente de la Nación, ejecutor de las grandes políticas trazadas por el poder supremo, que tendría un mandato de tres años. El Poder judicial fue intervenido, y las cámaras legislativas fueron suprimidas, instituyéndose en su lugar una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL). La finalidad determinada desde el inicio fue realizar una profunda militarización del Estado, que abarcó no sólo la administración central, sino también, los organismos descentralizados, las provincias, los municipios, y las empresas estatales. Se dispuso la disolución de todos los partidos políticos y se estableció el cese inmediato de toda acción política. Se determinó, también, la disolución de cualquier tipo actividad gremial de trabajadores, empresarios y profesionales. En fin, se suprimieron las libertades públicas de los ciudadanos, permaneció activo el estado de sitio, instituido por el gobierno anterior, y se promulgó la pena de muerte para las acciones contra la patria –que nunca llegó a aplicarse-. La Junta Militar, integrada por el teniente general Videla, el brigadier Agosti y el almirante Massera, emprendió el reordenamiento. Luego de cinco días de tener en sus manos el poder ejecutivo, el 29 de marzo nombró como presidente de la nación a uno de sus miembros, Videla, que retuvo a su vez la comandancia sobre el Ejército. También se dio a conocer públicamente el Acta que precisaba a través de sus ejes centrales los objetivos básicos para el iniciado PRN: a) restituir los valores esenciales del Estado; b) erradicar la subversión; c) promover el desarrollo económico basado en el equilibrio y participación de los distintos sectores; d) posteriormente, instaurar una democracia, republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino. Las Fuerzas Armadas debían reencausar a la Argentina por la senda “occidental y cristiana”, y el costo para tal cometido se aseguraba elevado.
El gobierno militar implementó su acción en dos frentes. Por un lado, el militar, tendiente a barrer con los actores que dentro de la población, potencialmente o de hecho, se comportaban, en sus palabras, “subversivamente”. Por otro lado, el económico, que implicaba terminar con el modelo de sustitución de importaciones y así desterrar definitivamente el sistema obrero industrial consolidado bajo el peronismo. El cambio fundamental consistió en la erradicación y modificación absoluta de los sustentos estructurales e institucionales de los sectores populares, de tal modo que la experiencia de activación social, pasada y presente, no vuelva a repetirse. Por lo tanto, junto al aniquilamiento, desaparición y tortura de personas, se reubicó a la clase trabajadora, política e institucionalmente en una posición subordinada. Martínez de Hoz, miembro de la burguesía rural e industrial y presidente del Consejo Empresario Argentino, asumió como jefe del equipo económico, designado por el presidente Videla, se propuso terminar definitivamente con el modelo redistribucionista que propiciaba una fuerte presencia estatal sustentando a una organizada clase trabajadora y a un sector empresario de orientación mercado internista. En el primer año de gestión, Martínez de Hoz y su equipo, sólo esbozaron algunas medidas de devaluación y control del gasto público. Esto logró que la situación económica mejore levemente todavía bajo el viejo esquema, el cual parecía estar lejos de agotarse, ya que a pesar de la inflación presentaba aún un ritmo de crecimiento constante sostenido por el ahorro interno y una intacta capacidad industrial. A pesar de los indicios de bonanza, en 1977 las reglas del juego económico cambiarán para siempre. En junio de ese mismo año (1977) se llevó a cabo la primera transformación esencial del equipo económico. Se liberaron las tasas de interés y se puso en manos de los bancos la decisión en la asignación de crédito, anteriormente regulada por el Banco Central, estableciendo de este modo las primeras reglas de mercado para el sector financiero interno. Al mismo tiempo, se aplicaron medidas monetarias restrictivas que trajeron como resultado un rápido aumento de las tasas de interés, ahora reguladas por las entidades bancarias. De esta manera, gran parte del compromiso argentino se generó entre 1979 y 1980, durante el gobierno de Videla, debido a que la política de liberalización el Estado fue sufriendo una escasez de divisas que tuvo que saldar mediante un empréstito creciente, tomando créditos con dinero caro y vendiendo dólares baratos por el atraso cambiario. Los cambios tendieron en el discurso a controlar la inflación, pero esencialmente a terminar con un Estado dirigista y así limitar su rol activo en la economía. Por otra parte, dentro del nuevo paquete de medidas también se implementó la denominada “pauta cambiaria”, una progresiva reevaluación de la moneda local, conocida comúnmente como la “tablita”, que se basaba en una tabla que preveía la variación futura del tipo de cambio a tasas decrecientes, y que benefició aún más la especulación financiera. El temor a una posible recesión, causada por éstas, fue la razón por la cual en 1978 se inició la segunda etapa del plan económico, que duró hasta la crisis de 1981. Esta nueva etapa será conocida
como la apertura financiera y consistió principalmente en una rebaja de los aranceles para las importaciones y una acentuación en la quita de trabas a los movimientos de capitales. Hacia febrero de 1981, el plan económico había caído ya en un proceso de profunda crisis que terminaría con el mandato de Videla y el alejamiento definitivo de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía. Roberto Viola asumió la presidencia una vez finalizado la etapa de Videla. Pero llegó al poder debilitado debido a la oposición de varios frentes internos, a lo que se sumaba, a diferencia de la administración anterior, la ausencia en su gabinete de una figura preponderante. Lorenzo Sigaut, en abril de 1981, eliminó la “tablita” y estableció un tipo de cambio fijo, a la vez que produjo fuertes devaluaciones junto a otras medidas que tendieron a desacelerar el proceso de apertura económica. Ya a los tres meses de su gestión, Sigaut tuvo una agudización de la crisis económica, una fuerte oposición interna y con el cambio económico como producto de esta estrategia de acercamiento, alejó a Viola del gobierno, y a Sigaut del Ministerio de Economía, para dar lugar a la fracción dura conducida por Galtieri. El tercer gobierno del Proceso adoptó recetas económicas netamente ortodoxas, la presencia del nuevo ministro, Roberto Alemann, significó el retorno al enfoque liberal de Martínez de Hoz, interrumpido por la flexibilización de Sigaut durante la gestión de Viola. A la adversidad económica, que continuó, se le sumó la crisis política iniciada tras la derrota en Malvinas. En medio de este escenario caótico se produjo otro hecho importante dentro de las transformaciones económicas efectuadas durante la dictadura militar. Asumió la dirección del Banco Central Domingo Cavallo. Este, en medio de un descalabro económico y político, puso en marcha una medida que tendió a la licuación de pasivos, conocida como la estatización de la deuda privada. Y que consistió en beneficiar a las empresas privadas mediante un “seguro de cambio”. Es decir, el Estado se hacía cargo de la diferencia de sus deudas en moneda extranjera que habían adquirido tras el auge inflacionario. Por consiguiente, la deuda externa pasó de 8.500 millones de dólares en 1976, a 25.000 millones en 1981, para terminar a principios de 1984 en 45.000 millones. En definitiva, los rasgos más sobresalientes que operaron sobre esta realidad fueron: una desindustrialización selectiva que condujo a una desocupación estructural y a un incremento de la precariedad laboral; una importante concentración de capital en pocos actores económicos, vinculados centralmente a la “patria contratista”; la hegemonía del capital financiero por sobre las actividades productivas; y un sustancial endeudamiento externo, vinculado estrechamente al nuevo sistema de dominación. El éxito radicó en la creación de un nuevo modelo de acumulación en manos del capital concentrado trasnacional, que en conjunción con los nuevos acreedores externos conformó un bloque de poder disciplinante y distributivo que pervivirá hasta la actualidad. Dentro del campo social, se produjo un vasto proceso de reestructuración con el fin de fortalecer las bases de dominación, fragmentar al sector medio e individualizar las conductas sociales.
ésta pudo ser realizada igual e implicó el retorno de la protesta social masiva dentro de un espacio público clausurado. Se practicó una estricta censura en manifestaciones artísticas de todo tipo que incluyó la prohibición de películas, intervención de editoriales, secuestro de revistas y persecución y censura de variados artistas populares. También se realizaron grandes quemas de libros y publicaciones. A pesar de esto, a fines de los setenta, con el denominado “deshielo”, comenzaron a observarse indicios de oposición y resistencia a la dictadura. El rock nacional y el circuito “under” fueron claros exponentes de esto. Como también lo fue un cine que se animaba, cada vez más, a presentar producciones de tono político, y un movimiento teatral –Teatro Abierto- que lograba paulatinamente enfrentar el miedo. Así, el campo cultural empezó, a partir de los ochenta, a ser una herida cada vez más profunda e insoldable entre el régimen y la sociedad. ● El principio del fin El 29 de marzo de 1981, en medio de una crisis económica y en medio de un desgaste significativo de gobierno se alejó de la presidencia Videla. Lo sucedió, luego de una compleja negociación interna iniciada seis meses antes, el general Roberto Viola. Entre rumores de golpe interno y una supuesta enfermedad que lo depositó en el Hospital Militar, Viola fue alejado de la presidencia. En los días siguientes el gobierno quedó interinamente en las manos de Horacio Liendo, ministro del interior. Mientras tanto el sector de los “duros” impulsaba a la presidencia a Galtieri, que poseía el apoyo de la Armada y de los Estados Unidos. Finalmente, la Junta emplazó a Viola a presentar su renuncia y nombró al jefe del Ejército como su sucesor. La caída de Viola cerró toda negociación y dio paso a los sectores que pretendían restituir de algún modo la coherencia que el proceso tuvo durante sus primeros años. ● La guerra El objetivo central de Galtieri era recomponer el dominio autoritario sobre la sociedad. Por lo que necesitaba eliminar los enfrentamientos internos y revertir el proceso de desgaste que sufría el gobierno frente a la sociedad. De la mano de Roberto Alemann, la economía volvió a ser reencausada en los términos de la ortodoxia liberal. A las acciones del nuevo gobierno se contraponía una sociedad y sus instituciones que continuaban con su paulatino despertar. Se incrementaban las presiones de los partidos políticos para una apertura democrática, de igual forma que lo hacían las demandas del movimiento de derechos humanos, que reclamaba cada vez con mayor fuerza por la suerte de los miles de desaparecidos. Otro destacable actor que ya había comenzado a tener un notable protagonismo, era el sindical. La acción gremial tendió a normalizarse desde fines de 1980, cuando fue unificada la CGT (Confederación General del Trabajo - fundada 1930) y designado como secretario general Saúl Ubaldini. A partir de ese momento las tensiones entre la confederación y el gobierno fueron en aumento. Se produjo un paro en el 81, y una masiva
movilización a San Cayetano durante ese mismo año; y el 30 de marzo del 82 un paro nacional con movilización hacia Plaza de Mayo, que sufriría una dura represión por parte del gobierno. Durante este mismo año, 1981, asume como flamante presidente de los Estados Unidos el republicano Ronald Reagan. El cambio de administración proyectó una política exterior inversamente opuesta a la del gobierno de Carter. Apoyó los gobiernos “duros” de la región, y en el caso particular de la Argentina levantó las sanciones provistas por el gobierno anterior a causa de las violaciones a los derechos humanos. Este gesto fortaleció en Galtieri la idea de una Argentina estratégicamente aliada al país del norte. En esta coyuntura fue ideado el plan de recuperación de las islas Malvinas, que como el del Beagle fue impulsado desde la Marina. La recuperación materializaba los reclamos históricos realizados por la Argentina desde 1833, momento en que las islas fueron ocupadas por los ingleses. La recuperación de las islas permitiría: unificar las Fuerzas Armadas, ganar el apoyo de la sociedad y dar por cerrado el conflicto creado con Chile por el Canal del Beagle Uno de los supuestos fue confirmado de inmediato, ya que iniciada la operación fue sumamente extenso el apoyo brindado por la sociedad en su conjunto. El 2 de abril se efectivizó la ocupación de las islas, y al día siguiente se declaró la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgia y Sandwich del sur. En lo sucesivo fue nombrado gobernador del recuperado territorio Mario Benjamín Menéndez. En Gran Bretaña, la reacción del gobierno conservador de Margaret Tatcher, que utilizó el inesperado conflicto para consolidarse internamente, no se hizo esperar. Se alistó de inmediato a parte de la Fuerza Naval y se dispuso una zona de exclusión marítima alrededor de las islas. La Comunidad Europea brindó su solidaridad a la potencia insular, y el Consejo de Seguridad de la ONU declaró a Argentina como país agresor y exigió el inmediato retiro de las islas. La rendición argentina se produjo el 14 de junio, un poco más de dos meses de comenzada la ofensiva. El saldo fue de 650 argentinos muertos, en su mayoría soldados, y más de un millar de heridos. ● La retirada El desastre de Malvinas catapultó el régimen militar hacia su final e inició el proceso de transición democrática sin necesidad de pactar un traspaso de poder. En este contexto es investido como presidente Reynaldo Bignone, el 1 de julio de 1982, sucesor de Galtieri y encargado de hacer transitar al país hacia la democracia. Impuesto su nombramiento por el Ejército, provocó la salida de la Marina y la Fuerza Aérea de la Junta y su inmediata disolución. Por primera vez desde marzo del 76 el Ejército quedó sólo con el poder político. Hubo una intensa participación en política, declarada en el aumento de afiliación a los partidos, o a través de movilizaciones que expresaban demandas o descontentos. El movimiento por los derechos humanos colocó el problema de los desaparecidos y la
Al tiempo que los trabajadores reducían fuertemente su poder social y sus conquistas obtenidas durante el período peronista, los grandes empresarios lograban incrementar fuertemente sus tasas de ganancias a partir de reducir fuertemente sus costos laborales. Se llevará a cabo una verdadera reestructuración social que potenciará los índices de desigualdad de ingresos, precarización laboral y desempleo. La sombra institucional Con la excusa de la “necesidad” de apurar los trámites de reforma del Estado sin tener que acudir a discusiones “estériles”, el Presidente abusará durante su mandato de los llamados DNU, la legislación delegada y los vetos parciales y totales, dejando en un lugar subordinado al Congreso. Además, ya desde su asunción tenderá a menospreciar el debate público de ideas y rechazará fuertemente las críticas opositoras. Pero el Presidente no sólo abusará de sus poderes de prerrogativa, sino que tenderá también a controlar al Poder Judicial. Así, en abril de 1990 logrará ampliar la Corte Suprema de Justicia de los 5 a 9 miembros existentes para garantizarse la “mayoría automática” de votos a favor. De esta manera, con una “corte adicta” al poder político, el Presidente no tendrá inconvenientes ya no sólo con los casos de corrupción sino también con las políticas de inconstitucionalidad que serán pedidas por legisladores y particulares. La “sombra” militar Se llevarán a cabo políticas inéditas por su magnitud y alcance. Indefectiblemente, los mismos nos remontan al “perdón” presidencial. Menem decidirá una amnistía a los militares sublevados en distintos levantamientos militares y lo que provocará la mayor indignación será el indulto que otorgará Menem a los militares del Proceso.
LAS “LUCES” DEL MENEMISMO Algunas luces en la dimensión económica Aunque durante los primeros años del gobierno de Menem este no logrará controlar del todo los índices inflacionarios, llegando incluso a tener que soportar dos nuevas recaídas hiperinflacionarias que, si bien menores a las vividas durante el gobierno de Alfonsín, no serán menos perjudiciales, a partir de abril de 1991 se logrará controlarlas casi definitivamente. Se aplicará la llamada Ley de Convertibilidad que consistía en un Plan de Estabilización, su permanencia excedía su configuración como una “simple ley”, al estar asociada a múltiples políticas que permitían su mantenimiento como tal. Ello se debe a que la ley, que legalizaba una paridad 1 a 1 de la moneda nacional con el dólar, sólo podía sostenerse con vida mediante el ingreso de capitales extranjeros. De este modo, el Gobierno se verá obligado a fomentar una serie de reformas para incentivar el ingreso de inversiones externas.
Los índices inflacionarios caerán a niveles históricamente bajos, lo que redundará en beneficios sociales para los sectores más desprotegidos, mientras que el PBI crecerá a tasas promedio del 8% durante el período 1991-1995. Por otra parte, el auge de consumo y la reducción de las tasas de interés que llevará a cabo el Gobierno permitirá que sectores medios y medios-bajos tengan acceso, muchas veces por primera vez, al crédito para adquirir televisores a color, electrodomésticos y productos importados a bajos precios. Finalmente, muchos trabajadores pudieron acceder también a la compra de automóviles o viajar al exterior para hacer turismo y adquirir tecnología del llamado Primer Mundo.
La política educacional a partir de los ‘90 (archivo 2008) En 1992 comienza a debatirse el Proyecto de Ley Federal, se cuestionaba el carácter subsidiario, asistencialista y de agencia de control y evaluación asignado al Estado, la modificación de la estructura del sistema y la consecuente desaparición del nivel de enseñanza secundaria. Con asombro se ha mostrado la desaparición de la enseñanza técnica y, desde el empresariado, se reclama por la carencia de trabajadores cualificados. Las universidades difunden información respecto de las carencias de conocimientos que evidencian los ingresantes, transfiriendo las responsabilidades al nivel anterior pero sin tomar en cuenta la desaparición de disciplinas, contenidos o procesos de enseñanza que contribuyen al desarrollo del pensamiento abstracto. Desde inicios de la década del ´90 el Gobierno argentino impulsó un proceso de reforma educacional. Se trata de una política profundamente articulada con la transformación económica, social y cultural que condujo al país a la peor crisis de su historia. La disminución del nivel de financiamiento y el aumento del control burocrático llevados a cabo contradicen el difundido discurso de una mayor “autonomía institucional” y de “profesionalización” de los docentes. Una de las principales consecuencias fue la desprofesionalización de los educadores, para otras, su proletarización. Todo cambio es bueno en sí mismo: esa convicción se apoya en el principio positivista de que la historia humana siempre avanza, en sentido progresivo, hacia niveles más altos y más justos de desarrollo social.
La política de transformación educativa Hasta mediados de la década del ´80, en los documentos de diversos organismos regionales se trabajaba sobre los problemas que limitaban la democratización de la educación. Este objetivo democratizador desapareció en la década del ´90 y fue reemplazado por el discurso de la “equidad”, la “calidad”, la “eficacia” y la “eficiencia”. El gobierno del presidente Menem en educación introdujo sin reservas las políticas recomendadas por el Banco Mundial. Asumió como propios, también, los planteos de la
Durante un siglo, ni los sectores conservadores ni los progresistas habían logrado la sanción de una ley que diera coherencia al sistema educativo en función de sus proyectos económicos, políticos, sociales, culturales. Solo en pleno proceso de reestructuración del Estado y de la sociedad se aprobó la Ley Federal que afirma a la familia como agente natural y primario de la educación y asigna un papel subsidiario al Estado, al que ubica en un mismo nivel que la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales. Extiende la obligatoriedad escolar de 7 a 10 años, reestructurando los ciclos y niveles del sistema educativo, a pesar de que los siete grados establecidos un siglo antes eran todavía una meta a lograr en muchas jurisdicciones y para los sectores sociales más bajos. La extensión de la obligatoriedad y la creación del Ciclo Polimodal se llevaron a cabo sin que se hubieran adoptado las previsiones necesarias para contar con la infraestructura, el equipamiento y los docentes formados para desempeñarse en esos niveles. La creación del Ciclo Polimodal implicó la desaparición del Nivel Medio. Esta medida significó la disminución del número de años de enseñanza secundaria, el vaciamiento de sus contenidos científicos y humanísticos básicos y la pérdida de uno de sus objetivos históricos: la preparación para el acceso exitoso a la enseñanza superior. En este aspecto reside, quizá, el carácter más antidemocrático y conservador de la Ley Federal. La diferenciación entre universitario y no universitario se explicita más claramente si se comparan los objetivos de uno y otro subsistema. La formación inicial del docente debe centrarse en la preparación de un trabajador eficaz, responsable y disciplinado, dispuesto a perfeccionarse de acuerdo con la oferta de capacitación que encuentre en el mercado. Las cuestiones vinculadas con el conocimiento, el sentido crítico, la creatividad, etc., se reservan para los profesionales que se forman en las universidades.
Ley de Educación Superior (N° 24521/95) Es la primera norma que legisla para toda la educación superior. No resuelve ni la histórica división universitario/no universitario, ni la diferenciación en el interior de la formación de docentes según el nivel del sistema educativo en el cual irán a desempeñarse sus graduados. Tampoco resuelve los problemas vinculados con el carácter terminal de la formación docente para el nivel primario. Desde nuestra perspectiva, esta ley no tuvo la intención de lograr una mejora efectiva de la educación superior, sino limitar la autonomía de las universidades nacionales, reconocer mayores derechos a las universidades privadas y, fundamentalmente, introducir la posibilidad de restricciones para el ingreso de los estudiantes y el arancelamiento de los estudios, tal como se “recomendara” en diferentes documentos del Banco Mundial. Algunas consecuencias de la transformación
Los datos sobre la matrícula inicial en los cursos de EGB 3 (7°, 8° y 9° año) y del Ciclo Polimodal indican que se ha producido un importante descenso en el número de inscriptos con el consecuente cierre de cursos y, en algunos casos, cierre de establecimientos. El discurso oficial ha insistido en afirmar que se produjo un aumento significativo en el número de adolescentes en el sistema. Sin embargo, si alargamos la mirada y trabajamos con las tasas de escolarización, según edad, que resultan de los tres últimos Censos Nacionales de Población podemos sostener, fundadamente, que la tendencia se invirtió entre 1991 y
Y después de 2003… A fines de 2006 se aprobó la Ley de Educación Nacional (N° 26206). Cabe preguntarnos, tal como hiciéramos en momentos de plantearse la Ley Federal de Educación, si la sanción de esta nueva ley constituye la apertura de una nueva política o el refuerzo, la continuidad o la cristalización de un proceso que se viene manifestando desde la década anterior. La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26075/05) y la Ley de Educación Técnica Profesional (N° 26058/05) evidencian una elección muy precisa de los sectores con quienes se quiere tener “coincidencias concertadas”. Tal como fue planteada, por la continuidad de concepciones, la ausencia de diagnóstico y de propuestas superadoras, se puede inferir que la nueva ley sólo constituirá una reforma administrativa “de segunda generación”: la preocupación parece centrarse, fundamentalmente, en rearmar el aparato estatal para que asuma, de modo eficiente, las funciones que le fueron asignadas por las reformas neoliberales. Puede ser interpretada como una propuesta neokeynesiana, en tanto podrá atenuar o posponer una crisis pero no resolverla.
