Jurisprudencia sobre Privación de Libertad en Convención Americana de Derechos Humanos, Guías, Proyectos, Investigaciones de Derechos Humanos

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CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS Nº 8: LIBERTAD PERSONAL

C827c Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 8 : Libertad personal / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R. : Corte IDH, 2020. 115 p. : 28 x 22 cm. ISBN (digital) 978 - 9977 - 36 - 263 - 2

1. Libertad personal. 2. Derecho a la libertad personal. 3. Personas privadas de libertad. 4. Niños y niñas.

ÍNDICE

1. Alcance del Derecho a la Libertad Personal (artículo 7.1) ..................................... 4

2. Legalidad de la Privación de Libertad (artículo 7.2) ............................................ 16

3. No arbitrariedad de la privación de libertad (artículo 7.3). ............................ 31

3. Arbitrariedad y Libertad Personal (artículo 7.3) ................................................. 33

3.1. Arbitrariedad y privación de libertad ...................................................................................... 33 3.2. Arbitrariedad y prisión preventiva ........................................................................................... 46

4. Formas particulares de privación de libertad ..................................................... 62

4.1 Abuso de poder en la privación de libertad .................................................................................. 62 4.2. Detenciones colectivas y detenciones programadas ......................................................... 68

5. Privación de Libertad y Estados de Emergencia o Suspensión de Garantías ......... 70

6. Información de los Detenidos sobre las Razones de su Detención (artículo 7.4)

7. Derecho a Ser Llevado sin Demora ante un Juez y Derecho a ser Juzgado Dentro de un Plazo Razonable o a Ser Puesto en Libertad, sin Perjuicio que Continúe el

Proceso (Artículo 7.5) ............................................................................................ 81

7.1 Derecho a ser llevado ante un juez frente a situaciones de secuestro, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias ............................................................................................................... 84 7.2. “Sin demora” ........................................................................................................................................ 85 7.3. “Juez” ....................................................................................................................................................... 90 7.3. Medio de control idóneo ................................................................................................................ 91 7.4. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, o a ser puesto en libertad. 93

8. Derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el

arresto o la detención fueran ilegales (artículo 7.6) ............................................. 100

8.1. Hábeas corpus frente a situaciones de secuestro, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y suspensión de garantías............................................................................ 100 8.2. Autoridad judicial competente ................................................................................................. 103 8.3. Insuficiencia de la sola previsión formal del recurso ..................................................... 104 8.4. Preeminencia del hábeas corpus , aún bajo condiciones excepcionales de detención previstas por la ley ................................................................................................................. 108 8.5. Revisión judicial sin demora ..................................................................................................... 108

9. Privación de Libertad de Niñas y Niños en Conflicto con la Ley Penal ............. 110

10. Internación de Niñas y Niños en el marco de procesos de adopción ............... 113

"Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 223 4 ; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 97 5 ; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 56 6 ; Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 104 7 ; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 59 8. fueron reconocidos por sus familiares. Los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron la responsabilidad individual de los autores materiales. Sin embargo, a pesar de identificarse al presunto autor intelectual, éste no ha sido juzgado ni sancionado. 4 Los hechos del presente caso transcurrieron dentro del Instituto “Panchito López”, el cual era un establecimiento en el que permanecían internos aquellos niños que estuvieran en conflicto con la ley. El instituto no contaba con la infraestructura adecuada para un centro de detención, situación que se agravó en la medida que la población superó la capacidad máxima de éste. Asimismo, las condiciones en las que vivían los internos era precarias: las celdas eran insalubres, los internos estaban mal alimentados y carecían de asistencia médica, psicológica y dental adecuada. Muchos de ellos carecían de camas, frazadas y/o colchones. Asimismo, el programa educativo del Instituto era deficiente. Adicionalmente, no se contaba con un número adecuado de guardias en relación con el número de internos, y los que estaban hacían uso de castigos violentos y crueles con el propósito de imponer disciplina. Tres incendios ocurrieron en el centro: en febrero de 2000, febrero de 2001 y julio de 2001. Ello provocó las lesiones de algunos internos y la muerte de otros. Después del tercer incendio, el Estado cerró definitivamente el Instituto. Se iniciaron procesos civiles por indemnización de daños y perjuicios y se abrió un proceso penal, como consecuencia de los sucesos acontecidos. No obstante, no se realizaron mayores gestiones ni investigaciones. 5 Los hechos del presente caso se refieren al señor Daniel Tibi, ciudadano francés de 36 años que residía en Ecuador y se dedicaba al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano. El 27 de septiembre de 1995, agentes de la INTERPOL del Guayas, detuvieron al señor Daniel Tibi por presuntamente estar involucrado en el comercio de droga. Cuando se realizó su arresto, los policías no le comunicaron los cargos en su contra. Se le informó que se trataba de un “control migratorio”. El señor Tibi permaneció bajo detención preventiva, en forma ininterrumpida, en centros de detención ecuatorianos, desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998, cuando fue liberado. Durante su detención, en marzo y abril de 1996, en un centro penitenciario, el señor Daniel Tibi fue objeto de actos de tortura y amenazado por los guardias de la cárcel, con el fin de obtener su autoinculpación. Durante su permanencia en la cárcel, el señor Daniel Tibi fue examinado dos veces por médicos ecuatorianos designados por el Estado. Estos verificaron que sufría de heridas y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico ni se investigó la causa de sus padecimientos. Durante su detención interpuso dos recursos de amparo y una queja, los cuales no prosperaron. 6 Los hechos del presente caso se refieren al arresto del señor Acosta Calderón, de nacionalidad colombiana, el 15 de noviembre de 1989 en el Ecuador por la policía militar de aduana. El arresto se realizó bajo la sospecha de tráfico de drogas. Luego de su detención, el señor Acosta Calderón no fue notificado de su derecho a asistencia consular. El día siguiente la Fiscalía se abstuvo de acusar al señor Acosta Calderón. No obstante, en julio de 1994 se revocó el auto de sobreseimiento provisional de la causa y se dictó un auto de apertura del plenario en contra del señor Acosta Calderón, ordenándose que éste continuara detenido, por considerarlo autor del delito que se le imputaba. En diciembre de 1994 se condenó al señor Acosta Calderón bajo la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y se le impuso una pena de nueve años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Social de Quito. Asimismo se le impuso una multa de 50.000 sucres. El señor Acosta Calderón permaneció bajo custodia del Estado por seis años y ocho meses, incluyendo los cinco años y un mes que permaneció bajo prisión preventiva. 7 Los hechos del presente caso se inician cuando el señor Wilson García Asto es detenido el 30 de junio de 1995, sin que mediara previa orden judicial o flagrante delito. El atestado policial manifestó que se había encontrado propaganda terrorista en su poder y documentos de uso exclusivo del grupo armado Sendero Luminoso en su computadora. El señor Wilson García Asto fue acusado del delito de terrorismo. El 18 de abril de 1996, fue condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. Durante su detención, el señor García fue sometido a aislamiento celular, un régimen de visitas restringido, condiciones carcelarias no adecuadas y falta de atención médica. El 5 de agosto de 2004, en un proceso penal ordinario, se dictó sentencia absolutoria a su favor y al día siguiente éste recuperó su libertad. El señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido el 27 de julio de 1991, en su domicilio, sin que mediara flagrante delito ni orden de detención previa. Se alegó que se encontraron documentos referidos al grupo armado Sendero Luminoso. El 9 de agosto de 1991, se abrió un proceso en su contra y se dictó mandato de detención. El 30 de septiembre de 1994, un tribunal “sin rostro” lo condenó por delito de terrorismo. El proceso fue declarado nulo el 24 de octubre del 2002, pero no se permitió su excarcelación, y se inició un segundo proceso en su contra por delito de terrorismo. Al momento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el segundo proceso no había concluido y el señor Urcesino Ramírez se encontraba detenido. 8 Los hechos del presente caso se refieren al señor Alfredo López Álvarez, quien era dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, de la Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras y del Comité Defensa

Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de

2007. Serie C No. 170 9. 51. El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). En el mismo sentido: Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 89 10. de Tierras Triunfeñas. El 27 de abril de 1997, oficiales policías decomisaron a los señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta, dos paquetes que contenían un polvo blanco y los detuvieron. Luego fue llevado a la oficina de la Dirección de Investigación Criminal, donde se le exigió que se quitara la ropa y fue sometido a una inspección corporal realizada por otro detenido. El 27 de abril de 1997 el señor López Álvarez permaneció en la Dirección de Investigación Criminal con las esposas apretadas, lo que provocó que sus muñecas sangraran y se inflamaran, y fue coaccionado para declarase culpable de los hechos que se le imputaban. No recibió atención médica por el maltrato físico al que fue sometido. El 7 de noviembre de 2000, el Juzgado dictó sentencia condenatoria en perjuicio de los procesados debido a la presunta posesión de droga. La sentencia lo condenó a cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara la pena de quince años. El 2 de mayo de 2001, la Corte de Apelaciones resolvió declarar la nulidad absoluta de las actuaciones a partir, inclusive, del auto de fecha 8 de octubre de 1997 por irregularidades. El señor López Álvarez y sus familiares interpusieron una serie de recursos exigiendo que fuera liberado. No obstante, éstos fueron denegados. El 13 de enero de 2003, el Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó sentencia absolutoria a favor del señor López Álvarez, por no tener certeza de si la muestra enviada al laboratorio toxicológico, que resultó positivo, se sustrajo de los dos kilos de polvo blanco decomisados al imputado. El 20 de enero de 2003, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de la Ceiba. El 29 de mayo de 2003, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia absolutoria. El señor López Álvarez estuvo privado de libertad durante 6 años y 4 meses. En los centros donde permaneció detenida la presunta víctima no existía un sistema de clasificación de reclusos; no había separación entre procesados y condenados. Asimismo, fue sometido a condiciones de detención insalubres y de hacinamiento. Ambos establecimientos penales estaban sobrepoblados y carecían de condiciones higiénicas adecuadas. A principios del año 2000, el director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna en dicho penal hablar su lengua materna. 9 Los hechos del presente caso se refieren a Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez. Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena, era dueño de una fábrica dedicada a la elaboración de hieleras para el transporte y exportación de distintos productos. Freddy Hernán Lapo Íñiguez, de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. El 14 de noviembre de 1997, oficiales de la policía antinarcóticos incautaron en el Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil un cargamento de pescado. En dicho cargamento, fueron encontradas unas hieleras en las cuáles se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína. El señor Chaparro fue considerado sospechoso de pertenecer a una organización internacional delincuencial dedicada al tráfico internacional de narcóticos, puesto que su fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que se incautaron. Es así como al día siguiente se dispuso el allanamiento de la fábrica. Asimismo, se detuvieron a Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez. Aun cuando no se encontró droga en la fábrica, ésta no fue devuelta hasta casi 5 años después. 10 Los hechos del presente caso se relacionan con el señor Yvon Neptune, quien fue elegido Senador de Haití en las elecciones locales y legislativas de 21 de mayo de 2000. Después de un mandato como Presidente del Senado, en marzo de 2002, renunció a su cargo al haber sido designado como Primer Ministro de Haití en el gobierno del entonces Presidente Jean-Bertrand Aristide. En los siguientes meses, ocurrieron numerosos actos de violencia política, protestas y represiones. En febrero de 2004, un enfrentamiento armado ocurrió en la ciudad de Saint-Marc, donde muchas personas murieron y resultaron heridas. A los pocos meses se estableció un gobierno de transición, con Gérard Latortue como Primer Ministro. El 25 de marzo de 2004, una jueza dictó orden de arresto contra el señor Neptune por su implicancia en los hechos ocurridos en Saint-Marc. El señor Neptune no se enteró de la existencia de dicha orden de detención sino a finales de junio de 2004, por medio de un anuncio en la radio. El 27 de junio de 2004, se entregó a la policía. Los cargos que se le imputaban no le fueron formalmente formulados sino hasta el 14 de septiembre de 2005. El 27 de julio de 2006, con posterioridad a la asunción del gobierno del Presidente Préval, fue liberado provisionalmente por razones humanitarias. No le

Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221 11.

129. En este caso, los hechos afectaron el derecho a la libertad personal de María Macarena Gelman puesto que, adicionalmente al hecho de que la niña nació en cautiverio, su retención física por parte de agentes estatales, sin el consentimiento de sus padres, implican una afectación a su libertad, en el más amplio término del artículo 7.1 de la Convención. Este derecho implica la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. En el caso de los niños y niñas, si bien son sujetos titulares de derechos humanos, aquéllos ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este sentido por conducto de sus familiares. En consecuencia, la separación de un niño de sus familiares implica, necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de su libertad. Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232 12. 84. La Corte reitera que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple que inicia con una privación de libertad, cualquiera que fuere su forma, contraria al artículo 7 de la Convención Americana. En el presente caso, la Corte constató que agentes estatales sustrajeron y retuvieron ilegalmente a los niños y niñas, separándolos y removiéndolos de la esfera de custodia de sus padres o familiares, lo cual implicó una afectación a su libertad, en el más amplio sentido del artículo 7.1 de la Convención. 11 Los hechos del presente caso se iniciaron el 27 de junio de 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado, el cual se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985. En esos años se implementaron formas de represión a las organizaciones políticas de izquierda. En noviembre de 1975, se formalizó la “Operación Cóndor”, lo que facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esa operación fue adoptada como una política de Estado de las “cúpulas de los gobiernos de hecho”, y estaba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses, principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. María Claudia García Iruretagoyena Casinelli, embarazada y de 19 años de edad, fue detenida el 24 de agosto de 1976, junto con su esposo, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, en su residencia de Buenos Aires, por comandos militares uruguayos y argentinos, siendo Nora Eva Gelman liberada cuatro días después junto a Luis Eduardo Pereda. María Claudia García y Marcelo Gelman fueron llevados a un centro de detención clandestino, donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados. Marcelo Gelman fue torturado en dicho centro de detención clandestino y fue ejecutado en 1976. En 1989, sus restos fueron descubiertos. María Claudia García fue trasladada a Montevideo de forma clandestina por autoridades uruguayas, donde dio a luz a una niña. A finales de diciembre de 1976, le fue sustraída su hija recién nacida. Hasta el momento no se conoce sobre su paradero ni el de sus restos. El 14 de enero de 1977, la hija de María Claudia de Gelman habría sido colocada en un canasto y dejada en la puerta de la casa de la familia del policía uruguayo Ángel Tauriño. Él y su esposa, quienes no tenían hijos, recogieron el canasto y se quedaron con la niña, registrándola como hija propia aproximadamente un año y medio más tarde. El 31 de marzo de 2000, a la edad de 23 años, María Macarena Tauriño tuvo por primera vez contacto con su abuelo paterno, Juan Gelman. Como consecuencia de lo anterior, María Macarena se sometió, el mismo año, a una prueba de ADN, a los efectos de determinar el eventual parentesco con la familia Gelman, la que resultó en una identificación positiva de un 99,998%. Los hechos señalados nunca pudieron ser investigados ni sancionados por Uruguay, puesto que el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta ley fue una amnistía en relación con los delitos cometidos en el periodo del régimen militar. 12 Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco de un conflicto armado interno en El Salvador, durante el cual se estima que más de 75.000 personas resultaron víctimas. Entre 1981 y 1983, miembros de las fuerzas armadas, en el transcurso de diferentes operativos de contrainsurgencia, sustrajeron y retuvieron a Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria Herminia Contreras, Julia Inés Contreras, Serapio Cristian Contreras y José Rubén Rivera Rivera. Hasta la fecha sólo se ha establecido el paradero de Gregoria Herminia Contreras. A pesar de haberse interpuesto numerosos recursos, no se han realizado mayores diligencias ni se han sancionado a los responsables de los hechos.

Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297 13.

235. En casos previos, este Tribunal se ha referido, entre otros, a privaciones de libertad llevadas a cabo como medida cautelar y como medida punitiva en el marco de procesos penales ante el fuero ordinario o militar, por la situación migratoria de las personas, así como respecto de detenciones colectivas y programadas, y a aquéllas realizadas fuera de toda legalidad, las cuales constituyeron el primer acto para perpetrar una ejecución extrajudicial o una desaparición forzada. En el presente caso, el titular de derechos cuya situación se examina es una persona extranjera detenida a raíz de la existencia de una orden de captura internacional en su contra y de una posterior solicitud de extradición. Ahora bien, independientemente de la razón de su detención, en la medida en que se trata de una privación de libertad ejecutada por un Estado Parte de la Convención, dicha privación de la libertad debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta última sea compatible con la Convención. Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 301 14. 13 El 27 de octubre de 2008, en el aeropuerto de Lima en Perú, es detenido el ciudadano chino Wong Ho Wing, por el requerimiento a nivel internacional, emitido por las autoridades judiciales de Hong Kong el año 2001. El 14 de noviembre del año 2008 Perú recibe la solicitud de extradición del señor Wong Ho Wing por parte de la República Popular China, por encontrarse imputado de los delitos de contrabando de mercancías comunes, lavado de dinero y cohecho, hechos ocurridos entre agosto de 1996 y octubre de 1998. Entre la República Popular China y Perú existe un tratado de extradición, que entró en vigor el año 2003, En Perú, la extradición se realiza a través de un procedimiento mixto, que consta de una fase jurisdiccional y una fase política. La Corte Suprema en dos oportunidades emitió opiniones consultivas declarando procedente la extradición solicitada, ante lo cual el hermano del señor Wong Ho Wing presentó recursos de habeas corpus, debido a la amenaza cierta e inminente de la vulneración de su derecho a la vida, por la posibilidad de que al llegar a China la sanción fuese la pena de muerte, que fueron rechazados y un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, el que fue considerado procedente y ordenó al Estado peruano que no extraditara al señor Wong Ho Wing. Desde el 27 de octubre del año 2008, el señor Wong Ho Wing ha permanecido privado de libertad, durante el transcurso de los procedimientos se presentaron varios habeas corpus y solicitudes de libertad provisional. El 10 de marzo del 2014, el Séptimo Juzgado Penal resolvió modificar la medida privativa de libertad, por exceder el plazo razonable y ordenó su comparecencia restringida bajo la modalidad de arresto domiciliario. Dicha orden se hizo efectiva el 24 de marzo del 2014. 14 El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria [por 31 días, sin control judicial] del entonces Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Luis Antonio Galindo Cárdenas [(en adelante “señor Galindo Cárdenas” o “señor Galindo” o “presunta víctima”)], el 16 de octubre de 1994 tras presentarse voluntariamente a la Base Militar de Yanac, a solicitud del Jefe de Comando Político Militar[,] quien ejercía las acciones de gobierno en la zona conforme a la legislación de emergencia vigente. Durante el período de la

Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303 16.

140. La Corte ha señalado que el contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. El numeral 1 del artículo 7 consagra en términos generales el derecho a la libertad y la seguridad personales, y los demás numerales consagran aspectos específicos de ese derecho. La violación de cualquiera de dichos numerales entrañará la violación del artículo 7.1 de la Convención, “puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona”. El artículo 7 también contiene los mandatos normativos que prohíben la detención ilegal y la arbitraria y establece, entre otros, la garantía de que toda persona privada de la libertad pueda recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. La Corte ha destacado que tal garantía “no solo debe existir formalmente en la legislación sino que debe ser efectiva, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención”. Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319 17. 16 El 17 de octubre del año 2000, la Policía Nacional Civil procedió al arresto de los supuestos partícipes del secuestro de Jaime Ernesto Rodríguez Marroquín, en el llamado “Operativo Guaza”. Durante la detención del señor José Agapito Ruano Torres, los agentes policiales lo golpearon, lo arrastraron, lo golpearon con el tacón de la bota hasta desangrarle el pulgar del pie derecho, lo amenazaron de muerte, le colocaron una soga al cuello hasta el punto de la asfixia y le restregaron la cara cerca de un montículo de estiércol. Posterior a eso, se realizó una denuncia por los abusos cometidos al momento de la detención. El 20 de octubre se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se determinó la detención provisional de los presuntos participantes en el secuestro. El Juzgado que estaba conociendo de la causa se negó a recibir pruebas que demostraban que Ruano Torres no había participado en el secuestro; en enero del 2011 se realizó el reconocimiento por el secuestrado de los imputados en una rueda de personas, en la cual reconoció a Ruano Torres. El 7 de diciembre del 2000, Ruano Torres presentó una acción de habeas corpus ante la Corte Suprema, la que fue rechazada. Posteriormente, se presentaron escritos de Ruano Torres alegando contra su defensa por no haber sido adecuada y haberlo perjudicado en el procedimiento. En octubre del 2001 se dicta sentencia condenatoria. Posterior a ello se presentaron una serie de denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Jefe del Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, contra los tribunales que habían participado en el proceso penal. El primer organismo señaló la necesidad de revisar la sentencia condenatoria; el segundo, declaró inadmisible la denuncia. El año 2003 se interpusieron nuevos recursos de revisión, los que fueron declarados inadmisibles. El año 2014 se confirmó nuevamente la sentencia condenatoria. El 26 de junio de 2015, Ruano Torres ya había cumplido su sentencia. El Estado de El Salvador realizó un reconocimiento de responsabilidad en este caso por vulneración de su libertad e integridad personal y de su derecho a defensa. 17 El 4 de noviembre de 1992 el señor Pollo Rivera fue detenido sin orden judicial por agentes de la DINCOTE, en su consultorio privado en Lima. Mediante un atestado policial de 6 de noviembre de 1992, y con base en la declaración de una persona acusada de terrorismo que lo señaló como el médico que le había amputado una pierna luego de un atentado, la DINCOTE imputó el delito de traición a la patria al señor Pollo Rivera. Entre el 4 y 7 de noviembre siguiente, el señor Pollo Rivera fue objeto de actos de violencia por parte de funcionarios de la DINCOTE y fue expuesto con un traje a rayas ante los medios de comunicación como médico personal del cabecilla de Sendero Luminoso. A pesar de que el Estado tuvo conocimiento de esos actos, no fue sino a partir de enero de 2015 que la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial dispuso abrir investigación preliminar al respecto. Además, fue exhibido ante la prensa por parte de agentes de la DINCOTE, esposado y con un traje a rayas, señalado como médico personal del cabecilla de Sendero Luminoso. Luego de permanecer en la DINCOTE, el 7 de noviembre de 1992 el señor Pollo Rivera fue llevado a un cuartel de la Fuerza Aérea del Perú en Las Palmas. Posteriormente fue recluido en los Penales de Máxima Seguridad Miguel Castro Castro, Canto Grande y Yanamayo, en el Departamento de Puno. Señaló que fue recluido en condiciones deplorables. Terminada la etapa de investigación policial, el señor Pollo Rivera fue sometido a un proceso penal sumario ante el fuero militar. El 27 de diciembre 1992 fue condenado a cadena perpetua por el Juzgado Militar Especial de la Zona Judicial de la Fuerza Aérea del Perú como autor del delito de traición a la patria. El 12 de febrero de 1993 el Tribunal Militar Superior Especial de la Fuerza Aérea del Perú mantuvo la condena. Ambas decisiones fueron dictadas por jueces con identidad reservada (o jueces “sin rostro”). Ante un recurso de revisión interpuesto por el señor Pollo Rivera, el 22 de junio de 1993 el Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar se inhibió de conocer

125. En los términos de dicha disposición del Decreto Ley No. 25475, la privación de libertad resultaba obligatoria durante la etapa de instrucción “sin excepción alguna”, por lo que implícitamente se impedía la valoración sobre la pertinencia de ordenar o continuar con la prisión preventiva. Además, mientras estuvo vigente, tal norma imponía el dictado obligatorio de un auto de apertura de instrucción por parte del juez penal y la prohibición expresa para que éste pudiera pronunciarse de manera previa al juicio y la sentencia sobre cualquier incidente procesal o de otra índole, que resultara favorable al procesado o que pudiera dar lugar a la culminación del proceso. En esos términos, es evidente que el artículo 13.a) del Decreto Ley No. 25475 resultaría per se incompatible con el contenido de los artículos 1.1, 2, 7.1, 7.3 y 8.2 de la Convención. Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329 18. la causa, declinó competencia y remitió los actuados al fuero ordinario. El 22 de septiembre de 1993 la Fiscalía Provincial Especial de Terrorismo presentó denuncia penal, acusándolo por el delito de colaboración con el terrorismo. El 24 de septiembre de 1993 un juzgado dictó auto de apertura de instrucción y mantuvo su detención preventiva. El 7 de noviembre de 1994 la Sala Penal Especial para Casos de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Lima, conformada por jueces “sin rostro”, absolvió al señor Pollo Rivera y ordenó su libertad. Paralelamente a ese primer proceso penal, varias personas rindieron declaraciones ante agentes de la DINCOTE entre agosto y diciembre de 1995, en el marco de otras investigaciones o procesos por delitos terrorismo y traición a la patria, en que habrían señalado que aquél brindó atención médica a presuntos integrantes de Sendero Luminoso. En noviembre de 1996 la Sala Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo dispuso la remisión de piezas pertinentes al Fiscal Provincial a efectos de que formalizara denuncia penal en su contra. El 26 de agosto de 2003 el señor Pollo Rivera fue detenido en su domicilio en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurimac, en cumplimiento del mandato expedido por un juzgado penal en noviembre de 1999. El 24 de febrero de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo lo condenó como autor del Delito contra la Tranquilidad Pública- Terrorismo en la modalidad de Colaboración, en los términos del artículo 4 del Decreto Ley No. 25.475, imponiéndole 10 años de pena privativa de la libertad. Al resolver el recurso interpuesto, el 22 de diciembre del 2004 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró, mediante Ejecutoria Suprema, no haber nulidad en la sentencia de la Sala Nacional de Terrorismo, pero la declaró nula en el extremo que impuso una pena de multa, varió ciertos fundamentos de la sentencia anterior y dispuso que la norma penal aplicable era el artículo 321 del Código Penal de 1991. 3 Desde octubre de 2005, por cuestiones de salud el señor Pollo Rivera pasó a cumplir su condena en el Hospital Dos de Mayo, bajo la custodia de personal de la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú. Entre enero de 2006 y noviembre de 2011, el señor Pollo Rivera presentó tres solicitudes de indulto humanitario ante una Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena; ante una Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de la Pena para casos de Terrorismo y Traición a la Patria o ante una Comisión de Gracias Presidenciales, las cuales habrían sido resueltas negativamente, salvo la tercera que fue archivada luego de que el solicitante falleció el 12 de febrero de 2012. 18 Los hechos del presente caso se refieren a lo sucedido el 1 de julio de 2000, en horas de la tarde, en que la señora I.V. ingresó al Hospital de la Mujer de La Paz, luego de que se le produjera una ruptura espontánea de membranas a la semana 38.5 de gestación y dolor a nivel de la cesárea que había tenido anteriormente en el año

1982. Debido a que el médico tratante constató que ella había tenido una cesárea previa, que no había trabajo de parto y que el feto se encontraba en situación transversa, decidió someter a la señora I.V. a una cesárea. La cesárea fue iniciada por el médico residente de tercer año pasadas las 19:00 horas. Sin embargo, en el transcurso del procedimiento quirúrgico de la cesárea se verificó la presencia de múltiples adherencias a nivel del segmento inferior del útero, por lo cual, en consideración de la dificultad del caso, el médico ginecólogo obstetra se hizo cargo de la cirugía en su condición de instructor. Con posterioridad a que el neonatólogo se llevará a la niña recién nacida, se realizó a la señora I.V. una salpingoclasia bilateral bajo la técnica pomeroy, conocida comúnmente como ligadura de las trompas de Falopio. Ambos procedimientos quirúrgicos fueron realizados encontrándose la paciente bajo anestesia epidural. La representante sostuvo que la señora I.V. nunca fue consultada de manera previa, libre e informada respecto de la esterilización, sino que se enteró que había perdido su capacidad reproductiva permanentemente, al día siguiente de practicada la misma, cuando el médico residente se lo comunicó. Por su parte, el Estado rechazó dichos alegatos y señaló que la señora I.V. había consentido de manera verbal durante el transoperatorio. Existían, pues, hipótesis contrarias sobre el mismo hecho, ya que mientras el Estado afirmaba haber obtenido el consentimiento informado de la señora I.V., ésta señalaba lo contrario y negaba haberlo proporcionado. Tras los hechos y los reclamos presentados por la señora I.V., se realizaron tres auditorías, se pronunció el Tribunal de Ética del Colegio Médico Departamental de La Paz, se realizó un procedimiento administrativo ante la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio Departamental de Salud de La Paz y se llevó a cabo un proceso penal por el delito de lesiones que terminó con la extinción de la

327. En sentido general, la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad física más allá de lo razonable. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354 20. 352. La Corte resalta que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de libertad implica, en suma, la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona. Corte IDH. Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2019. Serie C No. 392 21. 94. Asimismo, este Tribunal ya hizo referencia a las inconsistencias en el cálculo del tiempo que habría tardado la patrulla de la policía en llegar al Seguro Social de la Cornisa, las cuales no fueron explicadas por el Estado de manera razonable y satisfactoria […]. Durante ese tiempo que, según se ha visto excede por lo menos en 45 minutos el que es requerido para desplazarse del lugar de los hechos hasta el centro de salud, Robert Díaz Loreto estuvo bajo custodia de la policía. Por las razones expuestas, esta Corte encuentra que el Estado es responsable por una vulneración al derecho a la libertad personal contenido en el artículo 7 de la Convención Americana en perjuicio de Robert Diaz Loreto. 20 El 25 de abril de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la que declaró al Estado de Costa Rica responsable internacionalmente por la violación del derecho a la libertad personal en los términos de los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Jorge Martínez Meléndez, ordenando las reparaciones correspondientes. A su vez, de las siete excepciones preliminares interpuestas por el Estado, la Corte declaró procedente una excepción preliminar; parcialmente procedentes tres excepciones preliminares, y declaró no procedentes dos excepciones preliminares. Asimismo, consideró que el Estado no violó los derechos a recurrir el fallo (artículo 8.2.h de la Convención), a contar con un juez imparcial (artículo 8.1 de la Convención), a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención), a un juicio en un plazo razonable (artículo 8.1 de la Convención), a la defensa (8.2 de la Convención), a recurrir la legalidad de su detención (7.6 de la Convención) y a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la Convención); todo lo anterior en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la misma. 21 El 19 de noviembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “este Tribunal”) dictó una Sentencia mediante la cual declaró que el Estado de Venezuela era responsable por la vulneración al derecho a la vida (artículo 4 de la Convención Americana) en perjuicio de Robert Ignacio Díaz Loreto, David Octavio Díaz Loreto, y Octavio Ignacio Díaz Álvarez por los hechos que llevaron a su muerte en manos de funcionarios policiales del estado Aragua. El Estado también fue encontrado responsable por haber vulnerado el derecho a la integridad personal y a la libertad personal (artículos 5 y 7 de la Convención Americana) en perjuicio de Robert Ignacio Díaz Loreto por los hechos ocurridos luego de que este fuera montado herido en un vehículo de la policía. Asimismo se indicó que el Estado había violado las garantías al debido proceso (artículo 8.1 de la Convención) y a la integridad personal de los familiares de Robert Ignacio Díaz Loreto, David Octavio Díaz Loreto y Octavio Ignacio Díaz Álvarez por no haber cumplido con su deber de investigar, por el sufrimiento que les ocasionó sus muertes y por los actos de amenazas e intimidaciones de los cuales fueron víctimas a raíz de estos hechos.

contravención de los procedimientos establecidos de antemano por la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal del Ecuador. Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998 Serie C No. 37 24.

111. Del conjunto de las pruebas se llega a la conclusión de que no fue desvirtuada la aseveración del Estado de que los señores Vásquez y Montenegro fueron detenidos en flagrancia, como aparece de los informes policíacos que obran en autos y en los cuales se describe las circunstancias de su detención. De acuerdo con la disposición constitucional aplicable, en caso de flagrante delito no se requiere de orden previa emitida por autoridad judicial competente. Sin embargo, en los casos de los señores Angárita, Torres y Montes el sólo hecho de su absolución, hecha presente por el Estado en su escrito de alegatos finales, demuestra que no existió dicha flagrancia. **Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de

2000. Serie C No. 68 25. 91.** La Corte estima que si bien es cierto que los hechos señalados en la demanda, en cuanto a que Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera fueron detenidos sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante delito, no fueron desvirtuados por el Estado, también lo es que la propia Constitución peruana exceptuaba de esta regla los casos de terrorismo. Por otra parte, y en lo que respecta al período de detención de los imputados, conviene observar que el precepto constitucional citado sólo autorizaba la detención por un término no mayor de 15 días con obligación de dar cuenta al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente. Como se ha precisado anteriormente […], el señor Durand Ugarte fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente el 4 de marzo de 1986, es decir, 18 días después de la detención, y el señor Ugarte Rivera ese mismo día, esto es, 17 días después de la detención, en ambos casos luego de transcurrido el término de 15 días permitido por la Constitución Política del Perú y, en consecuencia, en violación del artículo 7.5 de la Convención. Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135 26. 24 Los hechos del caso ocurrieron entre junio de 1987 y febrero de 1988, en un contexto de detenciones arbitrarias y, en algunos casos, de privación de la vida. En la mayoría de los casos, las personas detenidas eran obligadas a subir, por la fuerza, a un vehículo tipo “panel” (especie de microbús o furgoneta) de color blanco. En dichas detenciones intervinieron hombres armados, vestidos de civil en la mayoría de ellas, vinculados con la Guardia de Hacienda o con alguna institución militar o policial. Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes Letona fueron detenidos en diversas fechas. Asimismo, fueron objeto de maltratos y torturas. Cinco de estas personas también fueron asesinadas. Sus cuerpos, con signos de violencia física, fueron abandonados el mismo día o días después de su detención, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus alrededores. A pesar de haberse interpuesto recursos judiciales, no hubo avances significativos en la investigación ni en la identificación de los responsables. 25 Los hechos del presente caso se iniciaron con la detención, el 14 y 15 de febrero de 1986, de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera por efectivos de la Dirección contra el Terrorismo en el Perú. La detención se basó en su presunta participación en actos de terrorismo. El 4 de marzo de 1986, fueron trasladados por orden judicial al penal de El Frontón. El 18 de junio de 1986, se produjo un motín en el centro penitenciario donde se encontraban. Las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo al día siguiente, el cual produjo la muerte y lesiones de muchas personas que se encontraban privadas de libertad. Los cuerpos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera nunca fueron encontrados. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. 26 Los hechos del presente caso se refieren a la prohibición de la publicación del libro titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”. El autor de dicho libro es Humberto Antonio Palamara Iribarne, asesor técnico de las Fuerzas Armadas. La publicación abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla

196. […] Asimismo, la Convención establece en el artículo 7.2 la posibilidad de restringir el derecho a la libertad personal por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). En el mismo sentido: Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 57 27 ; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 90 28 ; Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016, párr. 133 29. a ciertos parámetros éticos. Adicionalmente, se le incautaron los ejemplares del libro, los originales del texto, un disco que contenía el texto íntegro y la matricería electroestática de la publicación. Como consecuencia de la negativa del señor Palamara Iribarne de detener la publicación de su libro, se inició en su contra un proceso penal por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Asimismo, con base en los mismos hechos, se inició una investigación sumaria administrativa por la comisión de faltas administrativas. En mayo de 1993, el señor Palamara Iribarne convocó a una conferencia de prensa en su residencia, en la cual criticó la actuación de la Fiscalía Naval en el proceso seguido en su contra. En enero de 1995, el señor Palamara Iribarne fue condenado, como autor del delito de desacato, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 11 sueldos vitales, a la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa. 27 Los hechos del presente caso se enmarcan en el contexto del gobierno militar tras un golpe de Estado, en julio de 1980. Se desplegó una política planificada de intimidación, acoso y exterminio contra miembros del Movimiento de Izquierda Nacional y otros opositores, utilizando para ello grupos armados irregulares o paramilitares. El 22 de julio de 1980, una patrulla militar detuvo en la noche a Renato Ticona, estudiante de 25 años de edad, y a su hermano mayor Hugo Ticona, cerca del puesto de control de Cala-Cala, Oruro, mientras se dirigían a Sacaca, Potosi. Posteriormente, agentes estatales los despojaron de sus pertenencias y los golpearon. Al momento de su detención, no les informaron a los hermanos Ticona Estrada de los cargos en su contra ni los pusieron a disposición de la autoridad judicial competente. Luego de propinarles durante varias horas fuertes maltratos, los agentes estatales los trasladaron a las oficinas del Servicio Especial de Seguridad. Esta fue la última vez que Hugo Ticona o cualquier otro familiar tuvo conocimiento del paradero de Renato Ticona. A pesar de que sus familiares interpusieron una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables de los hechos. 28 Los hechos del presente caso se refieren a Florencio Chitay Nech, quien era un indígena maya. En el año 1973, el señor Chitay Nech se unió a movimientos campesinos de la región e inició su participación política, afiliándose al partido Democracia Cristiana. En el año 1977, el partido Democracia Cristiana presentó al señor Chitay Nech como candidato a Concejal en la contienda electoral municipal de San Martín Jilotepeque y resultó electo. Como consecuencia de la desaparición forzada del entonces Alcalde del Municipio, el señor Chitay Nech asumió la responsabilidad de la Alcaldía. Desde junio de 1980, recibió diversas amenazas y hostigamientos. El 1 de abril de 1981, Florencio Chitay Nech salió de su vivienda en la ciudad de Guatemala acompañado de su hijo Estermerio Chitay. Frente a una tienda, un grupo de hombres armados se bajaron de un vehículo, lo golpearon en la cabeza y lo introdujeron en el automóvil. Desde entonces se encuentra desaparecido. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables. 29 El 2 de agosto de 1994 autoridades policiales practicaron tres allanamientos en la ciudad de Quito, Ecuador, previamente autorizados. En el marco de tales actuaciones se detuvo a 12 personas, entre ellas, las cuatro víctimas del caso, quienes no son de nacionalidad ecuatoriana. El 3 de agosto de 1994 el Intendente General de Policía de Pichincha “legalizó” las detenciones y ordenó que, a efectos de la investigación, se prolongaran por un término de 48 horas. Ese día, como también el 5 de agosto siguiente, funcionarios del área de Sanidad de la Policía Nacional certificaron que el estado de salud de las víctimas era normal. Los días 4 y 5 de agosto de 1994 las víctimas, estando en dependencias policiales, rindieron “declaraciones presumariales” ante autoridades de la Policía y el Fiscal de Turno, admitiendo la comisión de actos delictivos. Posteriormente en sus declaraciones indagatorias, dadas el 28 de septiembre y el 7 de octubre de 1994, las víctimas desconocieron el contenido de las “declaraciones presumariales”, por haber sido obtenidas bajo coacción. A solicitud de un abogado particular y por orden de un Juez, el 9 de agosto de 1994 se realizó una diligencia de reconocimiento médico de las víctimas. La misma, efectuada por funcionarios de la Dirección Nacional de Medicina Legal y Rehabilitación, dejó constancia de que los cuatro señores indicaron haber sido víctimas de maltratos psicológicos y físicos, que presentaban lesiones provenientes de golpes contusos, y que aquejaban presencia de dolor. El 17 de agosto de 1994 el Juez Duodécimo de lo Penal dictó “auto cabeza de proceso”, ordenando la prisión preventiva de las víctimas, recibir sus testimonios indagatorios y el nombramiento de abogado defensor. La decisión se basó en un informe policial de 8 de agosto de 1994, que indicó que las cuatro víctimas y otras personas “conforma[ba]n una banda internacional de narcotraficantes”. Los señores Herrera y Cano se fugaron durante el curso de la investigación penal. Por ello se decretó la suspensión de la causa penal en su contra. El 14 de junio de 1996 el