JUSTICIA TRANSICIONAL, Diapositivas de Derecho Penal

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PROCESOS DE PAZ EN

COLOMBIA

LUIS FERNANDO OTERO HOYOS

UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO

CONFLICTO ARMADO EN

COLOMBIA

El conflicto armado en Colombia ha perdurado por más de cincuenta

años, teniendo su inicio en la desestructuración del propio estado a

través de los partidos políticos por alcanzar el poder a sangre y

fuego generando una oleada de violencia, incertidumbre e

inseguridad en la población colombiana. A raíz de esto surgen

grupos de particulares que se alzaron en armas con el fin de

contrarrestar la violencia existente en especial en las zonas rurales

olvidadas por el propio estado, estos grupos financiados por los

grandes comerciantes y ganaderos de cada región empezaron a

apoderarse de territorios e iniciaron sus actividades ilícitas como el

narcotráfico transformando su ideología y su objetivo primario de

conservar la seguridad.

 BELISARIO BETANCUR 1982-1986:

Impulsó un proyecto de amnistía ante el congreso, el cual se convirtió en ley a finales de 1982. En este proceso de diálogo participaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento 19 de Abril, el Ejército de Liberación Nacional y la Autodefensa Obrera. El Proceso de Paz de Belisario Betancur tuvo como resultado un acuerdo que fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por el Estado Mayor de las FARC-EP y firmado en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de La Uribe, Meta. El 28 de mayo de 1984, las FARC ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancur también ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país. Sin embargo, el pacto nunca contempló la entrega de armas por parte de las FARC, ELN y demás. A discreción de la Comisión de Verificación, se acordó que cuando hubieran cesado los enfrentamientos armados, se abriría un período de prueba de un año para que los integrantes de las Farc se organizaran política, económica y socialmente, según su libre decisión y acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y decretos complementarios. Además, y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como sobre los derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz.

Se introdujeron dos elementos al discurso político nacional: el primero reconoció que la oposición armada es un actor político y que es necesario abrir un diálogo con ella. El segundo planteó que Colombia, como otros países en América Latina en esta época, también requería un proceso de apertura democrática. Para Betancur, el paso fundamental del proceso de democratización colombiano era la negociación con la guerrilla sobre la base de su eventual participación en un sistema político reformado. ACUERDOS DE LA URIBE META - FARC (Unión Patriótica) ACUERDOS DE CORINTO – M-19 y EPL

 ANDRES PASTRANA 1998-2002:

Intentó una negociación de paz con las Farc y como garantía para los

negociadores de las guerrillas despejó de fuerza pública tres municipios del

Meta y uno del Caquetá, en la región del río Caguán, desde el 7 de

noviembre de 1998. Los diálogos de paz, con participación de

organizaciones de la sociedad civil en mesas de discusión temática,

fracasaron por exceso de temas de negociación y falta de estrategia

negociadora del gobierno, pues se acordó una amplia agenda de temas de

110 puntos, que comprendían todas las instituciones y problemas políticos,

sociales y económicos del país. El área desmilitarizada de 42 mil kilómetros

cuadrados se le conoció como zona de distensión la cual originalmente

debería durar seis meses. Después de una controvertida extensión de su

vigencia y de varios acontecimientos como secuestros, asesinatos y

reportes de actividades ilícitas en la zona de despeje, el 20 de febrero de

2002, después de casi cuatro años de existencia de la zona de despeje y a

pocos meses de terminar su mandato, Pastrana informó al país que el

proceso había fracasado y que la zona de distensión quedaba

efectivamente cancelada, argumentando que Manuel Marulanda lo había

asaltado en su buena fe. El mandatario dio a los guerrilleros hasta las doce

de la noche para que abandonar el área.

 ALVARO URIBE VELEZ 2002–2010:

Uribe sentó unas reglas sobre las condiciones que deben cumplir los

grupos ilegales para negociar. Condiciones que han sido

rechazadas por el grupo terrorista FARC, tímidamente seguidas por

el ELN y asumidas por las AUC, lo que conllevó al proceso de

desmovilización de paramilitares en Colombia. El proceso resultante

fue cuestionado por varios críticos que temen que las condiciones

no sean suficientes para impedir que haya un grado, para ellos

inaceptable, de impunidad en torno a materias como los crímenes

de lesa humanidad o el narcotráfico, así como la reparación a las

víctimas que no ha sido eficiente y algunas de las personas que han

reclamado reparación han sido perseguidas o asesinadas. Algunos

informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados

siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios

grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y

de narcotráfico.

POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL Fue acordado el 26 de mayo Este acuerdo tiene cuatro pilares, que son de enorme importancia para la gente del campo.

1. ACCESO Y EL USO DE LA TIERRA: ›› Se acordó un Fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pero no se trata sólo de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle “acceso integral”: que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica, y apoyo para la comercialización, entre otros. ›› El acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar derechos de propiedad. Se acordó impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial eficaz a los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo. Así impedimos el desplazamiento, resolvemos los conflictos, y sembramos paz. ›› Este acuerdo mejorará el uso de la tierra. El Gobierno definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación y pondrá en marcha programas de reconversión. También la formación y actualización del catastro y la puesta al día del predial (“el que más tiene, más paga”) creará los incentivos para darle un uso más productivo a la tierra. Se fortalecerá la participación ciudadana en la planificación del ordenamiento del territorio, y se facilitará el diálogo entre gobierno, comunidades rurales y sector privado. También se acordo delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental: avanzaremos en un plan de zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con las alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país y promueva diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental

2.ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO

CON ENFOQUE TERRITORIAL.

Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza con verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación. Se construirán de manera participativa planes de acción para la transformación regional. 3.PLANES NACIONALES QUE DEBERÁN LOGRAR UNA REDUCCIÓN RADICAL DE LA POBREZA Y LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura (vías, distritos de riego, electricidad, conectividad), desarrollo social (planes especiales de salud, educación, vivienda y agua potable para el campo,) y estímulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar (asistencia técnica, promoción del cooperativismo, líneas especiales de crédito, seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias para la comercialización, entre otros) y a la formalización laboral.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA El acuerdo está construido sobre tres pilares:

1. NUEVA APERTURA DEMOCRÁTICA QUE PROMUEVA LA INCLUSIÓN POLÍTICA COMO MECANISMO PARA CONSOLIDAR LA PAZ, LUEGO DE LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO. Se trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos. Se acordó hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica del requisito de la superación del umbral para elecciones de Congreso, y facilitar de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas fuerzas que aparezcan. Acordamos la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrán elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. (El número de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado). La apertura requerirá de mayor participación electoral. Para ello se acordaron unas medidas especiales para promover el voto. Esto también exige el fortalecimiento de la transparencia: se acordaron medidas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así como la revisión integral del régimen y la organización electoral para dar esas garantías. Por último, se acordó poner en marcha medidas para la participación de la mujer y promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político. El fin del conflicto implica que los enemigos se deben tratar con respeto como adversarios políticos.

2. EL SEGUNDO PILAR ES UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSOLIDAR LA PAZ, EN EL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991. Para ello se acordaron toda una serie de medidas: el desarrollo de una Ley de Garantías para las organizaciones y movimientos sociales; medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación; garantías para la protesta social, tanto para quienes se manifiesten como para los demás ciudadanos; promoción de espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios, para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil; revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de Planeación; fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas públicas y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública mediante la promoción de veedurías y observatorios de transparencia en todas las regiones.

FIN DEL CONFLICTO: DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y

REINTEGRACIÓN

Acuerdo General para la terminación del conflicto definido por el

Gobierno Nacional y las FARC, que se refiere al fin del conflicto, se

incluye el tema de la dejación de las armas y la reincorporación civil,

política, social y económica de esa guerrilla, lo que sin duda incluirá la

discusión sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y

Reintegración (DDR).Aunque no sería el primer intento por tratar de

abordar con las FARC este tema (ya se había logrado avanzar en el

pasado con la adopción de algunas medidas de esta naturaleza

orientadas a las desmovilizaciones individuales de miembros de este

grupo, que a octubre de 2013 sumaban 18.690), sí sería la primera vez

que se contemplaría con esa guerrilla la discusión formal de algunos

aspectos asociados a un proceso de DDR.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS El acuerdo sobre drogas tiene cuatro componentes básicos:

1. LA SUSTITUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS. Se fijan las bases de un Nuevo Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo de alcance nacional. Este Programa busca trabajar con las comunidades para resolver definitivamente el problema de los territorios y de los cultivos, en una lógica de integración territorial e inclusión social. La puesta en marcha de procesos de planeación participativa en torno a la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza. Se trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y municipales para resolver los problemas de las comunidades. También se pondrán en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. En los casos donde algunos cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el Programa, el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual. Para lograr eficacia y éxito de este programa se acordó un Programa de desminado de las áreas del territorio nacional, al que las FARC también contribuirán con la provisión de información, entre otros.

4. COMPROMISOS.

El Gobierno se comprometió a “poner en marcha las políticas y programas de

este punto”; y las FARC-EP se comprometieron a “contribuir de manera

efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante

acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas,

y de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese

presentado con este fenómeno”. Ambos manifestaron “su firme compromiso

con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” y se

comprometieron “a contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el

conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el

lavado de activos”

VICTIMAS Uno de los puntos a discutir es determinar quienes son victimas del conflicto armado (según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el Estado ha sido un victimario). Las FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las victimas será por colectivos y "habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático, al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento A Luchar y al Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica, por haber sido objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento especial." A su vez se considerarán víctimas campesinas, indígenas y sindicales. Niños reclutados y el Consejo de Estado determinó que los miembros de la Fuerza Pública deben recibir la calificación como víctimas del conflicto armado interno, hecho que los hace merecedores de los beneficios de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la ley de Víctimas., «Las FARC EP no nos reconocemos como “agente victimizante”, sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión»