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D. R. © 2014. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado , nueva serie, año XLVII, núm. 139, enero-abril de 2014, pp. 251-283.
LA JURISPRUDENCIA EN CUBA: RECONOCIMIENTO DENTRO
DEL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO Y POSIBLES
CONSECUENCIAS*
JURISPRUDENCE IN CUBA: RECOGNITION WITHIN THE SOURCES
OF LAW AND POSSIBLE CONSEQUENCES
Carlos Justo B ruzón V iLtres ** Iraida r. tamayo BLanco ***
Resumen: En Cuba no existe una deter- minación formal y explícita de las fuentes del derecho. En la actualidad, sin embargo, más allá del acto normativo como única vía reconocida para la creación del derecho, se manifiestan otras formas, entre las que se encuentra la jurisprudencia. En el presente artículo se analizan algunos elementos que sustentan la posibilidad y la necesidad de su reconocimiento en el ordenamiento jurídi- co cubano y las consecuencias derivadas de este hecho, a partir de su desarrollo en dis- tintos momentos históricos, las principales posiciones y polémicas en el ámbito doctri- nal interno —fundamentalmente— en tor- no a su identificación y sus manifestaciones concretas en el ámbito judicial cubano.
Abstract: In Cuba there is no formal and explicit determination of the sources of Law. At present, however, beyond the normative act as only way for the creation of Law, exists other forms, among which is the jurisprudence. This article discusses some ele- ments that sustain the possibility and necessity of its recognition in the Cuban legal system and the consequences of this fact, since the development of the jurisprudence in different historical moments, the main positions and doctrinal controversies — espe- cially in the Cuban academic circles — , and its con- crete manifestation in the judicial system in Cuba.
Palabras clave : jurisprudencia; fuentes del derecho; fuentes formales; ordenamiento ju- rídico cubano; sistema judicial en Cuba.
Keywords : Jurisprudence; Sources of Law, For- mal Sources; Cuban Legal System; Judicial System in Cuba.
- Artículo recibido el 1o. de septiembre de 2012 y aceptado para su publicación el 24 de julio de 2013. ** Profesor de Teoría del Estado y del derecho. Decano de la Facultad de Ciencias So- ciales y Humanísticas de la Universidad de Granma y miembro asociado de la Academia de Ciencias de Cuba. *** Ayudante de profesor de Teoría general del derecho y Bases históricas y teóricas de los sistemas jurídicos actuales, Departamento de Derecho, Universidad de Granma, Cuba.
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sumario : I. Introducción. II. Aspectos generales sobre la manifestación de las fuentes en el ordenamiento jurídico cubano. III. Análisis del reconocimiento de la jurisprudencia en el sistema jurídico cubano en distintos momentos históricos. IV. Polé- micas respecto al reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal del derecho en Cuba. V. Manifestaciones de la jurisprudencia en el contexto normativo y en la labor judicial en Cuba. Papel del Tribunal Supremo de Justicia y su Consejo de Gobierno. VI. Posibles consecuencias del reconocimiento de la jurisprudencia como fuente del derecho en el ordenamiento jurídico cubano. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.
I. introducción
El problema de las fuentes del derecho constituye uno de los temas que, desde la perspectiva teórica, aún generan polémicas y dificultades. Este he- cho no sólo se confirma en la doctrina jurídica extranjera, sino que incluso alcanza a la realidad cubana, en especial durante el actual proceso de per- feccionamiento institucional en el cual, sin duda, posee un valor indiscuti- ble el derecho como ciencia y como práctica. En Cuba no existe una definición categórica de las vías por las cuales se origina el fenómeno jurídico, que es en esencia el concepto más general de la categoría fuente. Ha prevalecido durante un largo periodo la idea de que sólo el acto normativo, como derecho positivo y escrito, es la única manifestación de la creación jurídica, pero ni siquiera este reconocimiento se ha hecho explícito en algunas de las disposiciones normativas de más alto rango, en particular la Constitución. Esta cuestión parte de la propia diversidad conceptual en cuanto al término fuentes del derecho. De la multiplicidad de clasificaciones (entre las que se encuentran, por ejemplo, las denominadas fuentes de autoridad crea- dora , fuentes de conocimiento , fuentes estatales y extraestatales o extralegales , entre muchas otras), ha sido el par fuentes materiales/fuentes formales el que mayor atención ha deparado en los estudios, de por sí escasos en el ámbito jurídico nacional, sobre esta temática. Dentro de las denominadas fuentes formales^1 aparece la jurisprudencia , entendida desde diversos puntos de vista, según el sistema de derecho de referencia.
(^1) Cfr., inter alia , Guastini, Riccardo, Concepciones de las fuentes del derecho , Italia, Univer- sidad de Génova, 1993, p. 106; García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho,
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pronuncia solo en nombre de la ley, encerrado en el dogma de la subsun- ción , como intérprete y aplicador del derecho, pero nunca como sujeto activo de su creación. Esta noción se ha desarrollado fundamentalmente en los países del sis- tema continental. Sin embargo, el proceso de formación y funcionamien- to de los tribunales constitucionales, y el papel cada vez más protagónico de los órganos judiciales de superior jerarquía en los escenarios donde no existe aquella jurisdicción especial, han contribuido a reconocer nuevas manifestaciones de creación judicial del derecho y, desde el punto de vista técnico, de jurisprudencia en el sentido de formación de normas jurídicas. En el caso de Cuba, este hecho no es ajeno a la práctica y al debate doctrinal. Respecto a la jurisprudencia pueden identificarse varios perio- dos en los que se le ha otorgado valor o no dentro del sistema de fuentes del derecho, que se expondrán de manera general en el cuerpo de este artículo. Actualmente, a través de la labor del Tribunal Supremo Popular (en particular su Consejo de Gobierno) pueden advertirse expresiones concretas que guardan una estrecha relación con la conformación de la jurisprudencia en el sentido de fuente creadora de normas jurídicas. Estas actuaciones sobrepasan, en nuestro entendimiento, en alguna medida la labor interpretativa de este órgano, creando efectivamente normas de carácter vinculante que, en muchos casos, contribuyen a llenar también algunos vacíos normativos. En consecuencia, estos elementos configuran el abordaje de una pro- blemática social que guarda relación con las dificultades existentes en re- lación con el funcionamiento de nuestro sistema jurídico, que afectan las características esenciales del ordenamiento jurídico (unidad, coherencia y plenitud) y, en sentido general, su funcionamiento sistémico. Por esta razón se vuelve necesario evaluar o determinar las posibles consecuencias del reconocimiento de las fuentes formales, en especial la jurisprudencia, para nuestro sistema jurídico, objetivo que se plantea como centro de im- pulsión de este estudio.
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II. aspectos generaLes soBre La manifestación de Las fuentes en eL ordenamiento jurídico cuBano^2
En Cuba, la Constitución y el Código Civil 3 no contienen ningún pre- cepto que haga alusión expresa al sistema de fuentes del derecho, punto cardinal sobre el cual se asienta la construcción jurídica del país. Debe señalarse que, si bien no se hace explícitamente, se establece en la Cons- titución, en los artículos correspondientes a los órganos con facultades normativas y el tipo de norma que crean, el reconocimiento a la ley o acto normativo como única fuente del derecho en Cuba. Es por ello que en el contexto cubano no caben dudas acerca de que la ley es la regla suprema del ordenamiento jurídico, de aplicación preferente. Estas son las normas nacidas de la potestas normandi del Estado; las normas de origen estatal decretadas por la organización política. 4 En nuestro ordenamiento jurídico la ley en sentido formal es la que proviene del órgano legislativo, o sea, la aprobada por la Asamblea Nacio- nal del Poder Popular, al tenor del artículo 75 inciso b) de la Constitución. No corren con igual suerte las otras fuentes formales del derecho. Re- firiéndose a la costumbre , autores como Cañizares Abeledo 5 son partidarios de su supresión como fuente del derecho civil y la inoperancia histórica de la misma, razones respecto a las cuales difieren algunos autores, como Fernández Bulté, quien opina que “en nuestro sistema igualmente se pueden generar costumbres, hábitos, maneras de proceder sumamente humanas,
(^2) Proponemos, apenas, un acercamiento a esta cuestión. Con un desarrollo más am- plio, además de algunas obras colectivas cubanas citadas en este estudio, véase Pérez Ca- rrillo, Juan R., “Causas de indeterminación en el sistema de fuentes del derecho”, Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi- cas, núm. 4, 2010, pp. 303-322; id ., “Hacia un reconocimiento jurídico-normativo de las fuentes del derecho en Cuba”, Iuris Veritatis , Perú, núm. 1, 2009, pp. 13-17. (^3) Generalmente se insiste en la relación de las fuentes con el Código Civil, a partir del carácter supletorio que tiene éste respecto al resto del sistema jurídico, operando a modo de derecho común, como se establece en el artículo 8o. y la Disposición Final Primera del citado cuerpo normativo: “Las disposiciones de este Código son supletorias respecto a materias civiles u otras reguladas en leyes especiales”. (^4) Cfr. Díez Picazo, Luis y Gullón, Antonio, Sistema de derecho Civil , 8a. ed., Madrid, Tecnos, 1994, vol. I, pp. 102 y 103. (^5) Cañizares Abeledo, Fernando, Teoría del derecho, La Habana, Editorial Pueblo y Edu- cación, 1979, p. 73.
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sobre los medios de creación del derecho, en especial a partir de la labor judicial, y del papel que desempeña el máximo órgano de justicia del país, el Tribunal Supremo Popular, a la vez de contrarrestar la notable sequía doctrinal existente sobre el tema, verificada en los pocos estudios actuales acerca de las fuentes del derecho y la jurisprudencia en particular. Un primer elemento de acercamiento a esta fuente formal está rela- cionado con las formas de expresarse la jurisprudencia en el sistema ro- mano-germánico-francés. En este sistema, por ejemplo, puede entenderse como jurisprudencia o doctrina legal la reiteración de fallos del máxi- mo órgano de justicia (en número superior a dos, como reflejan algunos ordenamientos). 9 Otra variante, como nos explica Matilla Correa, consiste en:
… atribuirle a una estructura del Tribunal Supremo, que no es propiamente una de las salas en que éste se divide, sino otra estructura, que por su natu- raleza y funciones… pueda tomar decisiones que la coloquen por encima de las referidas salas, la posibilidad de adoptar decisiones revestidas de carácter obligatorio, tanto para esas salas, como para todo el sistema de órganos judi- ciales, por las que sienta reglas de derecho. 10
Suele hablarse en este caso del Pleno del Tribunal o Tribunal Pleno, pero que en el específico caso de Cuba es el Consejo de Gobierno del Tri- bunal Supremo Popular. Estas decisiones, que son la base de una potestad de creación norma- tiva del tribunal superior, no se traducen en sentencias reiteradas, sino que se formalizan en instrumentos jurídicos como acuerdos, instruccio- nes, dictámenes, entre otros, que sirven de directrices y unifican el modo de actuación del resto de los tribunales. En la actualidad las facultades antes mencionadas, que residen en el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, constituyen una ma- nifestación de la creación formal de normas imperativas, que suplen la
o menor extensión, introducen elementos de notable relevancia para el análisis de esta institución. (^9) Para un amplio sector doctrinal esta es la única y verdadera forma de manifestación jurisprudencial en el derecho continental. (^10) Matilla Correa, Andry, “Comentarios sobre las fuentes del derecho administrativo cubano”, en Matilla Correa, Andry et al., Temas de derecho administrativo , La Habana, Edito- rial Félix Varela, 2004, p. 109.
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jurisprudencia derivada de la reiteración de fallos de este órgano, y aun- que se ha cerrado el paso a la creación judicial de normas por interpreta- ción directa de la Constitución, no ha sucedido así respecto a las leyes, ni puede negarse tanto el carácter armonizador como el valor que posee la interpretación judicial, que a la postre se manifiesta en cuanto actividad jurisprudencial y, al mismo tiempo, sienta pautas jurídicas. Al respecto, Prieto Valdés expresa que:
En la práctica jurídica cubana la jurisprudencia, aun cuando no es reconoci- da teóricamente como fuente de derecho, sí lo es en la variante de disposición creada por el órgano de administración judicial superior… Dictámenes y acuerdos del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en tanto normativas obligatorias, 11 y por medio de las cuales se fijan determinadas pautas interpretativas para todos los tribunales en el país, y a través de ellas integran y adecuan… el derecho conforme a las nuevas condiciones sociales y preservando su eficacia social. 12
III. anáLisis deL reconocimiento de La jurisprudencia en eL sistema jurídico cuBano en distintos momentos históricos
El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente en el sistema jurídico cubano ha estado marcado por la influencia y el carácter determinante que han ejercido las metrópolis que nos dominaron, primero durante la conquista y colonización española, y luego en la República intervencionista estadounidense o periodo neocolonial. Claro está que para llegar a un criterio más completo de este reconocimiento es necesario hacer referencia a las Constituciones instauradas y al lugar que ocupó la creación judicial del derecho en las distintas etapas históricas. Sería adecuado comenzar señalando que la historia constitucional cu- bana puede ser periodizada atendiendo a criterios distintos; sin embargo,
(^11) Cfr. Constitución de la República, artículo 121, pfo. 3. (^12) Al respecto, véase Prieto Valdés, Martha, La Interpretación del derecho. Criterios doctrinales y su expresión en Cuba , La Habana, s. e., 1999.
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como las dos últimas en la segunda gesta, es decir, en la de 1895: la Cons- titución de Jimaguayú 16 y la Constitución de la Yaya. 17 Lo cierto es que en ninguna de estas Constituciones queda establecido explícitamente el sistema de fuentes del derecho; si bien se establecieron, en algunas, los órganos de poder del Estado encargados del ejercicio Le- gislativo y Judicial. No obstante, a finales de la década de 1880, con la aprobación del Código Civil español, se extendió a Cuba la aplicación de sus preceptos (Real Decreto de 24 de julio de 1889, que dispone su pu- blicación), entre los que sobresale el artículo 1.6, donde se determinaba, dentro del sistema de fuentes, que “la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establez- ca el Tribunal al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.
- 1901-
La etapa siguiente de la historia constitucional de Cuba es la del mo- mento del nacimiento de la República neocolonial, después del periodo de ocupación estadounidense. Al cesar la soberanía española sobre la Isla y comenzar la ocupación, el gobernador militar en su Proclama del 19 de enero de 1899 mantuvo la vigencia de los códigos Civil y Criminal. Más tarde, la disposición transitoria de la Constitución de 1901 reprodujo tal criterio. Es por ello que durante esta etapa van a estar vigentes las fuentes formales del derecho anteriormente reconocidas, pero va a alcanzar transcendental importancia la jurisprudencia, vista a partir de este momento como precedente judicial debido a que la estructura jurídica del país se encontrará ligada a sucesos históricos en los que el gobierno estadounidense es el protagonista. De tal forma, inspirados en la norma suprema estadounidense, los constituyentes cubanos de 1901 aprobaron una Constitución que estable- cía un régimen republicano y representativo, estructurado en el sistema de división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con un presidente de la República, un Congreso formado por el Senado y la Cámara de Re-
(^16) Adoptada el 16 de septiembre de 1895. (^17) Fue firmada y promulgada el 29 de octubre de 1897 como consecuencia de la cláu- sula de reforma de la Constitución de Jimaguayú.
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presentantes y el Poder Judicial cuyo más alto organismo era el Tribunal Supremo. Con respecto al Poder Judicial, advertimos que la Constitución en su título X lo regula. Al decir de Carreras, 18 el Tribunal Supremo de Justicia tenía, entre sus atribuciones, conocer los recursos de casación; dirimir las competencias entre los tribunales; conocer de los juicios de los que liti- garan entre sí el Estado, las provincias y los municipios, así como decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuese objeto de controversia entre partes. Con la segunda ocupación militar nacen las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, del Judicial, de las provincias y los municipios. La ley española de lo contencioso-administrativo continúa en vigor, con algunas modifi- caciones. 19 La Ley Constitucional de 1934 amplió las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia en esta materia, al facultarlo para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y otras disposiciones, tanto a petición de la parte afectada, como ante solicitud suscrita por 25 ciudadanos que se encontrasen en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.^20 De forma expresa se reconoció el recurso de inconstitucionalidad , en el cual el Tribunal debería resolver siempre el fondo de la reclamación y cuya deci- sión tendría efectos erga omnes , así como admitió la acción pública para iniciar el proceso. A partir de este momento, el precitado recurso “adquiere una nueva sig- nificación y asume un sentido jurídico político [que se encaminó] a la defensa del régimen constitucional vigente frente a las reformas ilegales producidas con anterioridad”. 21 Abundante jurisprudencia se generó en este periodo, a partir de estas modificaciones.
(^18) Véase Carreras, Julio, Historia del Estado y el derecho en Cuba , La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1985, p. 360. (^19) Véase Álvarez Tabío, Fernando, El proceso contencioso administrativo , La Habana, s. e., 1954, p. 36. (^20) Véase Barreras, Antonio, “Ley Constitucional de 1934”, Textos de las Constituciones de Cuba (1812- 1940) , La Habana, Minerva, 1940, p. 353. (^21) Álvarez Tabío, Fernando, El recurso de inconstitucionalidad, La Habana, Librería Martí, 1960, p. 137.
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- Las expresiones de la creación judicial del derecho en la etapa revolucionaria
Al triunfo de la Revolución en enero de 1959 tenía aún plena vigencia un importante grupo de normas heredadas de la metrópoli española. El gobierno revolucionario no acometió la tarea de modificar acelera- damente esa legislación. El paso del tiempo creó las condiciones mínimas para avanzar hacia la institucionalización del país. Pero los cambios efectuados dentro de las legislaciones vigentes en esta etapa no fueron del todo positivos, por decirlo de algún modo. Una de las deficiencias de marcada importancia fue la omisión en el nuevo Código Civil de las fuentes del derecho. Lo mismo sucedió en el nuevo texto constitucional, si bien la marcada influencia de las Constituciones este-europeas, de alguna manera lo justificaba. Puede decirse que la opinión imperante durante este periodo era la de incluir a la jurisprudencia entre el grupo de fuentes, permeada de una condición indirecta; línea de pensamiento similar a la que se sostenía an- tes de 1959. Es en definitiva fuente indirecta del derecho, en ausencia de precepto legal aplicable. 24 A partir de 1970 se produjeron acontecimientos jurídicos dentro del ordenamiento cubano que propiciaron un vuelco total a la aceptación de la jurisprudencia dentro del sistema de fuentes, desde los puntos de vista teórico y práctico. Un elemento que no puede perderse de vista es la institucionalización definitiva de las estructuras estatales, las cuales gravitan alrededor de la unidad de poder como principio básico de estructura y funcionamiento de los Estados que integraban la comunidad socialista de entonces; lo que llevaba implícita la lógica intención (concretada luego en la Constitución de 1976) de crear un órgano supremo que sería la expresión de la concen- tración y centralización del poder del Estado: la Asamblea Nacional del
(^24) Garcini Guerra, Héctor y Reyes, Miguel, Manual de derecho administrativo. Parte general , Universidad de la Habana, 1963, t. I, pp. 25 y 26. Estos autores iniciaron su análisis preci- sando que la “aplicación del derecho por los tribunales a los casos que a su consideración se someten, puede en ocasiones, alcanzar el rango de creación jurídica. Ello no ocurre cuando los tribunales se limitan a aplicar la ley o a interpretarla vinculando a una de las varias soluciones lícitas que la ley ofrece a un hecho concreto. Puede sí tener carácter de fuente cuando en ausencia de toda otra forma jurídica, los tribunales, que no pueden dejar de emitir una decisión, aplican principios generales del derecho”.
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Poder Popular, representada por el Consejo de Estado entre uno y otro periodo de sesiones. Uno de los primeros pasos legislativos que se dieron, y que sentaría las bases para acciones normativas posteriores más contundentes, puede ubicarse en la Ley núm. 1250, Ley de Organización del Sistema Judicial, de 23 de junio de 1973. Este cuerpo legal introdujo a favor del Tribunal Supremo una verdadera y expresa potestad normativa; el artículo 32 re- frendaba en su inciso d) que correspondía al Consejo de Gobierno del Tri- bunal Supremo Popular recoger las experiencias de la actividad judicial a fin de dictar las instrucciones de carácter obligatorio que establecieran una política judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley. Así redactado el precepto, se le otorga al máximo órgano jurisdic- cional cubano una potestas normandi que pasa a ser el centro reconocido directamente por el ordenamiento positivo de la acción judicial uniforma- dora de interpretaciones legales y de criterios de aplicación de las leyes, lo cual, reforzado por el carácter obligatorio de esas instrucciones, fue en detrimento del papel desempeñado por la doctrina legal a través del recurso de casación. Esta nueva situación introducida por el artículo 32 de la Ley núm. 1250 de 1973 fue acogida luego por el artículo 642, inciso a), de la Ley núm. 1261 de 1974, Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, como causal del recurso de casación y consagrado definitivamente en el artículo 124, párrafo segundo, de la Constitución de 1976. 25 En igual sentido, esa potestad normativa del Tribunal Supremo Po- pular se ha mantenido presente en todas las leyes ulteriores referentes a la organización de nuestros tribunales, 26 incluida la vigente Ley núm. 82
(^25) El artículo 124 de la Constitución de 1976 plantea: “El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones en este orden son definitivas. A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales populares y, sobre la base de la experiencia de éstos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley”. (^26) La Ley núm. 1250 fue derogada por la Ley núm. 4 de 10 de agosto de 1977, Ley de Organización del Sistema Judicial, y ésta, a su vez, por la Ley núm. 70 de 12 de julio de 1990, Ley de los Tribunales Populares. En todos los casos existen preceptos que aluden a las funciones del Tribunal y su Consejo de Gobierno relacionadas con el tema abordado en este estudio.
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acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo Popular o su Consejo de Go- bierno. Puede decirse que de enunciar el posible valor de la jurisprudencia como fuente del derecho cubano se pasa, desde 1974, a desconocerla to- talmente como fuente, incluso negándole su valor indirecto; no se le re- conoce como tal ni siquiera de hecho o como mecanismo de integración del derecho ante vacíos normativos o normas imprecisas o ambiguas, he- cho comprobado con la promulgación del nuevo Código Civil cubano, en
Posteriormente, los cambios jurídicos en Cuba tuvieron como impres- cindible punto de partida la reforma constitucional de 1992, que por lo demás no provocó ninguna mutación en la potestad normativa que se le reconocía constitucionalmente desde 1976 al Tribunal Supremo Popular, ni se variaron esos planteamientos en los cuerpos normativos involucra- dos en ello; por ende, la situación referente a la jurisprudencia continuó invariable. Sin embargo, las transformaciones iniciaron un proceso dentro del sis- tema jurídico que se caracteriza por relativizar varias de las ideas teóricas y prácticas sobre el tema. Con independencia de que no ha habido en este tiempo modificación sustancial alguna en las bases positivas que sustentan la opinión prepon- derante de excluir a la jurisprudencia como fuente del derecho cubano, lentamente se ha venido operando cierta matización en los planteamien- tos acerca del valor de ésta como fuente del derecho. Esto ha favorecido un importante debate, del cual desarrollaremos algunos ejemplos.
IV. poLémicas respecto aL reconocimiento de La jurisprudencia como fuente formaL de derecho en cuBa
Sin duda alguna, el reconocimiento o no de la jurisprudencia como fuente formal dentro del ordenamiento jurídico cubano, ha creado una de las más atractivas y controvertidas polémicas en el ámbito jurídico cu- bano. Debe destacarse el punto de vista dado por Fernando Álvarez Tabío durante los años setenta del pasado siglo:
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Es bueno señalar que el Tribunal Supremo Popular también se convierte en órgano creador de jurisprudencia, pero no mediante la casación, sino sobre la base de la experiencia judicial, pues es a su Consejo de Gobierno a quien corresponde la potestad de dictar instrucciones de carácter obligatorio para todos los tribunales con el fin de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley. Dichas interpretaciones se convierten en juicios de derecho, de rango equivalente a la norma legal, cuya contradic- ción, oscuridad u omisión viene a subsanar. 29
Álvarez Tabío muestra, en cierta medida, una fisura en la unidad de criterio existente que rechazaba de forma absoluta a la jurisprudencia como fuente del derecho. En sus planteamientos da cabida a la creación de jurisprudencia, pero no a partir de los fallos reiterados de ese órgano, sino a raíz de las instrucciones que emanan de su Consejo de Gobierno. Para este autor, el máximo órgano judicial cubano sienta jurisprudencia por la vía de las instrucciones que dicta el Consejo de Gobierno, las que tienen un carácter obligatorio. La esencia de sus palabras radica en que va al fondo del fenómeno (regla de derecho creada por el Tribunal superior de justicia sobre la base de su actividad jurisdiccional) y no sólo a la forma (que adquiere la figura de la instrucción, el dictamen o el acuerdo como vehículos jurídicos de instrumentación dispositiva). 30 Posiciones totalmente contrarias a ésta las encontramos en las opi- niones de dos reconocidos autores: Cañizares Abeledo y Grillo Longoria. Para el primero: “La jurisprudencia como fuente de derecho es inadmi- sible dentro del sistema jurídico socialista, por cuanto en un régimen de estricta legalidad como éste, tanto los órganos judiciales como los admi- nistrativos deben aplicar el derecho y no crearlo”. 31 Por su parte, Grillo Longoria tampoco aceptaba a la jurisprudencia porque:
… ello significaría otorgarle a los tribunales una función legislativa que no les concierne, por corresponder exclusivamente a los órganos creados por el Es- tado para ese fin. Además, la justicia socialista exige que se tengan en cuen- ta las particularidades de cada caso, y la llamada jurisprudencia o doctrina
(^29) Álvarez Tabío, Fernando, El recurso de inconstitucionalidad, cit. , p. 383. (^30) Véase Mendoza Díaz, Juan et al. , Lecciones de derecho procesal civil, La Habana, Edito- rial Félix Varela, 2001, p. 6. (^31) Cañizares Abeledo, Fernando, op. cit. , p. 80.
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a los órganos judiciales. Esa situación es impermisible en los Estados socialistas”. 36 Por su parte, Pérez Gallardo está totalmente de acuerdo con la no existencia de la jurisprudencia. Así, a la par de negar con rotundidad ésta como fuente, apunta:
Los criterios jurisprudenciales no tienden a ser inmutables, no lo pueden ser. La dinámica de las relaciones sociales impone que el juez sea flexible y que sea capaz de interpretar las normas legales conforme con el momento histó- rico en que se aplican, lo cual no es sino un corolario de la esencia misma de la función jurídica interpretativa, que consiste en poner las normas en rela- ción con la vida, para que su concreción, en el caso enjuiciado, resulte justa. 37
Como expresa el profesor Albaladejo, “no va a ser el Tribunal Supremo lo único del país insensible a las alteraciones de la vida y de su entorno”. 38 El profesor Fernández Bulté acotaba que nuestro sistema jurídico no admite la fuerza vinculante de las sentencias dictadas por ningún tribunal, incluido el Supremo, con lo cual ha desaparecido la jurisprudencia o la interpretación jurisprudencial como fuente de derecho. 39 Planteamientos en un sentido contrario, comenzamos a apreciar con más fuerza entre algunos académicos cubanos, fundamentalmente en las últimas décadas. La opinión de Matilla Correa resulta muy importante:
Está demostrado que dentro del entramado de disposiciones nacionales no existe ningún precepto jurídico que le asigne a la jurisprudencia, per se , efec- tos vinculantes inmediatos como norma jurídica en el plano nacional. Sin embargo, el hecho de considerar que la misma carece de fuerza formal, di- recta o inmediata, no debe (ni puede) conducirnos (con un saldo negativo ab- soluto) a cerrar el análisis sobre su presencia dentro del conjunto de fuentes
(^36) Mánov, A. et al. , Teoría marxista del Estado y del derecho, La Habana, Editorial de Cien- cias Sociales, 1981, p. 580. (^37) Véase Vallet de Goytisolo, Juan B., Metodología de la determinación del derecho II (parte sistemática), Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces-Consejo General del Notariado, 1996, p. 1412. (^38) Albaladejo García, Manuel, “El cambio de jurisprudencia”, Anales de la Real Acade- mia de Jurisprudencia y Legislación (separata), núm 28, s. p. i., p. 19. (^39) Fernández Bulté, Julio , op. cit., p.112.
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jurídico-administrativas, pues sería asumir una visión poco realista o mate- rial y sí muy formalista y limitada. 40
Para ilustrar su tesis destaca algunas similitudes entre la jurispruden- cia (vista genéricamente) y las instrucciones emanadas del Consejo de Go- bierno del Tribunal Supremo Popular:
— la jurisprudencia es sentada por el tribunal de mayor rango jerárquico en la estructura judicial; en Cuba, las instrucciones a que nos estamos refirien- do son dictadas por el Tribunal Supremo, por conducto de su Consejo de Gobierno; — la jurisprudencia se forma a partir de los criterios de derecho conteni- dos en las sentencias judiciales; en Cuba, como bien refrenda la Constitución y la Ley de los Tribunales Populares, las instrucciones del Consejo de Go- bierno del Tribunal Supremo Popular tienen como base la experiencia de los tribunales, y dicha experiencia proviene (de dónde si no) de la manera en que los últimos resuelven las situaciones que les han sido sometidas a su co- nocimiento, y está contenida en las sentencias que emiten; las instrucciones se convierten así en un vehículo de recogida e instrumentación de los crite- rios que siguen los tribunales en su actividad y que encuentran contenidos en sus fallos; — la jurisprudencia tiene entre sus funciones la de producir una unidad de criterio en la aplicación e interpretación del derecho por los tribunales; entre nosotros, las instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Su- premo Popular (según prescripción constitucional y legal) buscan establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley; — una vez sentada la jurisprudencia es de obligatoria observancia para los tribunales de menor rango; en nuestro país (como se regula en el orde- namiento positivo), las instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular tienen carácter obligatorio para los órganos inferiores; — la infracción de la jurisprudencia puede dar origen a un recurso de casación; en el plano nacional la infracción de las instrucciones de carácter obligatorio dictadas por el Pleno del Tribunal Supremo Popular o su Con-
(^40) Matilla Correa, Andry, Temas… , cit. , p. 98. Continúa en esta misma línea expresan- do: “la jurisprudencia es fuente indirecta (porque a través de las instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular se le da carácter obligatorio a las reglas ex- traídas de las sentencias de los órganos judiciales nacionales, en especial de ese órgano supremo) y fuente material (porque aporta la sustancia de las tantas veces aludidas instruc- ciones) del sistema de derecho cubano en general y del derecho administrativo cubano en particular, para los casos en que la misma sea de contenido jurídico-administrativo.”
