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OBSERVATORIO REGIONAL DE JUSTICIA PENAL JUVENIL
LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS Y LAS
ADOLESCENTES BAJO LAS POLÍTICAS DE DROGAS^1
Introducción.-
Los costos sociales de las políticas de drogas también involucran a las personas menores de edad, que sufren el avance de las tendencias punitivas, la represión policial y el encierro, en el marco de sistemas de Justicia Penal Juvenil^2 que son cada vez más violentos y restrictivos de derechos. Pese a la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos y las leyes nacionales, los sistemas de Justicia Penal Juvenil, o Justicia Penal para Adolescentes, en la práctica no tienen las condiciones para cumplir con los fines socioeducativos, por lo que la única opción parece ser el encierro, y en muchos casos funcionan en condiciones más precarias y más violentas que los sistemas penales para adultos. En ese contexto, el respeto a los derechos de los/las adolescentes en conflicto con la ley resulta cada vez más irreal debido a la influencia que ejercen las tendencias represivas y punitivas que avanzan en la región, y que se encuentran implícitas en las políticas de drogas y de seguridad, endureciendo los sistemas penales juveniles, favoreciendo el accionar policial discrecional y generando mayores espacios de violación de los derechos humanos de los/las adolescentes, que son justamente una población a la que el Estado tiene la especial obligación de proteger. ¿Quiénes son los sujetos que se encuentran más vulnerables ante esta forma de represión? Los mecanismos operativos del sistema penal juvenil recaen sobre aquellos/as adolescentes que están en situación de pobreza, que pueblan los barrios periféricos de las ciudades, que no tienen contención familiar ni afectiva, ni formación educativa, o que se encuentran en situación de exclusión. Es decir quienes encajan en el estereotipo construido del “adolescente peligroso”. “El etiquetamiento no se asigna por igual para todos los jóvenes, sino fundamentalmente para aquellos que forman parte de los sectores subalternos cuyas conductas y expresiones entran en conflicto
(^1) Extracto del informe regional “ADOLESCENTES, DROGAS Y SEGURIDAD: LA INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS DE DROGAS Y DE SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL”. El informe completo puede leerse en el sitio web del Observatorio Regional de Justicia 2 Penal Juvenil: www.orjpj.org El término Justicia Penal Juvenil es la traducción del inglés Juvenile Justice , que consiste en la respuesta estatal a los delitos cometidos por adolescentes, es decir personas entre los 12 hasta antes de cumplir los 18 años. En razón a los sujetos, en algunos países latinoamericanos se prefiere denominar a este sistema como Justicia Penal para Adolescentes. Cualquiera de las dos denominaciones que se utilice, se refiere al mismo sistema penal de carácter especializado, basado en la doctrina de la protección integral y en la Convención sobre los Derechos del Niño, para casos de delitos cometidos por personas menores de 18 años.
con el orden establecido desbordando los modelos de juventud legitimados por este.” (Di Napoli, 2012) Ellos son las víctimas preferidas de las políticas de “mano dura” que también se imponen en los sistemas de Justicia Penal Juvenil. De acuerdo con los datos obtenidos por el Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil, hay 27.417^3 adolescentes privados de libertad en los ocho países que son monitoreados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. De ellos, 26.027 son varones y 1.390 son mujeres. La ausencia de estadísticas oficiales sobre el índice de delitos de drogas en los sistemas penales juveniles de cada país, no permite tener datos actuales desglosados por tipo de delito ni tipo de detención. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo en el marco del Observatorio Regional han podido identificar las formas en que el enfoque punitivo de las políticas de drogas influencian sobre la represión policial contra las a personas menores de edad y el traspaso de estas a las cárceles para adolescentes.
Adolescentes y delitos de drogas.-
“El compromiso de adolescentes en el tráfico de drogas es una materia de especial cuidado en este caso. El soporte del mercado de drogas en operadores de baja edad, que usualmente están situados en regímenes de responsabilidad penal limitados, es una tendencia que se ha observado en varios países”, según lo señalado en el Quinto Informe Conjunto del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas. (SISUID, 2010) De acuerdo con la información obtenida, los/las adolescentes que se involucran en delitos de drogas, son aquellos que participan en el transporte de sustancias en el nivel más bajo, es decir en calidad de “mulas”; aquellos que se involucran en el microtráfico, que en un buen número son consumidores que venden drogas para sustentar su propio consumo, generalmente instigados por los narcotraficantes que buscan ampliar el mercado; y aquellos que conforman el nivel subalterno y “descartable” de los brazos armados de las bandas narcotraficantes. En Brasil, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República señala que 26,6% de los adolescentes privados de libertad en 2012 lo estaba por delitos vinculados al tráfico de drogas. Asimismo, una investigación llevada a cabo en 2014 por el Consejo Nacional de Justicia, sobre adolescentes mujeres en conflicto con la ley, mostró que en el Distrito Federal, 25% de las adolescentes estaba privada de libertad por infracciones vinculadas al tráfico de drogas, en Pernambuco un poco más del 20%, y en Sao Paulo más del 40%. En Colombia, los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de 2012 indican que el 31.1% de adolescentes varones y el 25% de las adolescentes mujeres
(^3) Además, se debe agregar las cifras particulares de dos países. En Bolivia, hay 141 adolescentes de 16 y 17 años privados de libertad bajo la justicia de adultos. En Costa Rica, en el sistema penal juvenil también están privados de libertad 224 adultos jóvenes, por delitos que cometieron cuando eran adolescentes.
Entre la información recopilada se ha conocido que en los centros de privación de libertad de algunos países, se utiliza la medicación como una forma de control. En el marco de un enfoque integral en salud, los/las adolescentes privados de libertad también deberían tener a su disposición servicios específicos de apoyo psicológico y psiquiátrico; sin embargo, lo que suele darse no es una atención integral sino generalmente una medicación preventiva y obligatoria, para evitar situaciones de nerviosismo y la ansiedad de los adolescentes. En Brasil y en Colombia, principalmente, se ha conocido casos de uso de medicación en los centros de privación de libertad, para mantener bajo sedación a los/las adolescentes, situaciones que en la práctica funcionan como una forma de control para prevenir acciones de indisciplina.
La seguridad ciudadana y la violencia policial.-
Los/las adolescentes suelen ser las principales víctimas de la represión de la Policía durante las redadas que se realizan en el marco de los programas de seguridad ciudadana, los que tienen, entre sus objetivos, el control de los delitos de drogas y la persecución a los consumidores, como lo muestran los resultados que en varios países se presentan sobre las personas que son aprehendidas. Si bien las batidas o redadas responden, en la teoría policial, a una finalidad preventiva, en la práctica los resultados de esas redadas, que son resultados numéricos, muestran que constituyen una herramienta para incrementar la población penal. Durante las redadas policiales, los adolescentes se encuentran en mayor riesgo que los adultos, ya que en varios países hay normas legales que facultan a la Policía el arresto de personas menores de edad incluso cuando consumen drogas de uso lícito. Según la información recopilada, en Bolivia durante la implementación del plan de Seguridad Ciudadana “Chachapuma”, se reportó en varias ocasiones el arresto de entre 800 a 1.200 adolescentes, por operativo, que estaban consumiendo alcohol o sustancias controladas. En Ecuador, un informe del Ministerio del Interior indica que el 2014 el país batió el récord en detención de personas sospechosas de estar vinculadas a la tenencia, comercialización y tráfico de drogas; se arrestó a 5.843 personas por microtráfico, 1.118 menores de edad fueron aislados y 127 aprehendidos para investigaciones por posibles delitos conexos al tráfico de drogas en todo el país. En Argentina, con respecto a la composición etaria del colectivo de las víctimas de la Policía Bonaerense se encuentra que el 38% son personas menores de 18 años. En Colombia, adolescentes entrevistados denunciaron que fueron llevados por la Policía a los Centros de Atención Inmediata (CAI), donde fueron golpeados y torturados con choques eléctricos y aplicación de “gas pimienta”. Se calcula que un 90% de estos adolescentes ya no son llevados al Centro Especializado de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) para el inicio de causas penales, ya que una vez golpeados y torturados en los CAI son liberados con la amenaza de que “la próxima vez será peor”. En Brasil, en septiembre de 2014, la Rede Nacional de Defesa de los Adolescentes en Conflicto con la Lei difundió un informe de una investigación realizada
en 13 estados brasileños, durante la cual se obtuvieron denuncias de diferentes hechos de violencia y tortura policial durante el arresto, como casos en los cuales los policías, después de golpear a los adolescentes, les dispararon en lugares estratégicos como las manos, brazos, pies, piernas y hombros para, sin matarlos, causarles graves heridas y daños. Respecto a las adolescentes mujeres, se han conocido casos en Bolivia, Brasil y Argentina de adolescentes sospechosas de infracción que no son remitidas a la Fiscalía o al Poder Judicial, sino que sus casos son resueltos en las comisarías y estaciones policiales a través de la exigencia de retribuciones sexuales a cambio de la libertad. A este tipo de extorsiones suelen estar expuestas las adolescentes que son arrestadas en redadas u otro tipo de acciones policiales.
Algunas conclusiones.-
Considerando que los/las adolescentes que ingresan en el marco de la persecución policial por drogas suelen ser los eslabones más débiles, y descartables, en la estructura del narcotráfico, o solamente consumidores (problemáticos y no problemáticos) de drogas, la represión penal contra ellos no va a tener gran impacto en las estructuras del narcotráfico ni en la reducción negocio de las drogas. Sin embargo, los costos sociales son altos debido a las características de vulnerabilidad de la población adolescente. La represión penal como vía para alejar a los/as adolescentes de las drogas solo va a empeorar la situación, profundizar la exclusión, y hacer que el paso de la niñez a la vida adulta se realice en continuo contacto con la Policía o en un centro de privación de libertad, reduciendo las posibilidades de que los adolescentes, que efectivamente son infractores, puedan reconducir sus vidas. Es evidente que las políticas de drogas, en combinación con las políticas de seguridad ciudadana facilitan el avance de la “mano dura” que promueven las tendencias punitivas, y esta es una realidad que también empuja a un retroceso en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño dentro los sistemas de Justicia Penal Juvenil.
Rose Marie Achá Coordinadora del Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil
Bibliografía:
Di Napoli, Pablo. “Jóvenes, violencia y escuela: un análisis de las relaciones entre grupos de pares en dos escuelas secundarias de la Argentina”. Rev. austral cienc. soc. [online]. 2012, no.23 [citado 30 Octubre 2015], p.25-45.
Sistema Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay (SISUID). “La Relación Droga y Delito en Adolescentes Infractores de la Ley”. 2010
