DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN
Como consecuencia de la interposición del recurso de apelación por parte de los abogados
Denny Rocio Escalona Colmenarez y María Teresa Piña Franco, en su condición de Fiscal
Provisorio y Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara. La Defensa Pública Abg. Betsy Leal, Defensora Pública
Tercera con competencia en Penal-Violencia presenta contestación en fecha 03 de marzo de
2.022 arguyendo que:
(…Omisis…)
“para acordar una orden de aprehensión a nivel nacional en contra de una persona, el juez de
control debe ejercer sus funciones condicionadas a preservar la legalidad y transparencia en la
administración de la justicia, para lo cual requiere evaluar si están dadas las circunstancias
para dictar dicha orden y continuar así el proceso en el marco de lo que exige la ley”. Como
punto de partida es importante afirmar que si bien es cierto durante la fase de investigación,
por ser una fase incipiente no puede determinarse si existe o no responsabilidad penal; no es
menos cierto que el Juez de control esta (sic) facultado para hacer valer las garantías jurídicas
procesales para las partes, em (sic) igualdad de condiciones, y en base a ello considerar que
concurren las causales establecidas en la ley para fundamentar sus decisiones; de manera que
decretar sin lugar una solicitud de orden de captura en contra de una persona no constituye el
escenario exclusivo en función del cual el juez debe limitar el ejercicio de sus funciones.
(…omisis…)
Considera esta representación que además de las pretensiones punitivas que caracterizan el
ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Publico (sic); también existe el principio de
buena fe en el ejercicio de sus funciones, donde no puede darse a los acusados un trato
adelantado de sentencia condenatoria desconociendo el contenido y significado de los
principios de presunción de inocencia e In dubio pro-reo.
Tales principios parecen ser desconocidos e ignorados ante la tendencia de la fiscalía de
rechazar de manera categórica las decisiones que favorecen a quienes son señalados como
presuntos responsables de un hecho punible; ya sean sobreseimientos, revisiones de medidas
y sentencias absolutorias, o como en el presente caso, ejercer una fase de investigación en
contra de una persona sin informar sobre la existencia de una orden de inicio de la
investigación, y solicitar la privación del derecho a la libertad sin haberle otorgado la
oportunidad procesal para ponerse a derecho, ejercer ejercer su
