¿Qué es una política pública?
“La política es el arte de construir acuerdos en torno a los grandes objetivos que convienen a
todos los miembros de la comunidad. Se trata de acuerdos sobre los logros que deben alcanzarse,
sobre el proceso que debe emprenderse para alcanzarlos, sobre los esfuerzos financieros y
operativos que corresponden a cada uno de los responsables de lograrlos, sobre las acciones en
torno a los cuales se moviliza la comunidad y sobre el mecanismo para vigilar los avances del
proceso emprendido. Lo público es aquello que beneficia a todos los miembros de la comunidad.”
La Política Nacional de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes y por tanto el compromiso de generar las condiciones
sociales, humanas y materiales que se requieran para favorecerlo. Por tanto, reconoce a las niñas,
niños y adolescentes como sujetos prevalentes de derechos y ordena la apuesta social del Estado
alrededor del desarrollo integral. El desarrollo de la infancia y la adolescencia y las apuestas
expresadas en este documento están estrechamente ligados al desarrollo económico, social,
político y cultural del país. La existencia misma de la sociedad y los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) requieren que cada uno de ellos cuente con las oportunidades que le permitan
potenciar sus capacidades y alcanzar el máximo nivel de garantía de sus derechos.
La Política, como instrumento, espera aportarle al país y a las distintas entidades, instancias y
niveles de gobierno elementos sobre los cuales puedan forjar las bases sociales, económicas e
institucionales que se requieren para construir un país como lo merecen todos y cada una de
nuestras niñas, niños y adolescentes. Un país en paz, que reconoce sus derechos como prevalentes
y en consecuencia asume el interés superior como el elemento orientador de todas las acciones, y
desde la subsidiariedad, complementariedad y concurrencia responde al goce efectivo de sus
derechos como condiciones fundantes del Estado Social de Derecho.
En las últimas tres décadas, el enfoque de derechos y de desarrollo humano ha marcado la
evolución de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia. Los derechos humanos
son inherentes a la dignidad humana de las niñas, los niños y adolescentes. Por ende, cuentan con
un plexo normativo robusto, cuya máxima expresión a nivel internacional es la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989) adoptada por el país mediante la Ley 12 de 1991, que bajo la
doctrina de la protección integral define los corresponsables e imperativos para garantizar los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, guiando sus acciones desde el principio del interés
superior.
En coherencia, la Constitución Política de Colombia (1991) incorpora el interés superior y la
prevalencia de derechos de niñas, niños y adolescentes y establece en el Artículo 44 la obligación
corresponsable al Estado, la familia y la sociedad civil de asistirlos y protegerlos, para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Colombia, a través del Código
de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, establece la protección integral de las niñas,
niños y adolescentes y promueve la garantía para el goce efectivo de sus derechos y libertades. Así
mismo, define normas sustantivas y procesales para su protección integral, reconociéndolos como
sujetos plenos de derechos, en condiciones de igualdad y de equidad.
LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES COMO SUJETOS EN LA POLÍTICA
