IDENTIDAD PERUANA Y PERUANIDAD - Nelson Manrique
El problema de la inserción social
LOS INDIOS Y EL ESTADO NACIÓN
La construcción de la identidad nacional es un proceso histórico complejo en el que no existe una correspondencia entre el hecho de fundar un
Estado y el hecho de forjar una nación. En el Perú el Estado precedió a la nación. El joven Estado nació como una República, pero las
condiciones para construir una comunidad nacional no existían. Un orden republicano supone la existencia de ciudadanos autónomos, sujetos
independientes considerados iguales ante la ley, y el grueso de la población peruana era ajena a esa condición.
La cuestión de cómo debía insertarse a la población india en la nación que iba a forjarse fue un problema desde la fundación de la República.
Escritores como el joven poeta Mariano Melgar, imaginó una nación que debía incluir a la población indígena. El decreto de Monteagudo
abolió la palabra “indio”, exigiendo que en adelante fueran conocidos como "peruanos”, y el de Bolívar abolió los títulos nobiliarios, tanto
hispanos como indígenas. Agustín Gamarra, impuso las mayores involuciones conservadoras: la prolongación de la "tutela" impuesta a los
negros bajo la dominación de sus amos hasta que cumplieran los 50 años de edad, la restauración del tributo indígena colonial, bajo el nuevo
nombre de contribución personal. “Indio” no era solo un término que identificaba étnica y racialmente a un grupo social sino era también una
condición fiscal, que llevaba obligaciones tributarias. El sacerdote Bartolomé Herrera, sostuvo en su discurso que la expulsión de los españoles
por las fuerzas patriotas debía ser considerada un paréntesis impuesto por Dios en la obra de unir a la nación bajo el catolicismo y la
monarquía. El Perú debe ser dirigido por un gobierno fuerte asentado en Lima, investido por Dios. El sufragio selectivo debía apartar a los
indios del voto.
Tres años después del discurso de Bartolomé Herrera, el país cambió radicalmente su suerte cuando la exportación del guano de las islas
permitió la súbita entrada de ingentes riquezas. La prosperidad del país creó las bases económicas para la consolidación de este proyecto
político. En el interior, la debilidad del Estado central dio lugar a la privatización del poder y a la constitución de fuertes poderes locales que se
encargaron de encuadrar a la población indígena a través de la violencia y de la imposición de la servidumbre, apoyándose en el racismo
antiindígena colonial.
Del Perú colonial al Perú republicano
Continuidades y rupturas
Hay elementos que han sido redefinidos en contacto con otras culturas y con nuevas experiencias, pero es posible identificar su continuidad
histórica. En la condición de las poblaciones originarias las continuidades pesaron decisivamente. El tributo indígena colonial, abolido por San
Martín el 27 de agosto de 1821, fue restaurado en agosto de 1826, con el nombre de contribución personal. Hacia fines de la década de 1820,
su peso equivalía aproximadamente a la octava parte del presupuesto nacional, pero para la primera mitad de la década de 1840,
representaba la tercera parte. Si hasta 1839 lo pagaban los indios y las castas, en 1840 los blancos y los mestizos fueron eximidos de esta
obligación.
Otra importante continuidad fue la persistencia de la utilización gratuita de la fuerza de trabajo indígena. Esta era regulada en la época colonial
a través de la mita, que fue abolida por San Martín y Bolívar. Sin embargo, el servicio gratuito indígena volvió a ser establecido bajo distintas
modalidades en cuanto se afirmó la República. La más importante en el Perú fue el "servicio a la República": la obligación de los indígenas de
trabajar un número de días al año gratuitamente en las obras estatales. El Estado ce ntral era muy débil y con frecuencia este trabajo fue
usufructuado por los grupos señoriales del interior en su propio beneficio.
La última continuidad fue la del papel central de la Iglesia en la República, con su gran poder sobre las almas. Pero la base de su poder material
no era solo su ascendiente espiritual. En el Perú ella tenía ingentes propiedades inmuebles, fruto de donaciones, diezmos, censos y capellanías,
que constituían en esencia impuestos forzados sobre la producción agropecuaria, que se mantuvieron vigentes hasta mediados del siglo XIX.
Las rupturas con relación a la situación anterior a la Independencia tuvieron su primera fuente en la disgregación de la economía colonial.
Destruido el circuito mercantil que unía Potosí con las minas de Huancavelica y Lima, que constituía la columna vertebral de la economía
colonial, la región andina se fragmentó en un conjunto de espacios económicos desarticulados entre sí.
Un segundo terreno en el que se percibe una ruptura capital es la degradación del poder político al interior de las sociedades originarias. La
proclamada igualdad formal de los indios ante la ley chocaba con la desigualdad real consagrada por las estructuras de dominación colonial
subsistentes. La sociedad colonial era una sociedad estamental, donde el cuerpo social era concebido como un organismo vivo, que debían
cumplir la función para la que habían sido creados, donde cualquier intento de modificar el “orden natural” provocaría el caos y la destrucción
del equilibrio que garantizaba la salud social.
En este panorama, la liquidación de los curacazgos andinos, representó una grave degradación de las estructuras de poder de las sociedades
andinas originarias. La estructura curacal fue reemplazada por otra institución colonial, la de los alcaldes de indios. Este tránsito se realizó de
diversas maneras, en unos casos con los antiguos caciques "convirtiéndose" a la nueva función y en otros a través del nombramiento de los
alcaldes por la burocracia colonial, afirmándose durante la República la elección de los mismos por la comunidad. Pero la condición social del
alcalde-vara no es equiparable a la del antiguo curaca. Este último basaba su legitimidad al interior de las sociedades originarias en su linaje
noble, siendo el cargo hereditario. Los alcaldes de indios se vieron obligados a buscar nuevas fuentes de legitimidad, como desempeñar el rol
de sacerdotes de los cultos ancestrales o a buscar esta legitimidad en el reconocimiento de los funcionarios del aparato estatal, luego de la
Independencia. En la segunda mitad del siglo era ya usual que las autoridades indígenas tuvieran, como parte de sus funciones, la obligación
de ir a laborar por turnos como sirvientes a las casas de las autoridades políticas y eclesiásticas. Asimismo, devinieron en simples auxiliares
gratuitos del Estado, ubicados en el último peldaño de la estructura de poder. Varios subprefectos recomendaron al poder central “legalizar” la
institución de los alcaldes-vara, pues estos cumplían una importante función como auxiliares gratuitos de la policía.
El racismo supone algo más profundo que la discriminación étnica; es la negación de la humanidad del otro, que es considerado
biológicamente inferior. Si la inferioridad étnica de los indígenas podía ser superada a través de los programas de “integración del indio a la
nación”, su inferioridad biológica solo tenía dos soluciones posibles en el largo plazo: o el exterminio físico o la regeneración biológica gradual,
a través de la mezcla racial con ejemplares de la raza superior, blanca. De allí que hablar de proyecto nacional durante el siglo XIX fuera
