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Este documento analiza los problemas en la implementación del nuevo sistema penal en México, donde la mala aplicación de la justicia ha resultado en una impunidad considerable. Además, se examina el sistema de salud público en México, que ha tenido logros relativos pero ha estado condicionado por la disponibilidad de recursos y la fragmentación del sistema. El documento también discute la necesidad de mejorar la accesibilidad y la integración de ambos sistemas.
Tipo: Monografías, Ensayos
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Marcelo Esteban Robles Cervantes 101599 NP Seminario de la investigación II. Dr. Sergio Josue Torres Zarco Actividad de Aprendizaje 1. Desarrollo del marco de referencia. San Francisco de Campeche, Campeche 18/10/
Lo más relevante es que se trata de un reto para aquellas personas que ejercen el derecho, las bases constitucionales trasformaron el sistema procesal penal mixto en un sistema acusatorio oral que se debe implementar en todo el país, la reforma al artículo 20 constitucional señala expresamente que el proceso penal debe ser oral, apegado a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, deriva del Estado de Derecho, el sistema “inquisitivo/ escrito” pertenece a un Estado autoritario. Se sustenta el reconocimiento/respeto de los derechos fundamentales de los gobernados, los criterios de legalidad, previo proceso, equidad entre las partes, presunción de inocencia, in dubio pro reo, non bis in ídem y verdad objetiva o material. No basta transformar un sistema escrito para superar los problemas de la justicia, la falla de ésta no se encuentra en el tipo de juicios, los juicios orales al igual que los escritos tienen fortalezas y debilidades. Los juicios orales no tienen efectos preventivos, generan rezagos naturales, contrariamente a lo que se presume los costos no son menores que los de un juicio escrito. El éxito de los juicios orales depende en gran medida del uso de los medios alternativos de solución de conflictos, del principio de oportunidad, la culpabilidad penal del acusado puede ser negociada.
La incorrecta operación del nuevo sistema de justicia penal no se debe a la modificación de las leyes, los vicios de fondo no se subsanan modificando las reglas, a tres años de haber entrado en vigor el nivel de impunidad/delictivita ha incrementado de manera considerable, esta situación no se debe a fallas en teoría de la norma sino a la mala implementación por parte de aquellas personas encargadas de aplicar la Justicia. Es necesario revisar y corregir aquello que no se contempló durante los 8 años trascurridos entre el año 2008 y 2016, tiempo en el que el Estado se asumió como órgano encargado de capacitar a sus funcionarios como agentes aplicadores de un derecho penal depurado.
Para la sociedad el comportamiento de las autoridades en México ha sido arbitraria e irracional, delitos graves que quedan impunes, delitos que demandaron la libertad de personas que inocentemente pagaron largas condenas por hechos que no cometieron. Teóricamente se prevé de nuevas reglas para garantizar el acceso a la justicia en todos los casos, mecanismos alternativos de solución de conflictos se desempeñan aceptablemente en las entidades donde operan, pero carecen de lineamientos claros/homogéneos que permitan atender de forma estratégica al hecho delictivo. La falta de capacitación/recursos de operación genera una acumulación de asuntos que derivan en la saturación, el 99% de los asuntos judicializados a nivel federal son casos iniciados por flagrancia, solo el 1% son asuntos derivados de una investigación. La situación policiaca es sumamente preocupante, esta que es la encargada de investigar y recabar las evidencias que el ministerio público puede utilizar para encuadrar el delito, no tiene el desempeño adecuado, uno de cada cuatro policías no se siente capaz de realizar las tareas básicas que requiere su labor, el 70% de los ministerios públicos manifiestan que el desempeño de los policías de investigación es malo.
La incertidumbre de la sociedad es justificada, se rige por una costumbre en la cual se cree que toda persona que comete un delito amerita ser encarcelado, aun cuando se trate de un hecho insignificante, un mínimo impacto social, la finalidad es purgar una condena apropiada a la conducta. La trasformación busca que la prisión preventiva no sea una regla, sino una medida cautelar aplicable únicamente a las personas a las que se les impute un delito grave, se persiga de oficio, la presunción de inocencia garantiza a los imputados la oportunidad de demostrar su inocencia pues las autoridades tienen la obligación de preservar y respetar a toda persona. A los ojos de la sociedad, quien no comprende/no conoce la trasformación, dejar en libertad a aquella persona a quien se considera probable responsable de un delito significa una práctica nociva de corrupción e impunidad, la opinión pública puede cambiar a través las campañas publicitarias sobre el cambio del procedimiento penal en México. Es indispensable que los primeros en responder al hecho delictivo sea la policía y el ministerio público investigador, estos últimos deben de ser sometidos a una constante práctica; asegurar el lugar de los hechos, hallazgo de evidencia, la rápida búsqueda, recolección, clasificación de indicios que facilite la labor del fiscal, integrar una carpeta de investigación que pueda ser sometida al conocimiento del juez, quien tiene el criterio profesional de valorar la calidad de las evidencia que fueron sometidas al estudio de los peritos y expertos de la materia, cuyos conocimientos científicos pueden ser puestos a prueba en la audiencia por el defensor del acusado.
Marco Teórico El sistema de salud de México está compuesto por dos sectores: público y privado. El sector público comprende a las instituciones de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),Petróleos Mexicanos (PEMEX),Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros, que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía, y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS),la Secretaría de Salud (SSA),los Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O). El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador (que en el caso del ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) y contribuciones de los empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal. Tanto la SSA como los SESA se financian con recursos del gobierno federal y los gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los usuarios al recibir la atención.
El sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el privado. Dentro del sector público se encuentran las instituciones de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros] y las instituciones y programas que a tienden a la población sin seguridad social [Secretaría de Salud (SSa), Servicios Estatales de Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O), Seguro Popular de Salud (SPS)]. El sector privado comprende a las compañías aseguradoras y los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa. De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política de México, la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos. Sin embargo, no todos han podido ejercer de manera efectiva este derecho. El sistema mexicano de salud ofrece beneficios en salud muy diferentes dependiendo de la población de que se trate. En el país hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud: los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias. los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, y sus familias. la población con capacidad de pago.
¿Quién paga? Los servicios de salud que prestan las instituciones de seguridad social a sus afiliados se financian con contribuciones del empleador (que en el caso del ISSSTE, PEMEX y Fuerzas Armadas es el gobierno), contribuciones del obrero o empleado y contribuciones del gobierno. La SSa y los SESA se financian con recursos del gobierno federal en su mayoría, gobiernos estatales y pagos que los usuarios hacen al momento de recibir la atención. El IMSS-O se financia con recursos del gobierno federal, aunque lo opera el IMSS. El SPS se financia con contribuciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y los individuos. Los hogares de menores recursos están exentos de estos pagos. Con estos recursos, el SPS le compra servicios para sus afiliados a los SESA. ¿Con qué nivel de protección financiera cuentan los mexicanos? Como ya se mencionó, el alto porcentaje de gasto de bolsillo de México expone a su población a gastos excesivos por motivos de salud. En 2000 más de tres millones de hogares mexicanos presentaron gastos catastróficos y/o empobrecedores por motivos de salud. En 2006 esta cifra se había reducido gracias a la implantación de diversos programas sociales. Estudios recientes muestran que los gastos excesivos (catastróficos y empobrecedores) por motivos de salud disminuyeron de 4.1% (alrededor de 2.6 millones de hogares) a 2.7% (alrededor de 1.8 millones de hogares) entre 2004 y 2008 Estos mismos estudios indican que hay gran variación en la prevalencia de estos gastos. En la población urbana, 3.92% de los hogares presentaron gastos catastróficos por motivos de salud en 2008 contra sólo 2.05% en los hogares urbanos. Los hogares que cuentan con seguro de salud presentaron una prevalencia de 2.67% contra 3.53% en los hogares que no cuentan con seguro de salud. Finalmente, los hogares con adultos mayores presentan una prevalencia de gastos catastróficos por motivos de salud de 6.02%, que contrasta con la prevalencia de los hogares que no cuentan ni con niños ni con adultos mayores, que es de 1.36%.
Esto último es particularmente cierto para la población afiliada al SPS, que cubre un número todavía reducido de intervenciones de alto costo. También será necesario seguir mejorando la distribución de los recursos públicos entre poblaciones y estados, y garantizar un mayor compromiso presupuestal por parte de las autoridades locales. Otro desafío en materia financiera será alcanzar el equilibrio correcto entre las inversiones adicionales en promoción de la salud y prevención de enfermedades, por un lado, y los servicios curativos, por el otro. Es necesario asimismo aumentar la orientación al cliente y la capacidad de respuesta del sistema de salud sobre todo considerando las crecientes expectativas, tanto de pacientes como de prestadores de servicios, generadas por el proceso de democratización del país y por la reforma misma. Finalmente, es urgente fortalecer la oferta de servicios en las zonas más marginadas del país para ampliar el acceso regular a una atención integral de la salud de las poblaciones más pobres, en particular de las comunidades indígenas. En términos más generales, el mayor reto del actual sistema mexicano de salud es buscar alternativas para fortalecer su integración, de tal manera que se garantice un paquete común de beneficios a todas las personas, se reduzcan los altos costos de transacción inherentes a un sistema segmentado y se logre finalmente el ejercicio universal e igualitario del derecho a la protección de la salud.
(Buscaglia, Deficiencias Principales en los Sistemas de Justicia; Propuestas de Medidas Correctoras, 2013) (Benavente Chorres, La prueba documentada en el nuevo sistema de justicia penal mexicano, 2010) Consejo Nacional de Población. Indicadores demográficos básicos1990-2030. [Consultado el 10 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/index.php? option=com_content&view=article&id=125&Itemid=193. Villagómez-Ornelas P. Evolución de la situación demográfica nacional a35 años de la Ley General de Población de 1974. En: Consejo Nacional de Población. La situación demográfica de México 2009. México, D.F.: CONAPO, 2009:14. Consejo Nacional de Población. Indicadores demográficos básicos1990-2030. [Consultado el 22 de febrero de 2010]. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/index.php? option=com_content&view=article&id=125&Itemid=193. Sistema Nacional de Información en Salud. Recursos físicos y materiales. [Consultado el 18 de marzo de 2010]. Disponible en: www.sinais.salud.gob.mx/infraestructura/directorio.html. Maritza Pérez 20 de noviembre de 2019, 23:27, Horas, H., Horas, H., Horas, H., Servín, A., D., A., & KarenGarcía, A. (2019, 21 noviembre). En sistema penal, siguen deficiencias. El Economista. Recuperado 16 de octubre de 2021, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-sistema-penal-siguen-deficiencias- 20191120-0122.html Xochitiotzi, C. D. L. R. (2017, 22 julio). Lo que sí falla y nadie arregla del nuevo sistema penal acusatorio (2/3). El Juego de la Suprema Corte. Recuperado 16 de octubre de 2021, de https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/lo-que-si-falla-y-nadie- arregla-del-nuevo-sistema-penal-acusatorio/