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Dimensiones de la Seguridad Ciudadana. La Historia de la Seguridad y Defensa de la Nación. La Seguridad y Defensa Nacional son elementos concebidos como primordiales dentro de la conformación de las naciones, puesto que los mismos conceden o dan cierto nivel de confiabilidad y protección a todas las personas que integran la nación. En todo Estado y en particular en el Estado venezolano se encuentran una serie de elementos tanto naturales, como territoriales que deben ser preservados y protegidos del alcance de sujetos a los cuales no les corresponde administrarlos ni usarlos. La Seguridad Nacional está referida a las manifestaciones externas, que los sujetos integrantes de la nación pueden percibir, y que se manifiesta en la sensación de tranquilidad o de inseguridad de los ciudadanos, ya que depende de la percepción por parte de la ciudadanía de la sensación de paz, peligro o amenaza para con la nación, y por ende para con la seguridad de sus ciudadanos. La misma es parte inherente de la política de la nación y está directamente vinculada con el Poder Nacional, el cual le proporciona los medios para que se pueda llevar a cabalidad. En el ámbito político la seguridad nacional es el objetivo principal, la meta, el fin, mientras que la defensa nacional es el medio, o uno de los medios, el más destacado para lograr la seguridad. Se puede señalar el aspecto de la Seguridad como un aspecto psicológico, como una actitud o un estado de conciencia, y que va a depender del grado de confianza y seguridad que el Estado transmita a sus nacionales. Se puede definir la Seguridad de la Nación como: La situación, estado o condición que se configura por medio de la garantía, goce y ejercicio efectivo de los derechos en los diversos ámbitos de la vida nacional: social, económico, cultural, político, militar, entre otros, por parte de la población, la sociedad y demás entes que conforman el Estado. Es parte inherente de la política de la nación y está directamente vinculada con el Poder Nacional, el cual le proporciona los medios para que se pueda llevar a cabalidad. La Seguridad de la Nación se refiere principalmente a 3 aspectos: 1) La Seguridad del Territorio: cuyo fin es la preservación del territorio nacional de la ocupación, transito o invasión ilegal de otras personas o naciones que no estén debidamente autorizados para ingresar al país. 2) La Seguridad de la Población: que está referida a la protección de la colectividad de situaciones que amenacen o atenten contra su libertad, seguridad o bienestar. 3) La Seguridad de las Libertades: cuyo fin es la garantía del cumplimiento de las libertades internas y externas, a las que se tiene derecho por mandato constitucional.
De tal forma que la Seguridad es un elemento indispensable para el bienestar de la sociedad, de la colectividad, ya que protege los derechos de la nación tanto en el ámbito interno como externo. DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 322. La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Artículo 323. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones. Artículo 324. Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos. Artículo 325. El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en los términos que la ley establezca.
Es el generador de la institución normativa de principios y procedimientos fundamentales para disciplinar la vida colectiva y protegerla de la acción de intereses extraños: 1) Seguridad individual o personal: La noción de seguridad individual es la tranquilidad de ánimo resultante de la convicción que nadie perturbará nuestra existencia mientras no se traspase el límite de nuestro derecho, y está vinculado a la garantía que ofrece el Poder Público mediante medidas jurídicas y organización de la fuerza pública para prevenir las agresiones a las personas. 2) Seguridad interna: Integra el conjunto de acciones de orden público, realizada por el Estado en el marco de la política general y en el ámbito interno, con el fin de garantizar la estabilidad institucional y la fluidez de la actividad nacional. 3) Seguridad jurídica: Es la vigencia del Estado de Derecho mediante la permanencia y el respeto al ordenamiento jurídico y sus instituciones. 4) Seguridad económica: Involucra la estabilidad de los valores comerciales, sus relaciones y procesos dentro de la economía nacional, incluye entre otras a la seguridad bancaria y el campo de seguro. 5) Seguridad industrial: Conjunto de normas dirigidas al cumplimiento de la protección al trabajador y de los peligros que involucra la ejecución de trabajos riesgosos; involucra prevención de accidentes, salubridad de las instalaciones técnicas, métodos y acciones empleadas para reducir las posibilidades de daño en el manejo de herramientas, máquinas y del medio ambiente laboral. 6) Seguridad social: La seguridad social es una noción multifacética que en lo inmediato atiende los riesgos biológicos, patológicos y socioeconómicos, y en lo mediato procura el bienestar social. La noción de seguridad social transciende a la seguridad industrial y al trabajo. Es un mecanismo creado por la sociedad para su protección, promovida y desarrollada en el ámbito internacional, destinada a integrar el esfuerzo de las naciones para la consecución de la justicia social internacional. Seguridad Ciudadana. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 se consagra por primera vez a nivel constitucional la seguridad ciudadana (artículo 55), entendida en sentido amplio como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Ello implica al menos conceptualmente la superación del tradicional modelo de seguridad basado en el orden público acuñado durante largo tiempo en el país, que garantizaba sobre todo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y bajo el cual se protegía el orden económico y
político, tanto en gobiernos dictatoriales como democráticos, incluso por encima de los derechos y garantías civiles. A partir de 1999, el constituyente parece redefinir las relaciones entre el individuo y el Estado en materia de seguridad, en el seno de un modelo constitucional propio de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la Política de Seguridad Ciudadana en Venezuela Especial Referencia al Desarrollo Jurídico Penal, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. La amplia gama de derechos reconocidos en la Constitución no sólo tiende a fortalecer la tradicional noción de ciudadanía, sino que también es una franca invitación a la seguridad, suponiendo que ante cualquier amenaza o coerción ilegítima contra la libertad y los derechos, prevalecerá el orden constitucional (Borrego, 2002). La introducción de este nuevo concepto en materia de seguridad debía representar un aliciente para la sociedad venezolana y una guía para las políticas públicas a desarrollar por la nueva República entrado el nuevo milenio, quebrando la trágica historia de control del Estado, atacando un fenómeno presente en las sociedades modernas -la inseguridad- y asumiendo el reto de garantizar la seguridad de los derechos de sus ciudadanos, reto para el cual cualquier política de Estado basada en el modelo del orden público resultaría ineficaz. Siendo así las cosas y frente a un modelo basado en el orden público, que tenga como objetivo fundamental perpetuar la norma y mantener la autoridad, y como misión, forzar la obediencia de los ciudadanos a la norma, se contrapone un modelo basado en la seguridad ciudadana, que tendría como objetivo preservar derechos y libertades, a la vez que se ofrece un servicio público a la ciudadanía, y cuya misión fundamental sería la protección de la seguridad de los ciudadanos, todo ello en procura de una mejor calidad de vida. En este sentido, la seguridad ciudadana es un concepto instrumental para el desarrollo de los derechos fundamentales y el orden público, un instrumento al servicio de la seguridad, pero nunca un fin en sí mismo; Entre ellos, derechos civiles, políticos, sociales y de las familias, culturales y educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales. Entre los primeros, se encuentran consagrados el derecho a la vida, libertad personal, integridad, inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, al debido proceso, al libre tránsito y, entre otros, el “derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley”.
En este sentido, las políticas públicas son el conjunto de acciones y decisiones definidas y empleadas por una instancia gubernamental, con la ocupación y función de alcanzar objetivos considerados como deseables o necesarios, en pro de satisfacer asuntos de interés colectivo público, todo ello, a través de procesos destinado a transformar una situación problema detectada. En decir, es una intervención de carácter pública. Desde los inicios de la democracia, los procesos en base a los cuales se formulan y ponen en práctica las políticas públicas se han orientado con criterios populistas, producto de implantar la democracia de contribuir al crecimiento de los partidos y profundizar la economía por sustitución de importaciones. El modelo implantado se ha basado en la colaboración de clases en base al gasto público, donde la distribución de los beneficios se efectúa en base a la capacidad de presión que cada sector de la sociedad ejerce. Período 1959- Analizando las políticas públicas que se han aplicado en Venezuela para el período 1959-1998, podemos decir que fueron producto de las corrientes estructuralistas y neoliberales, la aplicación de tales políticas condujo al país a una crisis estructural donde la mayoría de la población se encontraba no solo en niveles de pobreza extrema sino también excluida del aparato productivo y los beneficios sociales que este genera. Si bien es cierto, todos los presidentes que han llegado a presidir los destinos de Venezuela, lo hacen llenos de expectativas al éxito, todos quieren erradicar la pobreza, disminuir los índices de inseguridad, aumentar el aparato productivo y llegar a ser un país productor no sólo de petróleo, sino también promotor del turismo, precursor de los recursos naturales no renovables y agroproductor. Sin embargo, todas las políticas públicas aplicadas por los gobernantes anteriores no han dado los frutos esperados, porque hasta la fecha no existe una fórmula mágica para definir las políticas públicas exitosas que deben emprender los gobernantes de turno, es necesario determinar que las políticas públicas son un conjunto de decisiones que se llevan a cabo en un lapso de tiempo. En la década de los 80 se inicia un proceso de modernización del Estado y de la administración pública que se encuentra estrechamente vinculado al proceso de reestructuración económica que ha dado lugar a cambios en las políticas públicas y en general en el marco institucional del Estado, en este sentido, Venezuela ha enfrentado en la década de los 90 la posibilidad de construcción de nuevos modelos de intervención del Estado, donde se han planteado dentro de las
tendencias neoliberales, la necesidad de reducción del Estado y la sustitución del sistema público excesivamente burocrático. Principales políticas públicas aplicadas en este periodo 1958-1998: Gobierno de Leoni (1963-1968): Reestructuración del sistema tributario. Gobierno de Calderas (1968-1973): Consolidación de la Industria eléctrica y ampliación del comercio exterior. Gobierno de Pérez (1973-1978): Nacionalización del Petróleo y del Gas, Fijación de precios de bienes y servicios. Gobierno de Herrera (1978-1983): Aumento de las Importaciones. Lusinchi (1983-1988): Intervención estadal en el proceso productivo, promoción del Turismo. Pérez (1998-1992): Promoción de las importancias de bienes y servicios, eliminación de la función social de PDVSA, eliminación del régimen cambiario, promoción de las empresas transnacionales. Velázquez (1993): Paralización de la Privatización, reformas financieras y tributarias. Caldera (1993-1998): Apertura petrolera, liquidación e intervención a entidades bancarias, aumento del impuesto al consumo. En síntesis, desde la década del 50 hasta la década de los 90 del siglo pasado, la elaboración de políticas públicas en Venezuela fue guiada por dos doctrinas o modelos de desarrollo al margen de los verdaderos sujetos de su aplicación, tales como, el estructuralismo (combinadas con políticas populistas) y los postulados neoliberales. Período 1998- Es así como a partir de 1998 se sientan las bases para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo donde prevalecen la inclusión social y la participación ciudadana, todo ello enmarcado en la formulación e instrumentación de políticas públicas dirigidas al mejoramiento de los indicadores económicos y sociales, propiamente dicho pero también a elevar los niveles de bienestar humano de los ciudadanos. A partir de 1998, Venezuela elige por mayoría popular el proyecto político del Presidente Hugo Chávez Frías, con una propuesta de gobierno alternativa a lo hasta ahora planteado, que impulsa la acción complementaria del Estado y el mercado para el funcionamiento de la economía donde para ejercer un control democrático eficaz y transparente de la administración y la función pública se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Asimismo, intenta establecer en su plan de gobierno lograr una economía humanista, autogestionaria
tendientes a la resolución de problemáticas puntuales y que han dado sus frutos en la construcción diaria de nuestro país. A raíz de la llegada al poder de este planteamiento, se convoca desde el Estado a las diversas organizaciones de desarrollo social, insertas en la economía social, a promover la participación y crear conciencia colectiva de ese poder. Principales políticas públicas aplicadas en este periodo de transición 2001- 2007: Se sientan las bases del sistema nacional de planificación pública del Estado Bolivariano para diseñar e implantar el Sistema Nacional de Planificación. Comenzar con el proceso de transito del modelo económico capitalista a uno de economía social sostenible. Controlar política y fiscalmente la industria petrolera. Crear empresas de producción Social (EPS). Dar mayor matiz social al planteamiento económico del Estado. Implementar un control de cambio. Luchar en medio de la globalización por lograr una posición relevante que le permita a Venezuela obtener ventajas de su participación en el sistema económico internacional. Reactivar las condiciones productivas para dar estabilidad económica Periodo 2007 a la actualidad. Luego durante el período de gobierno comandado por Hugo Chávez y luego Nicolas Maduro quien fuera ratificado en su cargo de mandatario nacional, se presentan y replantean la nuevas Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación “Plan Nacional Simón Bolívar”; contentivo de siete líneas fundamentales, “que definen de manera explícita un conjunto de objetivos, estrategias, políticas, programas y preceptos que permitirán enrumbar el país hacia la trayectoria del llamado Socialismo del Siglo XXI, Las líneas contentivas en el segundo plan de desarrollo de la era bolivariana son: La nueva ética socialista. La suprema felicidad social. La democracia protagónica y revolucionaria. El modelo productivo socialista. La nueva geopolítica nacional. Venezuela: potencia energética mundial. La nueva geopolítica internacional
Estas políticas públicas están enmarcadas hacia un modelo de autogestión, la participación de la sociedad y el desarrollo de un modelo alternativo del país en general, que combina elementos estratégicos de acción económica, social, política, territorial e internacional para lograr una sociedad más justa y más humana. Principales políticas públicas aplicadas en este periodo de transición 2007 a la actualidad: Reordenar el sistema tributario. Promover la corresponsabilidad de todos los agentes sociales y económicos. Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local. Incorporar tierras a la producción y orientar su uso. Fortalecer la red de medios de comunicación alternativos. Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y de redes en la Economía Social. Crear canales efectivos para la contraloría social. Desarrollar alianzas energéticas en el contexto de la integración regional: Petrosur y petrocaribe. Promover el acceso a los servicios básicos. Fomentar la investigación y desarrollo para la soberanía alimentaria. Garantizar el acceso a una vivienda digna. La instrumentación de estas políticas ha comenzado a favorecer la restructuración de la esfera económica y social del país. Venezuela inicia una nueva etapa en su historia a través de una notoria mejoría en los indicadores no solo económicos, sino también sociales. Las políticas públicas aplicadas en Venezuela marcaron la diferencia social en la población venezolana, ya que dicha situación hizo agudizar el descontento de la población venezolana, con los resultados económicos-sociales alcanzados hasta ese momento, razón por la cual se considero la necesidad de construir, en bien del pueblo y la Nación, unas políticas públicas realizables para dar respuestas al soberano. A partir de allí, se inicio un proceso de cambios en Venezuela, fundamentado en un proyecto socio-político, cuyo objetivo se trataba de lograr un modelo de economía humanista, competitiva y autogestionaria, donde se pretendía alcanzar en líneas generales el Desarrollo Económico y Social de la Nación. La estructura político-social de Venezuela, está en un estado de transición, donde se facilite el proceso de organización y conformación de las estructuras del poder popular o
El desarrollo social y económico que se ha venido dando a lo largo del tiempo en las ciudades ha traído, entre otras cosas, una serie de secuelas sociales negativas, dentro de las cuales destacan la violencia, la delincuencia, la prostitución, la vida en las calles, el desempleo, la marginación, etcétera. Toda la problemática anterior que se presenta tanto en las ciudades grandes como en las medianas de nuestro país, requiere soluciones que sólo pueden ser brindadas con el apoyo del Estado. El problema de la violencia tiene una clara expresión en las ciudades. En los últimos años esta problemática, debido a su magnitud y a su diversificación, ha adquirido una gran relevancia en las discusiones acerca de la ciudad contemporánea. Es importante mencionar que en las ciudades se da una gran diversidad y social, económica, cultural y política; por tal motivo, constituyen el espacio por excelencia donde se pueden potenciar conflictos. La violencia suele ser producto de una relación social conflictiva que surge de intereses y poderes que no logran ponerse de acuerdo de manera distinta a la fuerza. Las políticas públicas vienen a ser, entonces, las formas decisorias de conducción de los destinos de los hombres, orientadas hacia una finalidad colectiva. De modo que, nos adentraremos en la representación instrumentalizada de la política, su forma y campo de acción, esto es, la disposición por la cual el Estado, por medio de su función de gobierno, encauza las conductas hacia un objetivo que debe ser común a todos. No obstante, la dirección de las personas que procuran privilegiar su propia individualidad en favor de la sociedad es una labor de superposición. Es difícil conciliar posiciones ideológicas opuestas, diferencias económicas y sociales, más aún cuando en la actualidad enfrentamos una brecha social producto de la acumulación excesiva de los ingresos y de la riqueza, y de la distinción educacional; por ello, toda política pública es el resultado de un proceso filosófico y empírico que implica una confrontación, debido a que generalmente está dirigida a favorecer a unos pocos o afectar a una gran mayoría, a generar problemas sociales como la pobreza y la violencia y, en el mejor de los casos, traer la igualdad, la paz y la mayor felicidad. Ahora bien, toda política pública en general adquiere importancia y relevancia por medio de las políticas sociales en particular; estas últimas representan una categorización de las políticas públicas y se han encaminado a compensar, palear y justificar las medidas adoptadas conjuntamente con otras políticas sectoriales y diversificadas entre los diferentes actores políticos. Las políticas sociales emprendidas por los modelos tradicionales se enfocan en consolar la disparidad que se origina de las acciones públicas que definitivamente se inclinan hacia una parcela privilegiada, es decir, en mantener la desigualdad y el estatus político. La violencia es un término no tan fácil de definir, no obstante, para tener una noción amplia de la misma, acudimos a la tesis de la Organización Mundial de la
Salud que la considera como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OPS, 2002), pero como se forma o nace la violencia, así previamente se produce un conflicto generado por una lucha del poder, y parece cotidiano a lo largo de la historia que la violencia forma parte de la misma vida social. De esta manera, los ciudadanos bajo el esquema del orden social que se consigue en la organización superior del Estado, tal como lo afirmaban los contractualitas, desean protección contra la violencia; sin embargo, la historia nos ha mostrado que mayormente son pequeños grupos los que detentan el poder y cuentan y proporcionan protección contra las agresiones que se generan en el entorno social y lo consiguen con la intimidación y la misma violencia, es decir, la violencia contra la violencia. En Venezuela existen muchos problemas sociales de toda índole, unos considerados como prioritarios y otros no, que afectan al colectivo social o a unos pocos, lo que origina una pirámide de prelaciones que los relega escalonadamente, obviando que todos responden a una simbiosis social. Actualmente, y desde hace varios años, la delincuencia se ha erigido como el más grave e importante problema social en Venezuela, el cual ha sido el eje de ataque a las políticas públicas adoptadas, y en el que los medios de comunicación han sido quienes han enviado un mensaje absorto en la falta de mano dura (represión) a los delincuentes y la impunidad frente al Estado. Nos enfrentamos a un escenario de violencia, conocemos lo que surge del tráfico de drogas, vehículos y objetos robados, corrupción, tráfico y uso indebido de armas, sexo, invasiones, violación, trata de blancas, secuestro y sicariato: lo que se genera cuando se pretende modificar, deshonrar, agredir, sustituir, alterar o desestabilizar las instituciones públicas, el orden estadal, debilitando el sistema democrático a través de la manipulación mediática y el ataque de movimientos partidistas que operan utilizando métodos ilegítimos; tenemos la violencia intrafamiliar, de género, intolerancia, racismo, discriminación y el acoso, todos como una forma de ira, una furia que consume las almas y el ocaso de una sociedad, de impotencia e insensibilidad hacia el prójimo y desprecio por la vida, de intolerancia ante las diferencias, todo se va arraigando desde la infancia, la juventud y la vejez, y parece no parar. Frente a este nefasto escenario, con unas políticas públicas se debe asumir el reto de rescatar una sociedad que se hunde en los viejos vicios del poder y que originan la furia y la ira que desencadena en la violencia. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 55, 326 y 332) asume categóricamente la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales, siendo la expresión jurídica más clara la de la seguridad
del delito, en la utilización de métodos legítimos de acción, uso alternativo de resolución de controversias en la asistencia de las causas menores, respeto al ciudadano y al detenido, con sentimiento de servidor público y contar con mecanismos de evaluación de resultados que impliquen la investigación, diagnóstico y seguimiento de los procedimientos y métodos policiales. Combatir la impunidad es muy importante: una sociedad donde la transgresión de los derechos ciudadanos no encuentre tutela por parte del Estado y que refleje la libertad de delito, supresión de la tranquilidad, es una sociedad plena de factores que acarrean indudablemente inseguridad. Esto amerita un sistema coordinado entre los entes y órganos de seguridad del Estado (Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Poder Judicial, órganos de investigaciones, Defensoría del Pueblo) y las comunidades para evaluar, investigar, diagnosticar y seguir las averiguaciones policiales, la instauración de un eficiente sistema de protección de las víctimas y testigos y el correcto levantamiento de informes y reportes de las escenas de los sucesos para los órganos policiales a los efectos de preservar las evidencias, entre otros Es evidente que existe un deterioro de las condiciones básicas para el desarrollo humano y social (familia, empleo, salud, vivienda, educación, servicios públicos), acarreando una incipiente intranquilidad, angustia e inseguridad, situación que se convierte en uno de los problemas que más afectan a nuestros pueblos. La solución no sólo la encontramos en la promoción y desarrollo del crecimiento económico, reduciendo la pobreza, sino asumiendo con suma responsabilidad, una política de Estado que sea capaz de otorgar las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desenvolverse en un ambiente de tranquilidad y vivir sin miedo, en una sociedad de igualdad y de paz, donde encuentre la protección para su vida, sus bienes y sus derechos, en la máxima expresión de la dignidad humana posible.
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