Violencia física y psicológica contra la mujer en el Perú
La violencia física y psicológica contra la mujer constituye una de las problemáticas más
graves y persistentes en el Perú. A pesar de los avances legales y sociales en materia de
igualdad de género, miles de mujeres siguen siendo víctimas de maltrato. Este fenómeno
no distingue edad, nivel socioeconómico ni lugar de residencia, y se encuentra
profundamente arraigado en factores culturales y estructurales como el machismo, la
desigualdad de género y la escasa efectividad del sistema judicial. Este ensayo busca
analizar cómo se manifiestan la violencia física y psicológica, sus causas y
consecuencias, y plantear propuestas de solución desde una perspectiva crítica y social.
La violencia física se refiere a cualquier acto que cause daño corporal, como empujones,
golpes o quemaduras. Por otro lado, la violencia psicológica incluye insultos, amenazas,
control excesivo y manipulación emocional. Ambos tipos de violencia pueden coexistir y
generar efectos devastadores en la salud mental y emocional de las víctimas. Según la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), más del 58 % de mujeres peruanas
entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja (Instituto
Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2023).
La Organización Mundial de la Salud (2021) sostiene que la violencia contra la mujer
representa una violación grave de los derechos humanos y afecta su bienestar físico y
emocional. La violencia psicológica, por ejemplo, es la más reportada en los Centros de
Emergencia Mujer (CEM), representando el 65 % de los casos atendidos (Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2021).
Marcela Lagarde (2006) argumenta que el feminicidio y la violencia son expresiones
extremas de una cultura patriarcal que legitima la dominación masculina. En el Perú, esta
cultura está sostenida por estereotipos y creencias que culpabilizan a las víctimas y
justifican la agresión. Según el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2020), estos
factores dificultan el acceso a justicia y perpetúan la violencia de género.
Las consecuencias de estas formas de violencia no solo afectan el cuerpo, sino también el
desarrollo integral de las mujeres. Muchas enfrentan problemas de ansiedad, depresión,
baja autoestima e incluso pensamientos suicidas. A nivel social, la violencia contribuye a
la pobreza, la exclusión y la desintegración familiar.
Aunque el Estado ha implementado leyes como la Ley N.º 30364 para prevenir y
sancionar la violencia contra las mujeres, su aplicación es limitada debido a la falta de
recursos, la escasa capacitación y la desconfianza en el sistema judicial (Defensoría del
Pueblo, 2022). Por ello, es necesario fortalecer la educación en igualdad de género,
asegurar el acceso a servicios de apoyo y promover un cambio cultural profundo.
